El CETA o el rapto de la soberanía

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El CETA o el rapto de la soberanía

Por Fernando Paz, 19-2-17

En pleno cuestionamiento de la globalización, y cuando la pleamar proteccionista parece estar alcanzando un punto crítico, este pasado miércoles 15 de febrero el Parlamento Europeo ha aprobado el Acuerdo Económico Global de Comercio (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) que sanciona la creación de un único mercado entre la Europa comunitaria y Canadá.

A muchos ha parecido injustificada su aprobación con carácter de urgencia, ya que, para que entre en vigor el CETA, debe ser aprobado por los parlamentos nacionales y, en su caso, regionales, de los estados miembros de la UE; sin embargo, se ha preferido que rija con carácter provisional a la espera de que sea ratificado en lo sucesivo por dichas instancias. Dentro de tres meses se hará efectivo el 95% del acuerdo firmado entre Canadá y la UE.

Esa ratificación de los estados miembros es algo más que un trámite, no solo por sus implicaciones políticas en un momento en el que la opinión pública no es muy proclive a lo que el CETA representa, sino porque hay partes del tratado sobre las que no tiene competencia exclusiva la UE. Si un solo estado lo rechazase, el tratado en su conjunto sería recusado.

Tal premura, y el secretismo del que se ha acusado a Bruselas en la negociación, da pábulo a las acusaciones de que, una vez más, la UE actúa no solo al margen, sino en contra, de los ciudadanos. Son muchos millones los europeos que están expresando, elección tras elección, su protesta contra la actuación de la UE a modo de club exclusivista que ignora la opinión de aquellos a quienes más afectan sus decisiones.

Pero es que el CETA ha estado, además, a expensas de su aprobación judicial, ya que ha habido distintas instancias europeas que dudaban de su viabilidad jurídica. Ha debido ser aprobado por varios tribunales nacionales y regionales – socialistas y populares se negaron a enviar el tratado al Tribunal de Justicia de la UE- así como por el Tribunal Constitucional alemán, que ha admitido podría ser lesivo para la protección del consumidor y del medio ambiente en la UE; pero, sobre todo, porque parecía cuestionar los previstos tribunales de arbitraje internacionales, cuyas atribuciones serían superiores a las de la justicia de cada uno de los estados en caso de conflicto entre empresas y los estados.

Y podía ser peor, por cuanto en origen se había considerado que podrían establecerse organismos privados para dilucidar las querellas entre ambos organismos.
Cabe, así, poca duda de que se trata de un paso más en la hoja de ruta de la globalización, sobre todo si contextualizamos el CETA como un complemento del planeado TTIP con Estados Unidos. De hecho, dada la suspensión de las negociaciones –al menos mientras dure la presidencia de Trump-, hay quien ve el CETA como el prólogo de la verdadera jugada, que es el tratado con Japón, previsto para 2018, aunque se aspira a ultimarlo este mismo año. El comercio con Japón mueve un volumen tres veces mayor que el CETA. Además, los adversarios del Brexit lo consideran el modo en que las relaciones de la UE y UK podrán engarzarse en el futuro.

Una Europa dividida

La votación en la eurocámara ha arrojado un saldo de 408 eurodiputados favorables al tratado frente a 254 en contra. Lejos de ser una victoria aplastante, como hubiera sucedido en otros tiempos no tan lejanos, refleja bien la situación de división que hoy se vive en Europa.

Los partidarios del CETA sostienen que sus ventajas rebasan con mucho los perjuicios que pudiera causar. Las exportaciones podrían aumentar más de un 20% con la entrada en vigor del acuerdo y podría generar un aumento del PIB europeo de 12.000 millones de euros al año. Europa exporta principalmente maquinaria e industria química, mientras Canadá vende en Europa minerales y también maquinaria (las instituciones europeas estiman las exportaciones en unos 35.200 millones de euros en 2016, frente a 29.100 millones de importaciones de Canadá).

Además, el tratado aligeraría los requisitos administrativos para el comercio, asegura la UE: “los exportadores pueden ahorrarse 500 millones al año, los procesos de certificación aduanera serán mucho más sencillos sobre todo para las Pymes, porque será menos burocrático.”

Las distintas familias conservadoras y liberales son quienes han impulsado el tratado, frente a los soberanistas y a la izquierda más radical. En cambio, los socialistas, en las horas más bajas de su historia, se han dividido: una parte del socialismo –los belgas, polacos y franceses se han opuesto-, considera que el tratado va a ser un coladero para las empresas norteamericanas domiciliadas en Canadá.

Gianni Pittella, líder socialista en el Parlamento Europeo ha tratado de explicarlo, en difícil equilibrio: “Queremos cambiar la globalización, no queremos sufrirla”. En esa misma línea, más complaciente con los objetivos mundialistas, se ha expresado Ramón Jáuregui, portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo: “La izquierda tiene que asumir una agenda progresista de la globalización que pasa por la regulación.”

Los socialistas favorables al CETA, atrapados entre la agenda globalista y la necesidad de retener a un electorado que les está abandonando a favor de la derecha identitaria y de la izquierda, se agarran a la creación del Sistema de Tribunales de Inversores, (ICS, Investment Court System) que garantiza que sean jueces elegidos públicamente quienes diriman los conflictos entre estados y particulares, y que fue propuesto por los propios socialistas, para justificar una postura contemporizadora cada día menos sostenible.

Ska Keller, europarlamentaria de los Verdes alemanes, difiere de este planteamiento y cree que todo es una maniobra de simulación socialista, porque en la realidad lo esencial del sistema jurídico articulado no ha cambiado, ya que “el principal problema, persiste. Los inversores que sientan que sus intereses se ven perjudicados pueden demandar a los Estados.”

