Más privilegios en el TLC Andino
’Estas provisiones de protección a inversionistas al estilo NAFTA y CAFTA erosionan el proceso democrático. Mientras el Presidente Bush habla de la nueva doctrina de promover la democracia agresivamente, de hecho sus Tratados de Libre Comercio están exportando los peores valores anti-democráticos al mundo’, reclamó Lori Wallach, directora del Observatorio de Comercio Global, abogada de la Universidad de Harvard y autora del informe de Public Citizen.
Los inversionistas extranjeros se están acostumbrando a usar el el sistema inversionista-Estado para desafiar decisiones legales de tribunales domésticos, políticas ambientales locales y estatales, contratos municipales, políticas de impuestos, regulaciones federales para sustancias controladas, políticas contra juegos, el fracaso presunto del gobierno de proporcionar derechos de agua, hasta la provisión de servicios postales públicos. En la mayoría de los casos el aspirante busca millones de dólares en daños y perjuicios, reclamando que las medidas de regulación y acciones gubernamentales legítimas redujeron sus ganancias.
Entre las controversias entre los Estados y las corporaciones se recuerdan, por ejemplo, el desafío de una empresa estadounidense, Metalclad Insulation Corporation, contra la municipalidad mexicana que le prohibió construir una planta de residuos tóxicos. Metalclad ganó el juicio y obtuvo una indemnización de 15,6 millones de dólares.
Las prohibiciones de manejo de residuos tóxicos han sido desafiadas tres veces. Una empresa norteamericana desafió la legislación canadiense que restringe algunos usos de la pesticida Lidane. Canadá prohibió el aditivo MMT, pero antes de que el caso concluyera el gobierno cambió la política y pagó 13 millones de dólares a una empresa estadounidense como compensación. La prohibición contra el aditivo de la gasolina MTBE también fue desafiado por una empresa canadiense.
Una regulación del estado de California ordena rellenar las minas agotadas con tierra, pero una empresa minera canadiense que quiere establecer una mina gigante de oro en el Valle Imperio, donde existen lugares sagrados para la Nación Indígena Quechan, impugnó la decisión y enjuició al estado. Se trata del primer caso bajo el NAFTA en el que una ley de un estado de Estados Unidos, cuya intención es la protección de los intereses culturales de los pueblos indígenas, ha sido calificada como una ’violación del NAFTA’.
El United Postal Service (UPS), una corporación multinacional de correo, busca una indemnización de Estados Unidos de 160 millones de dólares porque cree que el gobierno de Canadá, que tiene control sobre el reparto de paquetes, socava sus ganancias posibles en el país.
’Los representantes de los países andinos que negocian el AFTA tienen que tomar en cuenta que hay un peligro cada vez más grave para los gobiernos democráticos y para la soberanía de naciones. Las políticas locales y estaduales, y aun las decisiones legales de las Cortes, están atacadas por estas protecciones extremas para inversionistas que el TLC Andino implementaría’, advirtió dijo David Edeli, un analista de política para el Observatorio de Comercio Global. ’Por ejemplo, la extensión de provisiones en el TLC Andino, como en los tratados bilaterales argentinos, podría significar que los gobiernos andinos ya no pueden limitar tasas injustificadas cobradas por empresas privatizadas en los servicios públicos’.
Mientras las provisiones de inversión del Capítulo 10 del CAFTA incluyen algunos cambios pequeños a la protección al inversionista bajo el NAFTA, el texto paralelo del AFTA extenderían el sistema de nuevos privilegios para los inversionistas en América del Sur.
Los privados en América Latina obtendrían el derecho extra de demandar compensación cuando las políticas de protección ambiental y de salud pública reduzcan sus ganancias. A diferencia del NAFTA y el CAFTA, el AFTA o TLC Andino incluye provisiones que permiten a los inversionistas demandar leyes que exigen el respeto a los recursos naturales y al medioambiente.
Según Wallach, ’en vez de cambiar las absurdas reglas para inversionistas extranjeros del NAFTA, que otorgan derechos mayores a empresas extranjeras que a las empresas nacionales, CAFTA y AFTA extienden el modelo del NAFTA para la inversión, un modelo que ya consideramos una amenaza grave para las leyes más básicas de la salud y la seguridad del medio ambiente, y aun para la soberanía de nuestros gobiernos. No solamente resultaría en nuevos ataques contra las leyes de los Estados Unidos, ahora empresas grandes de los Estados Unidos van a tener otro método para someter a los países de América Central y América del Sur. Dado que sabemos que estos ataques son graves, es horrible pensar en los efectos que solamente uno o dos casos podrían tener en los Presupuestos Generales del Estado de los países andinos’.
