¡Guerra comercial con Panamá¡
Por Andrés Espinosa Fenwarth
El Gobierno de Panamá expidió el Decreto 28 el pasado 2 de agosto, por medio del cual elevó los aranceles a las importaciones originarias de Colombia al 15 por ciento para carbón, y al 30 por ciento para cemento, flores y confecciones. Panamá sustenta esta medida de retorsión comercial contra nuestro país, en la supuesta necesidad de “garantizar el mantenimiento armónico de estas relaciones comerciales” e incidir “positiva y directamente en la circulación de flujos comerciales libres y equilibrados”.
La verdadera intención de Panamá es marchitar el 79 por ciento de las exportaciones de Colombia, en respuesta a la firme postura de nuestra Ministra de Comercio e Industria, María Claudia Lacouture, consistente en el mantenimiento –pese al fallo de la OMC– de los aranceles mixtos a las importaciones de textiles y calzados provenientes de Panamá.
Las relaciones borrascosas entre Colombia y Panamá tienen una larga historia, habida cuenta de que desde hace más de una década, el Ejecutivo le ha solicitado a su contraparte panameña una colaboración más efectiva en nuestra ofensiva contra el comercio ilegal, que hace uso indebido de las facilidades aduaneras y financieras de la Zona Libre de Colón, creada como una institución autónoma del Estado panameño en 1948. No obstante que las dos naciones suscribieron un TLC en septiembre del 2013, el Gobierno de Panamá decidió impedir su aprobación en la Asamblea Nacional, con lo cual se mantienen en salmuera las disposiciones que, además de mejorar los canales y los flujos de información en materia aduanera, permitirían enfrentar conjuntamente las ilegalidades que se generan en el comercio transfronterizo.
El meollo de este asunto es la disputa comercial instaurada por Panamá en la OMC, en junio de 2013, contra los aranceles mixtos establecidos por Colombia para prevenir la subfacturación de importaciones y desincentivar las operaciones de comercio ilícito. Ahora, la controversia gira en torno al reciente fallo del Órgano de Apelación de la OMC, que si bien ratificó que los aranceles en comento exceden los niveles pactados por Colombia, reconoce que “algunas mercancías, cuyo precio es igual o inferior a los umbrales que se podrían importar en Colombia tienen precios artificialmente bajos con fines de lavados de activos”.
Las constataciones de la OMC resultan similares al Informe confidencial –publicado por WikiLeaks– de la Embajadora de Estados Unidos en Panamá, en la década pasada, Linda E. Watt, titulado ‘Understanding Panama’s Colon Free Zone’, según el cual “gran parte del valor agregado proporcionado por los comerciantes de la Zona consiste en ayudar a sus clientes a evadir los derechos de aduana y las leyes cambiarias en el país importador. En un entorno de este tipo, se hace fácil hacerse el de la vista gorda respecto de actividades delictivas más graves”.
El fin de la guerra comercial entre Colombia y Panamá comienza por la aprobación del TLC y termina con el compromiso recíproco de luchar contra el comercio ilícito y el lavado de activos.
Fuente: Portafolio
