Costa Rica: Proyecto de telecomunicaciones. Afirman que el texto sustitutivo aprobado también es perjudicial
Costa Rica: Proyecto de telecomunicaciones. Afirman que el texto sustitutivo aprobado también es perjudicial
Eduardo Ramírez Flores (SEMANARIO UNIVERSIDAD), 13-8-07
El proyecto ’Ley general de telecomunicaciones’ -sustituido a última hora y aprobado por una comisión legislativa especial el 20 de junio- que será discutido próximamente en el Plenario, no contiene cambios sustanciales y es igual de perjudicial para el país en materia de apertura, aseguran algunos de sus opositores.
Considerado por muchos como el ’plato fuerte’ dentro de la llamada agenda de implementación impulsada por los promotores del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, la apertura de las telecomunicaciones y su último texto aprobado no deja de ser más de lo mismo en los planes gubernamentales por entregar estos servicios al sector privado, estima el diputado Ronald Solís -del Partido Acción Ciudadana (PAC)- y el ingeniero Gerardo Fumero -especialista en telecomunicaciones-.
Incluso el Movimiento Libertario (ML) externó su rechazo a la sustitución del texto que hizo el 11 de mayo pasado el oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), en conjunto con la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Los libertarios criticaron que el texto sustitutivo es más bien un retroceso respecto al anterior en cuanto al grado de apertura, y por lo tanto exigirán algunas reformas cuando se discuta en el Plenario, si es que el Gobierno desea contar con su apoyo, advirtió el diputado Carlos Gutiérrez , miembro de ese grupo en la comisión dictaminadora del proyecto.
Por su parte, los legisladores del PLN y del PUSC que avalaron el cambio de texto, en su informe de mayoría lo justificaron al haber aportado ’una serie de propuestas sustentadas en los principios de solidaridad y justicia social, y las recomendaciones hechas por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y otras instituciones mediante el mecanismo de consulta’.
Más de lo mismo
Para el experto en telecomunicaciones Gerardo Fumero, el texto que sustituyó al del proyecto No.16.398 no aportó cambios significativos. En general es más de lo mismo que ya existía y es igual de perjudicial para los intereses nacionales que el anterior.
Uno de los aspectos modificados que mencionó, tiene que ver con el Fondo Nacional de las Telecomunicaciones (FONATEL) que se crearía para administrar los recursos destinados a financiar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad.
Fumero puntualizó que en el proyecto sustituido se destinaba del 3 % al 6% de los ingresos brutos de los operadores de telecomunicaciones, para los fines mencionados. En el aprobado, se dejaría entre el 2% y 4%, muy lejano al aproximadamente 9% que aplica el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Una modificación como la anterior, lo que hace es beneficiar a las eventuales compañías que vengan a Costa Rica a prestar servicios cuando se dé la apertura.
Como contradicción a los principios de solidaridad que plantea el proyecto, Fumero citó el artículo 60, el cual considera prácticas monopolísticas ’el establecimiento de subsidios cruzados entre diferentes bienes o servicios ofrecidos por el operador o proveedor’, tal como lo acostumbra hacer el ICE en beneficio de los sectores menos pudientes de la población en materia económica.
Otro variación -agregó Fumero- se daría en la fijación de las tarifas, que en el proyecto anterior se dejaba a criterio de los operadores en consonancia con la oferta y demanda. En el aprobado por la comisión, se asigna esta responsabilidad a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).
En teoría -dijo el especialista- este medida no es mala, excepto por la salvedad que establece el artículo 54, que dice: ’Cuando la SUTEL determine, mediante resolución motivada, que existen las condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva, los precios serán determinados por los proveedores de los servicios de telecomunicaciones’.
Lo anterior significa que si el ICE es el operador y viene al país cualquier empresa, entonces ya habría un régimen de competencia y por lo tanto la SUTEL puede decidir que los proveedores fijen las tarifas, cuestionó Fumero.
Por otro lado, destacó que si bien otro de los proyectos de la agenda de implementación -el de fortalecimiento del ICE- propone una serie de reformas que fortalecerían al ICE, aun cuando estas se aprueben, la institución -como ente público- nunca podrá competir en igualdad de condiciones con una compañía privada, en razón de las limitaciones administrativas y financieras, o por tener que prestar sus servicios al costo.
