Militarización y guerra sucia
Militarización y guerra sucia
Por Raúl Sendic García Estrada, 30-1-12
El proceso de militarización en México ha cobrado mayor fuerza desde la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México-EEUU-Canadá.
Los asesores militares de Estados Unidos que desde 1993 sostuvieron que la firma del TLC y la abolición del Ejido desembocarían en descontento y desorden social en México, por lo que el Ejército mexicano debía de reordenarse y transformarse en fuerzas ágiles móviles y de reacción rápida para tener la capacidad de hacerle frente al desafío de los disturbios económicos. Este proceso que presenta diversas vertientes desde la penetración en los intereses militares en el tejido social a través de la labor social del Ejército, la militarización de las fronteras y zonas indígenas; la militarización de la seguridad pública; que no se limita a las acciones militares, también a la organización, instrucción, asesoría y financiamiento de bandas paramilitares para enfrentar a la base social de la guerrilla. El Ejército mexicano ha crecido en número de efectivos, acciones de patrullaje terrestre, aéreo y marítimo, la compra de material bélico de punta y de desechos de la Guerra Fría.
La militarización, el nuevo orden militar y los cambios en la doctrina militar del país han sido dictados desde Estados Unidos; la cual considera que el enemigo está dentro del país, por lo que surgieron cambios en los Programas Operativos del Ejército que sugieren: Impulsar las tareas de inteligencia y contrainteligencia del Ejército a opositores al régimen y transgresores, fortalecer el área de comunicación social del ejército con el fin de manejar la imagen castrense en los medios de comunicación.
Otra de las acciones emprendidas por el Ejército fue el destacamento y nombramiento del ex secretario de la Defensa, general Enrique Cervantes Aguirre, quien hace cuatro décadas, ostentando el grado de capitán, combatió al Partido de los Pobres, dirigido por el profesor Lucio Cabañas Barrientos en las sierras de Coyuca, Atoyac y Técpan, figurando en las fotografías de las unidades militares que rescataron en el combate de La Pascua, al entonces senador Rubén Figueroa Figueroa y es de los militares que posaron con el cadáver de Lucio Cabañas después del combate del Otatal, así como en el cuartel de Atoyac.
Cervantes Aguirre es acusado de torturas y violaciones por universitarios a quienes detuvo en Chilpancingo, utilizando para esto a elementos de la Policía Judicial Militar. A Guerrero fue asignado el general Mario Arturo Acosta Chaparro Escapité, nombrado Asesor de Seguridad del Gobernador Rubén Figueroa Alcocer; cateó la parroquia de Tecpan a cargo del padre Orbelín Jaramillo, es acusado de aconsejar al entonces Gobernador, de dar un castigo ejemplar a los campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), consejo que se materializó en la masacre de Aguas Blancas, localidad del municipio de Coyuca de Benítez.
Acosta Chaparro, en la década de los años 70, fue jefe contrainsurgente y después director de Seguridad Pública de Acapulco y del estado, con poderes plenipotenciarios. Quien en esos años fue el responsable de torturas que él mismo realizó y desapariciones que cometieron jefes policiacos a su mando, como los tres hermanos Tarín, Gustavo, Otoniel y Alfredo (los hermanos Tarín son un grupo de agentes judiciales traídos a Guerrero por el general Acosta Chaparro, del estado de Chihuahua, que alternaban las funciones de policías con el robo y el secuestro.
El proceso de militarización en Guerrero y la forma de su presencia ha cambiado particularmente en la comunidades, es la puesta en práctica de una estrategia contrainsurgente, del gobierno mexicano que prepara la salida militar todos los días, sus agentes cada vez tienen mayor información de las organizaciones sociales y políticas de la región, de sus dirigentes, del papel de la iglesia católica; de quienes son los líderes, los presuntos guerrilleros, a dónde van, a quién frecuentan; de las características de la población, a quienes hay que detener en qué momento, de la estrategia de ingreso de las tropas a las diferentes zonas y comunidades de la región.
Nos encontramos ante una muy bien elaborada guerra de contrainsurgencia en un marco de guerra de baja intensidad; que incluye en sus acciones: guerra psicológica, control e población, labor social del ejército, asesinato masivo y selectivo, para militarismo, desplazamiento de la población amenazada y delación.
Esto en una lógica de acciones militares de vigilancia y control que tienen que ver con la ocupación y vigilancia militar del territorio de la población, estas acciones miliares represivas están encaminadas a inhibir la acción de los individuos por medio de la amenaza, hostigamiento, detención, allanamiento y agresión tendiente a reprimir el movimiento social, con la premisa gubernamental de descabezar el movimiento indígena, dejando sin liderazgos a las comunidades ya sea por la vía del crimen, la amenaza, la tortura o la cooptación y la mediatización.
