Daños y costos del modelo extractivista exportador en Chile
Daños y costos del modelo extractivista exportador en Chile
Por Isabel Díaz Medina, 27-4-16
Con la participación de representantes de organizaciones de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y del Parlamento Europeo, se inició, este 26 de abril, en Santiago, el taller regional “TPP y proyectos de ‘libre comercio’ en la región como amenaza a la democracia”, organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, en alianza con el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
El encuentro tiene como objetivo analizar y reflexionar en torno a cómo los mal llamados tratados de libre comercio debilitan la democracia y los derechos humanos, evaluar en conjunto estrategias y proyecciones de las organizaciones y territorios para confrontar esta tendencia global, además de discutir los ejes de integración regional y la mirada geopolítica del rol del Chile en la región, entre otros asuntos.
El primer espacio de reflexión se enfocó en la realización de un diagnóstico colectivo respecto del modelo económico y político chileno, en el marco de los avances de los Tratados de Libre Comercio, ligados en este momento a la firma del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), que se negoció bajo estricto secretismo, durante cinco años, y cuyo plazo para ser ratificado por el Parlamento es de dos años.
Inició las presentaciones Lucio Cuenca, director del OLCA, quien advirtió que la profundización del modelo extractivista en Chile está ligada a una estrategia de inserción en el comercio global. Indicó que se está configurando desde Chile y a nivel regional una nueva situación geopolítica, a partir de los acuerdos comerciales, como el Tratado Minero entre Chile y Argentina. Estos van reforzando y facilitando el modelo económico, que prioriza por el mercado en función de debilitar el ejercicio de la democracia.
Chile tiene firmados 25 acuerdos comerciales, suscritos a partir de la década del 90, con 64 “mercados” (ya no hablan de países), que abarcan el 64% de la población mundial, y que representan el 86.3 % del PIB global, incluyendo muchas personas con capacidad de compra. De cada 100 dólares que el país vende al mercado global, 90 son materias primas sin transformación, provenientes de los sectores mineros, forestal, pesca y agricultura.
Explosión de concesiones mineras
Según Cuenca, este escenario se enmarca en una institucionalidad heredada de la dictadura, que no solo regula el sistema democrático, sino que incorpora en la Constitución aspectos del modelo económico, que lo deja amarrado. Por ejemplo, en la supremacía de la minería y los derechos que se le transfieren a los privados, en relación a otras actividades productivas, además de la desnacionalización y privatización del sector.
Del año 2006 al 2013, Chile transitó de tener 19 millones de hectáreas concesionadas entre exploración y explotación minera (24% del territorio nacional) a 30 millones de hectáreas (41%). “Los favorecidos con los tratados comerciales no es la empresa nacional minera CODELCO, sino las multinacionales, que representan más del 70% de toda la producción”, acotó.
Entre los impactos socioambientales del modelo extractivista exportador, mencionó que 10 millones de personas en Chile respiran aire contaminando por sobre la normativa que el propio Estado definió para cuidar la salud de la población. Muchas de esas personas viven en zonas mineras, conocidas como “zonas de sacrificio”.
También entregó antecedentes de los procesos de desertificación, que afecta al 70% de los suelos, la crisis hídrica y el colapso de las pesquerías.
Una distribución de tierra peor que antes de la Reforma Agraria
En tanto, Camila Montecinos, investigadora de GRAIN y Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), aseguró que el modelo agroexportador chileno es sólo la careta de una historia de expulsión desde el campo, concentración extrema de la tierra y la riqueza, y niveles crecientes de explotación del trabajo. Un “milagro” para las grandes empresas, expulsión y marginación para el resto.
Precisó que el modelo montado e impulsado por la dictadura, y profundizado por los gobiernos de la Concertación, ha provocado que las familias campesinas hayan perdido 9 millones de hectáreas desde 1973. La investigadora expuso que Chile encabeza, junto con Paraguay, la peor distribución desigual de la tierra en la región, siendo más negativa que incluso previo a la Reforma Agraria.
Menos del 1% de los dueños de la tierra tiene el 75% de la tierra en Chile. En tanto, el 75% de los agricultores en Chile son campesinos, con menos de 2 hectáreas de tierra por familia. Sin embargo, con un 3 % de la tierra producen el 40% de la alimentación nacional. El campesinado sigue alimentando el planeta.
El modelo ha hecho que la producción agrícola vaya centralmente al extranjero. Actualmente se exporta el 80% de la producción agrícola.
Para Montecinos, Chile “no está alimentando a nadie”, pues exporta mayoritariamente vino, fruta, salmón y celulosa, un consumo de lujo, mientras es cada vez más dependiente de la importación de alimentos. El país importa más de 4.000 millones de dólares en productos agrícolas, centralmente alimentos, cómo trigo, del arroz y del maiz (50% de cada uno).
Sentenció que el modelo exportador chileno no creó nuevos empleo. Si se toma en cuenta el crecimiento poblacional, en realidad han desaparecido la mitad de los puestos de trabajo agrícolas. Detalló que el TPP establece que los Estados podrán ser demandados por cualquier medida que se considere dificulte el comercio internacional. “Medida incluye cualquier ley, regulación, procedimiento, requisito o práctica”, explicó.
En definitiva, toda iniciativa contraria a los intereses de las transnacionales será objetada como obstáculo a la inversión, por tribunales de arbitraje externos al país. En Chile, las transnacionales ya controlan más del 60% de la exportación de la fruta, más del 80 % del agua dulce, al menos 50% de los alimentos envasados y cerca de la mitad del producto interno bruto.
Un proceso sin vuelta atrás
Advirtió además que el TPP es un proceso sin fin, se negocia en forma permanente, por tanto la desregulación será cada vez más profunda, y se institucionaliza el lobby nacional e internacional. Otro punto que preocupa es que el TPP obliga a Chile a ratificar el Convenio UPOV 91, que es la versión internacional de la Ley Monsanto de privatización (propiedad intelectual) de la semilla, lo que constituye un daño a la soberanía alimentaria.
Camila Montecinos explicó que implicaría la obligación de comprar las semillas privatizadas, confiscación de cultivos y cosechas, penas de cárcel, posibilidad de allanamiento por sospecha y ser juzgado en ausencia sin notificación previa, entre otras medidas abusivas.
Posteriormente, se generó una discusión colectiva para ampliar el diagnóstico de la problemática en Chile, con la imposición de un TPP, que afecta las libertades democráticas y las luchas por la recuperación de derechos, como la salud, la educación y la alimentación.
La primera parte de la jornada concluyó con un trabajo colectivo en torno al tema “Chile visto desde afuera y su rol en la geopolítica globalizadora”.
