La Alianza del Pacífico perjudica el agro colombiano
Por Andrés Espinosa Fenwarth
El Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico suscrito en el marco de la VII Cumbre Presidencial de 2012, comienza a regir los destinos de sus miembros –Colombia, Chile, México y Perú–, a partir del primero de mayo del 2016. Resulta paradójico que el tratado internacional peor negociado de la historia y el más lesivo para la agricultura y el empleo en el campo colombiano, entre en vigor, precisamente, en la fecha en la cual se celebra el Día Internacional de los Trabajadores.
El Protocolo de la Alianza del Pacífico es el primer tratado comercial negociado por Colombia sin concertación previa con la sociedad civil. El Viceministerio de Comercio Exterior eliminó de un tajo el ‘cuarto de al lado’ para el sector agropecuario, instancia público-privada en la cual los gremios de la producción rural, los empresarios, la academia, el Congreso y las minorías tenían voz y se hacían sentir en las negociaciones comerciales.
Los productos negociados en el Protocolo de la Alianza del Pacífico son exclusivamente de origen agrario, habida cuenta que el sector industrial está totalmente liberado, como resultado de la ejecución de los acuerdos previos de Colombia con Chile, México y Perú. La excepción más aberrante comprende el azúcar y sus derivados, subsector excluido de la negociación y, por tanto, de la eliminación de aranceles por petición expresa de México, país que argumentó que todavía enfrentaba limitaciones impuestas por Estados Unidos en el TLC de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés). Colombia y la Alianza del Pacífico prescinden, así, de uno de los principales renglones de exportación de nuestro país, mientras que el Gobierno Nacional –de manera errada y contradictoria– rebaja los aranceles para promover las importaciones de azúcar.
La metodología usada por el equipo negociador contiene un componente perverso, cuyo fundamento estratégico es conocido en el argot negociador como ‘muerte súbita’. En efecto, los funcionarios acordaron drásticas reducciones arancelarias iniciales para la agricultura colombiana –entre 50 y 80 por ciento, calculadas desde el 2014–, más las desgravaciones anuales, con lo cual la desprotección arancelaria se aplicará de manera acumulada a partir del primero de mayo. Es evidente que los agentes gubernamentales se pasaron por la faja las disposiciones de la Ley 101 de 1993, según las cuales la liberación comercial de los bienes agrícolas deberá ser “gradual y selectiva”.
El Protocolo de la Alianza del Pacífico es el único tratado internacional de nuestro país en el que la agricultura no tiene acceso a una salvaguardia automática de protección para afrontar las emergencias sociales generadas por incrementos exagerados de las importaciones originarias de los países miembros.
En consecuencia, los negociadores del Gobierno les fallaron en materia grave a la agricultura colombiana, a los campesinos y a los productores de alimentos de nuestro país, al negarles oficialmente la protección especial del Estado dispuesta en el Artículo 65 de la Constitución Nacional.
Fuente: Portafolio
