Alianza del Pacífico, ¿inconveniente e inconstitucional?
Por Andrés Espinosa Fenwarth
El Grupo de Alto Nivel de Viceministros de la Alianza del Pacífico definió el protocolo comercial que implementa los objetivos del Acuerdo Marco suscrito por los jefes de Estado de Colombia, Chile, México y Perú, cuya negociación concluyó oficialmente en la Riviera Maya el 26 de agosto del 2013.
De acuerdo con la información publicada por la prensa mexicana, el protocolo comercial del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico incluye los textos y anexos en acceso a mercados de bienes y servicios, reglas de origen, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, inversiones, y compras públicas.
La Secretaria de la Gobernación de México informó al Congreso de la Unión –órgano depositario del Poder Legislativo a nivel federal– que los mandatarios de los países miembros de la Alianza del Pacífico “firmarán el protocolo adicional al Acuerdo Marco que integra en un solo instrumento jurídico los convenios celebrados”. La Cancillería colombiana confirmó que la suscripción del protocolo comercial tendrá lugar en la VIII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, que se celebrará en Cartagena el próximo 10 de febrero.
Pese a que la firma del protocolo se realiza en pocos días, aún no se conocen los textos negociados. No sorprende, entonces, la carta del presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía, dirigida el pasado 28 de enero al Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Santiago Rojas, en la cual le recuerda la importancia de conocer oportunamente el contenido de lo acordado, y le reitera, además, su preocupación por el desarrollo del proceso comercial de la Alianza Pacífico, el cual consideran –con sobradas razones– “lesivo para el sector agropecuario y contrario al interés nacional”.
La presidencia de la SAC remitió posteriormente –el 3 de febrero– una misiva a la viceministra de Comercio de Colombia, Claudia Candela, en la cual advierte que “la amenaza derivada de la intención del Gobierno Nacional de convertir el Acuerdo Comercial de la Alianza Pacífico en un supuesto ‘protocolo’, que posiblemente escape a la ratificación y estudio por parte del Congreso de la República para evadir las condiciones constitucionales que deben acompañar los acuerdos comerciales, nos impiden participar… de cualquier apoyo a la iniciativa de la Alianza Pacífico”.
Un protocolo como este podría asegurar el trámite rápido de los acuerdos internacionales, pero sin el correspondiente control legislativo y constitucional. En el evento en que esta sea la intención del arquetipo jurídico elegido por los viceministros de la Alianza del Pacífico, sería necesario prender las alarmas para asegurar su tránsito por el Congreso y la Corte Constitucional, a fin de afianzar el respeto de los mandatos legales que rigen los tratados internacionales en Colombia.
Fuente: Portafolio
