Australia-China

En 2015 se cerró un acuerdo bilateral de comercio entre Australia y China.

Este acuerdo es polémico en Australia porque aumenta el ingreso de los trabajadores temporales de nacionalidad china a una gran cantidad de empleos, sin comprobar primero si hay trabajadores locales que estén disponibles. También existen disposiciones para que las compañías chinas que tienen proyectos que valen más de US$150 millones negocien la cantidad de trabajadores extranjeros que traen así como sus salarios y condiciones. Esta es la primera vez que se ha incluido en un acuerdo de comercio australiano un arreglo que podría permitir que la mayor parte de la mano de obra sea importada. No está claro si los últimos cambios a los reglamentos de la Ley Migratoria de Australia serán suficientes para asegurar que estos trabajadores no sean explotados.

Los trabajadores migratorios temporales en Australia ya se encuentran en riesgo de explotación. Ha habido una cantidad considerable de estudios que constituyen pruebas de la explotación de los trabajadores temporales, trabajan largas horas en condiciones peligrosas por menos del salario mínimo. Si no se logra una mayor protección, nos preocupa que la creciente cantidad de trabajadores temporales que se negoció a través de los acuerdos de comercio pueda generar más casos de explotación.

Un impacto importante del acuerdo es cómo abrirá las puertas a una mayor inversión china en la agricultura australiana. China está tratando de asegurar su suministro de alimentos mediante la inversión en agroindustria en el exterior, ya sea mediante la inversión directa en granjas o la compra de cadenas de suministro. Australia es una fuente importante de carne y en menor medida de productos lácteos para China, y por lo tanto se espera que el ChAFTA impulsará ofertas chinas sobre la industria ganadera de Australia.

El ChAFTA también es polémico porque contiene disposiciones sobre la Resolución de controversias entre el estado y el inversor (ISDS), lo que posibilita que los inversores extranjeros eviten los cortes nacionales y demanden a los gobiernos ante un tribunal arbitral para obtener una compensación si pueden argumentar que los cambios realizados a la ley o a la política perjudican su inversión. Esto le concede un mayor poder a las corporaciones a expensas de la democracia y del interés público.

Contribución de AFTINET

última actualización: marzo de 2016


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