Acerca de las razones para que de última hora se sustituyera el texto del proyecto que se había discutido durante meses, Fumero comentó que estos fueron de tipo cosmético, posiblemente para que -ante la oposición que debió enfrentar- los ciudadanos piensen que se le hicieron cambios de fondo que atendieron esas quejas.
En cuanto a la aparente oposición del Movimiento Libertario a este plan, detalló que esta agrupación se opone porque todavía el texto no propone una apertura suficientemente radical como la que desean, aparte de que busca llevar agua a su molino al condicionar su apoyo.
Inconformidad del ML y el PAC
En este sentido, al consultar al diputado libertario Carlos Gutiérrez -miembro de la comisión que dictaminó el proyecto de telecomunicaciones-, éste confirmó que el respaldo de su grupo está sujeto a que se aprueben algunas reformas y que se amplíe la apertura, que en su opinión iría en beneficio de los usuarios.
Vale mencionar que en días pasados legisladores libertarios limaron asperezas con el Poder Ejecutivo, con miras a que mantengan el apoyo al TLC y a cambio este buscaría el respaldo para algunos proyectos que le interesan, como la titulación de tierras a pobladores de zonas costeras.
En relación con los cambios hechos al último texto, Gutiérrez cuestionó que en temas como la administración y control del espectro radioeléctrico y otros aspectos de las telecomunicaciones, se le quitara esta responsabilidad a un ente técnico como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), para dejarlo en manos de una instancia política como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
El congresista libertario calificó de ’necedad’ darle al MINAE dicha atribución, pues es una entidad política, mientras que la ARESEP es técnica.
Pero, quizás la mayor preocupación del Movimiento Libertario se centre en los costos en que tendrían que incurrir los operadores por concepto de cánones de regulación y por eso abogarán por reducirlos al mínimo.
A pesar de que inicialmente estaban fijados estos cánones entre el 4 % y el 6%, y posteriormente se rebajaron del 2 % al 4%, aún los libertarios los consideran altos e insistirán en que los dejen en el 1% o 2%. Igual lucha darán para bajar el monto de las multas.
Gutiérrez también aseguró que buscarán reducir una serie de regulaciones que consideran excesivas y que irían contra la libre competencia que pregonan.
Al preguntársele sobre las razones que hubo para que de última hora se sustituyera el texto en mención, manifestó desconocerlas. Aunque trató de indagar al respecto, afirmó que los representantes del PLN y del PUSC lo dejaron al margen de esa decisión y que si fuera de aplicar la lógica, al proyecto original se le podrían haber corregido los problemas con mociones. Por eso presentó un dictamen afirmativo de minoría.
’Estoy separado de la posición del texto de mayoría por cuanto -según mi sano juicio- resulta imposible abrir exitosamente un mercado cautivo en medio del establecimiento -de entrada- de altos recargos que serán trasladados indefectiblemente a los usuarios, puesto que se ha caído en la falsa premisa de que los operadores de redes y prestadores de servicios de telecomunicaciones son entidades muy adineradas que pueden asumir esos impuestos, y que incluso eso también se debe a que el bien público utilizado para ello (espectro radioeléctrico) es de mucha valía’, expresó en su dictamen.
A pesar de que el partido de los libertarios propugna una apertura radical de las telecomunicaciones, al mismo tiempo creen que el ICE puede ser competitivo dentro de este esquema comercial.
’Porque creo en la capacidad del personal técnico y administrativo del ICE, es que quiero que compita, para demostrar que una empresa pública costarricense sí puede competir en igualdad de condiciones, brindando de una vez por todas la calidad que nuestro pueblo merece y necesita’, sostiene Gutiérrez en un informe de minoría.
Cuando se le interrogó en torno a si se mantendrán opuestos al proyecto al discutirlo en el Plenario o variarán de criterio, expuso que ’hasta el día de hoy no conozco de un solo monopolio que no pueda ser mejorado y creemos que el ICE tiene las condiciones fundamentales para competir en un mercado abierto y ser un operador dominante, ya que tiene capacidad y calidad humana para hacerlo. Tenemos la esperanza de que tanto el PLN como el PUSC nos permitirán enderezar el proyecto, a tal y como lo queremos’.