De hecho, y más allá del discurso oficial, la experiencia del NAFTA muestra como una gran cantidad de casos han sido perdidos o pactados por los estados frente a las multinacionales.

La Derecha alternativa frente a la destrucción de empleo

Los votos de oposición al CETA proceden tanto de los partidos más a la izquierda como de los representantes de la derecha alternativa. Los motivos de unos y otros no son, claro, los mismos, pero en algunos extremos coinciden.

Razones objetivas para oponerse parecen existir. Los detractores del tratado arguyen que la propia UE admite que se destruirán más de un millón de puestos de trabajo, particularmente en los sectores socialmente más vulnerables. Pues aunque con un cierto deje optimista, las instituciones europeas preveían que esos puestos de trabajo se recuperarían en el comercio con los EE.UU., en estos momentos tal perspectiva parece irreal.

Los antecedentes tampoco son mucho mejores: un acuerdo de volumen semejante, como fue el NAFTA, destruyó casi un millón de empleos solo en los Estados Unidos. Por lo demás, contribuyó –aunque la evaluación de en qué cantidad sea discutible- al estancamiento de los salarios en las ya deprimidas zonas del Midwest.

Ha sido Marine Le Pen quien ha denunciado con mayor claridad los efectos perversos del tratado. Según la líder del Frente Nacional, el CETA “destruirá decenas de miles de empleos en Francia. La ganadería continuará su descenso a los infiernos. Los productos cárnicos más baratos de Canadá destrozarán nuestros mercados”. Para la derecha alternativa gala, cada día resulta más evidente que el empobrecimiento de los agricultores y ganaderos franceses es condición necesaria para el enriquecimiento de las elites transnacionales.

Le Pen también ha asegurado que “el pueblo francés tiene que recuperar la capacidad de decidir sobre su futuro”, por lo que dará “marcha atrás al tratado” tras las presidenciales de mayo de 2017 en caso de alcanzar el Elíseo.

Cuestión de soberanía

Así, pues, Le Pen no solo pone el acento en las consecuencias negativas que el CETA tendrá para la economía francesa, sino que subraya el que Francia –lo que puede hacerse extensivo al conjunto de los estados de Europa- ya no tiene capacidad para decidir sobre cuestiones cruciales para su futuro.

Porque es la soberanía lo que más va a deteriorarse de cara al futuro. En la medida en la que la soberanía teórica y los mercados no coincidan, será la primera la sacrificada, para lo cual es esencial la existencia de organismos políticos de carácter transnacional. La merma de la soberanía equivale a la de la democracia, por cuanto la capacidad de decisión de los ciudadanos será cada vez menor, ya que las grandes decisiones se toman en instancias -no representativas- sobre las que el ciudadano no tiene control alguno.

La eliminación de las barreras al comercio suscita el entusiasmo de algunos doctrinarios dentro y fuera de la UE, que ven en la superación de las fronteras la concreción de un sueño, sin percibir que dicha dinámica culminará, mediante la división internacional del trabajo y a través de un proceso de transnacionalización completo, en la destrucción de toda competencia.

Además, la creación de un único mercado favorecerá la desregularización financiera y laboral. Incrementar la competencia contribuirá al descenso de los salarios, a la precarización laboral y al dumping fiscal. El resultado será un inevitable deterioro del Estado de bienestar, producto de la presión de los grandes intereses corporativos, que aspiran al “funcionamiento competitivo de la economía”, mediante la aplicación de las consabidas recetas privatizadoras en los servicios sociales, la sanidad, la educación, los transportes y las infraestructuras.

Que tales argumentos no son alarmismo lo refrenda el modo en que, en este tema, ha actuado la Comisión Europea. El desarrollo y los compromisos adquiridos obligaron hace unos años a la intervención del Defensor del Pueblo europeo, dado que los eurodiputados fueron mantenidos al margen de toda información sobre las negociaciones. Tampoco tuvieron acceso a los documentos de los compromisos adquiridos, y ni siquiera a los de los acuerdos una vez concretados, hasta el día en que se produjo la firma de los mismos. Es algo más que una coincidencia el que el 90% de las reuniones que ha mantenido la Comisión lo haya sido con representantes de las principales corporaciones multinacionales.

Resulta evidente que la priorización del beneficio es el objetivo esencial del acuerdo; la propia Comisión ha calificado de “barreras contra el libre comercio” las exigencias medioambientales, concretadas en los elevados estándares que caracterizan al territorio de la UE.

Es cada vez más obvio que el proyecto de la Unión Europea se ha construido -y se sigue construyendo- a espaldas de los ciudadanos. En el caso que nos ocupa, las negociaciones sobre el TTIP y el CETA lo han sido, además, ignorando a sus representantes.

Los europeos no han elegido la senda de integración política que pasa por renunciar a la propia soberanía; aún más, los europeos han mostrado explícitamente varias veces su rechazo a esa vía, a través de la que las elites europeas han transformado lo que era un mercado común continental en un proyecto político, e incluso en el embrión de un gobierno mundial.

Algo sobre lo que apenas nos han preguntado, y cuando lo han hecho, hemos contestado negativamente. Hasta el punto de que el presidente del Consejo europeo, el conservador polaco Donald Tusk, ha reconocido que “obsesionados con la idea de una integración instantánea y total, no nos hemos dado cuenta de que la gente normal, los ciudadanos de Europa, no comparten nuestro euro entusiasmo.”

Por supuesto que Tusk sabe perfectamente del rechazo que suscitan las pretensiones de la oligarquía europea a la que él mismo pertenece. Otra cosa es que las elites europeas transnacionales vayan, por ese detalle, a modificar sus planes.

source: La Gaceta