Chile sigue incluido en "lista roja" de piratería de EEUU

4-5-10

Chile sigue incluido en "lista roja" de piratería de EEUU

Ni la promulgación de la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual ni la salida este año de la lista negra de la Comisión Europea, evitaron que Estados Unidos incluyera este año a Chile en su "lista roja" de la piratería.

Al país sudamericano se le señala de no haber cumplido cabalmente con el capítulo de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que comenzó a regir en 2004, y es la cuarta ocasión consecutiva en que aparece cuestionado.

Concretamente se le plantea que ha cometido transgresiones de derechos de autor y de patentes, especialmente en programas de computación (software) y fármacos.

La falta de "cultura de protección" es lo que también alega la Alianza Internacional de Propiedad Intelectual (IIPA en inglés) para mantener a Chile en la "lista roja" y pidió para este año más esfuerzos para dar cumplimiento al TLC y mejorar la vigilancia fronteriza.

La Zona Franca del puerto de Iquique sería el principal punto de tránsito de los productos pirateados hacia Bolivia, Colombia y Perú, indicó la compañía Motion Picture Association of America.

El gobierno rechazó la inclusión en la lista al sostener que el informe estadounidense no tuvo en cuenta los avances reales en esta materia en Chile, y recordó la entrada en vigencia la semana pasada de la Ley 17.336 de la Propiedad Intelectual en el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

También argumentó el fortalecimiento de la institucionalidad pública, mediante la creación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) y de la brigada especial de la Policía de Investigaciones dedicada a combatir violaciones a la propiedad intelectual (Bridepi).

El "Informe especial 301", publicado por la Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos incluye a los países que, en su criterio, no dan una protección adecuada a la propiedad intelectual.

Esta facultad que se adjudica Washington de crear en listas negras o rojas viola la soberanía de otras naciones y, por eso, ha recibido duras críticas, como las expresadas por Chile y Venezuela.

Dicho informe es elaborado todos los años con base en la información que suministran las embajadas estadounidenses y grupos del sector privado de ese país.

En 2009, Chile había puesto en marcha el INPI y ratificado el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT, en inglés), administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y también introdujo la Ley de Propiedad Industrial.

Las asociaciones farmacéuticas y las empresas de tecnologías de Estados Unidos lideran los reclamos contra otros países. Por la copia de patentes y la falsificación de productos de ambos sectores en 2007, a Chile se le colocó por primera vez en la "lista roja".

El artículo 17 del TLC entre Chile y Estados Unidos es el principal tema de controversia entre ambos gobiernos, y se refiere al otorgamiento de permisos sanitarios para producir un fármaco y la entrega de patente para comercializarlo.

En la actualidad, el Instituto chileno de Salud Pública (ISP) registra un medicamento sin necesidad de consultar antes al INPI para conocer si hay o no violación de patente. El ISP sólo revoca un permiso sanitario cuando recibe una orden judicial.

La Asociación de Farmacéuticos de Estados Unidos, que representa a las compañías líderes en investigación y fabricación de fármacos y biotecnología, exige que Chile controle adecuadamente la fabricación y comercialización de sus productos.

Además, la asociación de protección agrícola CropLife America también pidió que Chile siga en la "lista roja", indicando que el tiempo que demora el Servicio Agrícola Ganadero en el análisis y aprobación de un producto, junto con la custodia de los datos, no aseguran una protección adecuada de la información.

El mencionado informe especial señala que ni Chile, Argentina, India y Brasil proveen "adecuada protección" a los productos estadounidenses, lo que los hace "menos deseables" para invertir.

Según el analista Rodrigo Rojas, "el tema del software es lo más grave, porque es el más grande generador de productos pirata en Chile. Se calcula que Chile pierde unos 150 millones de dólares al año sólo en piratería de software".

El gobierno del presidente Sebastián Piñera aún no ha definido una política para dar respuesta a las exigencias estadounidenses.(Xinhua)