El TLC y la agenda de la clase obrera mexicana

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El TLC y la agenda de la clase obrera mexicana

Por Napoleón Gómez Urrutia | 4-10-18

El resultado de las elecciones del primero de julio y la victoria de Andrés Manuel López Obrador abrieron el camino para una nueva etapa en las relaciones de trabajo en México y en América del Norte.

Hoy la clase obrera mexicana sufre los efectos de décadas de subdesarrollo, producto de los efectos combinados del corporativismo en la política laboral y el neoliberalismo en la política económica.

Hace 24 años, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos durante el último año del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se prometió la apertura de una nueva etapa en las relaciones comerciales, económicas y políticas entre los tres países, el inicio de la transformación hacia el desarrollo y el primer mundo para los mexicanos, además de que la desigualdad y la brecha en materia de salarios se cerraría mediante la justicia y la creación de nuevas oportunidades para la gran mayoría de la población.

En ese momento, el nivel de los ingresos de los trabajadores en México era de los más altos en América Latina. Hoy, dos décadas y media después, los salarios en nuestro país son los más bajos del continente incluyendo a los de Haití, Honduras y El Salvador, que incluso están más elevados que los nuestros. Según Inegi, el promedio de los salarios en Latinoamérica es hoy de 347 dólares al mes, mientras que en todo el territorio nacional es de 141 dólares mensuales, donde los obreros de países como Panamá tienen un ingreso promedio de 744 dólares al mes.

¿Qué ha sucedido a lo largo de estos casi 25 años desde la firma del tratado comercial en 1994? Por un lado, las y los trabajadores en las industrias vinculadas a las cadenas globales de suministro (automotriz, metalúrgica, electrónica, agricultura, minería y petróleo) han obtenido a lo largo de este periodo ingresos muy bajos en relación al valor de sus productos y a los salarios en otros países.

La política económica y laboral de fomentar la competitividad y la flexibilidad de las empresas con base en salarios de miseria, ha sido totalmente equivocada al promover la explotación de la mano de obra sustentada en convenios de protección patronal que se firman a espaldas de los trabajadores y en la supresión de los derechos, de la libertad sindical y de la contratación colectiva, que hubieran permitido la defensa y la reivindicación de la clase trabajadora.

Hoy, a manera de ejemplo, en la nueva planta de Goodyear en San Luis Potosí, el tope salarial, es decir, el más elevado, es de 280 pesos diarios. En sus fábricas en Estados Unidos, esta empresa paga por la misma jornada 23 dólares la hora, que equivale a 3 mil 500 pesos por día. Con unas pocas excepciones honorables, a estos trabajadores mexicanos les han impuesto sindicatos de protección, contratados por las corporaciones y seudo líderes a su servicio, sin ningún derecho a votar sobre sus contratos colectivos ni sobre sus dirigentes sindicales, a los cuales en muchos casos ni los conocen.

Peor aún, las empresas multinacionales han utilizado estas formas de subcontratación para debilitar los derechos y las condiciones de trabajo, especialmente en materia de seguridad, salud e higiene en los centros de producción. Por otro lado, una gran parte de la fuerza laboral trabaja en la informalidad, sin seguro social y sin que se respeten sus derechos humanos, muchos inclusive ganando el salario mínimo de 88.36 pesos al día o quizás apenas un poco más, lo cual está muy por debajo de la línea de bienestar social determinada por el Coneval.

En México hoy en día existen cerca de nueve millones de trabajadores que ganan el salario mínimo e incluso algunos por debajo de ese nivel. Por ello, es de enorme importancia corregir el atraso salarial no sólo de los mínimos, sino de los salarios integrales y contractuales para convertirlos y elevarlos a los niveles justos y dignos que permitan mejorar la condición económica por medio de un mayor consumo para estimular la demanda y ampliar la inversión, el empleo y el mercado interno. Es decir, romper el círculo vicioso del estancamiento, la desigualdad y la pobreza, para transformarlo en un impulso virtuoso de la economía y el bienestar social.

El del salario mínimo es un debate de gran importancia, pero para los grandes empresarios mexicanos y sus socios multinacionales no es el tema fundamental. Para ellos, el aspecto toral es cómo limitar los derechos colectivos de la clase obrera, en tanto que para los trabajadores es defender su derecho a formar sus propios sindicatos, de negociar colectivamente con sus patrones y de recurrir a la huelga, de ser necesario, para lograr sus demandas, todos ellos garantizados por el derecho internacional y por nuestra Constitución, pero en la práctica suprimidos.

Finalmente, en la actualidad hay tres procesos indispensables que podrían servir para revertir las injusticias de estos últimos 25 años y mejorar la vida y la condición humana de la clase obrera: uno, incluir el capítulo de los derechos laborales y ambientales en la actualización o renegociación del TLC, o Acuerdo Trilateral; dos, efectuar una reforma profunda a la legislación laboral, y tercero, aplicar el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el derecho a la libertad de sindicación y la contratación colectiva, recientemente ratificado en forma unánime por el Senado de la República, el cual un grupo de intereses empresariales y corporativos trató de evitar, sin lograr su oscuro propósito.

source: La Jornada