El TTIP disparará los litigios contra los Estados
El TTIP disparará los litigios contra los Estados
Por Ricardo Mir de Francia, 29-3-15
Imagine un tribunal donde los inversores extranjeros pueden presentar demandas contra los Estados, pero nunca al contrario. Un tribunal donde no hay derecho a apelar. Un tribunal donde las sesiones se celebran a puerta cerrada a menos de que las dos partes acuerden lo contrario. O un tribunal donde el árbitro ejerza en unos casos de juez y, en otros, de abogado de las partes. Esas cortes no solo existen, sino que se verán potenciadas en el marco de la Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) que negocian la Unión Europea y EEUU, un tratado que, además de reducir aranceles, pretende armonizar las reglas del juego para las empresas a ambos lados del Atlántico. Conocidos por su acrónimo en inglés, ISDS (Solución de Controversias Inversor-Estado), estos tribunales son en realidad paneles privados de arbitraje que permiten a las multinacionales y los fondos extranjeros reclamar compensaciones millonarias a los Estados cuando consideran que los cambios en la legislación dañan sus expectativas de beneficio.
Puede ser en cualquier ámbito: laboral, medioambiental, regulación bancaria o política energética. "Históricamente los ISDS se dedicaban a proteger a las empresas de las expropiaciones directas y las nacionalizaciones, pero su ámbito de actuación se ha desbordado", asegura el especialista en comercio internacional de la universidad canadiense de York, Gus Van Harten.
"Han pasado a ser un mecanismo de poder a disposición de los inversores extranjeros para escrutar todo lo que un país hace", añade por teléfono. Los datos confirman su análisis. En los últimos años se ha disparado el número de demandas presentadas por los inversores extranjeros en los ISDS, un mecanismo que se ha generalizado en las últimas décadas y que contempla cerca de 3.000 acuerdos bilaterales de inversión y tratados multilaterales de libre comercio. Del medio centenar demandas que tramitaron en sus tres primeras décadas de existencia, se ha pasado a más de 50 casos anuales en los últimos tres años, según un informe de la Conferencia de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas.
No siempre ganan los inversores. De hecho, los Estados han salido victoriosos en el 43% de los casos resueltos hasta la fecha, los inversores el 31% y en el resto se llegó a acuerdos extrajudiciales. Pero cuando lo hacen, las indemnizaciones que acaba pagando el contribuyente pueden ser multimillonarias.
Para los defensores de este sistema, que apareció por primera vez en el acuerdo bilateral firmado entre Alemania y Pakistán en 1959, estos tribunales aportan seguridad jurídica a las corporaciones frente a las decisiones arbitrarias de los Gobiernos.
Pero sus detractores denuncian su opacidad, su falta de independencia y un estatus que los sitúa por encima de los sistemas de justicia nacionales.