Si lo anterior ocurre, prometió que lo votarán favorablemente. Si no logran hacer los cambios, recordó que hace siete años su partido votó en contra del llamado ’combo del ICE’.
Agregó que ’no tengo ningún problema en hacerme un ’harakiri’ político o convertirme en un ’kamikaze’. Si tengo que defender al usuario final, que es lo que me interesa, lo haré, independientemente de las consecuencias políticas que pueda tener’.
Por su parte, el legislador y representante del PAC en la comisión de telecomunicaciones -Ronald Solís- precisó respecto a los cambios al texto sustitutivo, que se excluyeron modificaciones que se hacían a la ley que regula a las emisoras de radio y televisión.
La exclusión de algunas regulaciones que se proponían para estas emisoras, en mi opinión es una muestra de negociaciones entre estos sectores con el Gobierno. Esto explicaría la línea editorial abiertamente favorable -en algunos casos- hacia el Poder Ejecutivo, como la Cámara Nacional de Radio y ciertos medios de comunicación.
Sobre la variación en los cánones para las regulaciones, Solís piensa que a la comisión se le fue la mano en este rubro y que el partido oficialista estará de acuerdo con rebajarlos, dado que el Gobierno necesita del apoyo de los libertarios para aprobar el proyecto.
El diputado del PAC defendió que el ICE es una institución que si bien es un monopolio, pertenece a todos los costarricenses y que es responsabilidad de toda la ciudadanía sacarlo de las manos de los políticos y corregir todas las cosas malas que tenga.
Solís aseveró que tanto el proyecto aprobado como el sustituido son perjudiciales para el país, ’porque pondrían toda la infraestructura que Costa Rica ha desarrollado en ese campo, al servicio de las transnacionales que van a venir’.
Miembros comisión de mayoría: Quisimos darle un rostro social
’Incorporamos reformas dirigidas a defender al consumidor, definir claramente los roles del Estado como rector, operador y regulador, y determinar que las concesiones fueran otorgadas por el Poder Ejecutivo de manera transparente y acorde con nuestra Constitución Política’, aseguraron los diputados de mayoría que votaron afirmativamente el proyecto ’Ley general de telecomunicaciones’.
En un dictamen que contó con el respaldo de cinco de los ocho legisladores de la comisión especial que estudió el proyecto, los miembros de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) dijeron: ’Creemos que la coexistencia de los operadores privados y públicos tendrá consecuencias muy positivas, no sólo para los usuarios de los servicios, sino para todo el sector’.
De igual manera abogaron por ’impregnarle un rostro social al proyecto, que incorpore una visión de acceso y servicio universal para todas y todos’.
Se intentó conocer el criterio de José Luis Valenciano (PLN), presidente de dicha comisión, pero no respondió a varias llamadas que se le hicieron entre viernes y lunes pasado.
Para el grupo de mayoría que lo aprobó, este ’es un proyecto que visualiza las telecomunicaciones como un elemento estratégico, vital en los procesos competitivos, generador de oportunidades, integrador desde la visión de un mundo comunicado y sin duda impactará positivamente en la educación, la ciencia, el desarrollo social y generará más y mejor democracia’.
Al justificar el apoyo, los diputados adujeron que la normativa nacional en materia de telecomunicaciones incluye un conjunto de leyes que, además de haber sido promulgadas en condiciones nacionales e internacionales muy distintas a las actuales, resulta omiso y disperso. Además, estas leyes fueron aprobadas en distintas administraciones, y en consecuencia, no constituyen un marco jurídico con una visión nacional integral.
En criterio de ellos, la rectoría del sector de las telecomunicaciones debe estar a cargo del jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y se hace necesario un adecuado desarrollo legal que le otorgue a esta persona competencias claras para ejercer esta función, lo cual resulta medular, ’dado que corresponde al Poder Ejecutivo la definición de las políticas, metas y objetivos de desarrollo de este sector’.
En el campo de los cánones, los diputados aclararon que ’se redefinió el título que versa sobre cánones y tasas, de manera que éstos sean equilibrados, equitativos y no se traduzcan en un impacto directo para el consumidor o un elemento que obstaculice la inversión y la apertura’.
Dejaron claro que ’el mercado no resuelve por sí solo los problemas del sector; por esto la apertura debe tener como seguro de vida eficientes mecanismos de regulación y de solidaridad’.
