Movimientos sociales transnacionales y la democratización del comercio en las Américas

Movimientos sociales transnacionales y la democratización del comercio en las Américas

Por Marcelo Saguier, 30-4-2009

Resumen

El articulo interroga el potencial democratizador de coaliciones transnacionales de movimientos sociales en un contexto de globalización neoliberal. Pare esto, el articulo analiza el surgimiento y las acciones de la Alianza Social Continental (ASC) en su condición de principal eje articulador a nivel hemisférico de resistencias sociales al proyecto de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Se argumenta que la ASC procuró democratizar el proceso ALCA con relativo éxito mediante la apertura de un debate público en el que pudieran tratarase las consecuencias socioeconómicas, políticas y medioambientales del propuesto proyecto de integración comercial. Para esta finalidad, la ASC se centró el el cuestionamiento de la supuesta legitimidad democrática del proceso ALCA. Esto le permitó apropiar el significado de ‘democracia’ y evitar los reiterados intentos de los gobiernos por restringir y condicionar este debate para encapsular el proceso hemisférico de las presiones sociales. El caso de la ASC muestra como coaliciones transnacionales son capaces de complementar estrategias de acción y marcos de referencia nacionales y continentales o globales.

No necesitamos más ejercicios de propaganda sobre las supuestas bondades del libre comercio; necesitamos diálogos reales sobre las propuestas concretas, sus impactos potenciales sobre nuestras economías, sociedades y medio ambientes, e indicaciones concretas de que habrá amplias consultas democráticas a nuestros pueblos sobre lo que fue negociado por sus gobiernos (Alianza Social Continental - ASC, 2002b).

Introducción

El término de globalización es habitalmente utilizado para referirse a los procesos de creciente integración de estructuras financieras, productivas, institucionales y de comunicaciones a escala mundial. Sumado a esto se advierte también la transnacionalización de movimientos de resistencia al neoliberalismo, encarnada por diversas fuerzas sociales en defensa de la profundización de la democracia y el desarrollo sostenible. Por lo tanto, la globalización no se limita solamente a la creación de un sistema económico y político impulsado ‘desde arriba’ por grandes operadores del mercado y gobiernos afines, sino también a la resistencia global ejercida ‘desde abajo’ por fuerzas sociales que advierten el carácter socialmente excluyente y ambientalmente destructivo de la globalización neoliberal (Brecher et al. 2000).

En un contexto de globalización, el desafío de la democratización adquiere una especial relevancia, así como también una creciente complejidad. Es indudable que el Estado-Nación constituye un ámbito indelegable para avanzar en la democratización de las relaciones sociales. Tradicionalmente es en éste marco en donde se orientan las luchas sociales por la inclusión social, la representación política y el control de los recursos. Sin embargo, el surgimiento de nuevas formas de soberanía post-nacional en la que la autoridad formal de los Estados es desagregada y delegada en instancias supranacionales publicas y privadas (Rosenau 2007; Soederberg 2006) sugiere las limitaciones de abordar el desafio de la democratización exclusivamente a partir de lo nacional.

La integración regional con instancias supranacionales ha sumado un conjunto de instancias institucionales que amplian la gama de espacios políticos en donde orientar las acciones de organizaciones sociales en pos de una mayor representación democrática en la integración - sobretodo para equilibrar la prioridad otrogada a la dimensión comercial de la integración a instancias de lo político y lo social. Asimismo, las diversas variantes de tratados de libre comercio (TLCs)i firmados en nuestro continente restringen la soberanía democrática de los estados por medio de las reglas a las inversiones contenidos en los mismos - entre otros elementos igualmente controversiales.

Podríamos decir que la conformación de formas de gobernanza global y regional post-nacionales evidencian el intento por cristalizar ‘nuevos constitucionalismos’, o un conjunto de reglas y prácticas para regular el comercio internacional, acordes a las necesidades de administrar una estructura productiva y financiera crecientmente transnacional. Tales reglas y prácticas comerciales otorgan excesivos derechos y garantías a las empresas, disciplinan y condicionan la acción de los gobiernos para tomar decisiones soberanas (la soberanía democrática) en defensa del bien público (Gill 2002; Gill y Law 1989). Gran parte de la resistencia a la globalización neoliberal por parte de movimientos sociales se ha centrado precisamente en la crítica al carácter democráticamente regresivo de las nuevas reglas del comercio. A pesar de esto, subsiste la dificultad de cómo encarar y orientar las acciones por parte de movimientos sociales en pos de la democratización en un contexto de multiples niveles de acción en donde se articula la política en una etapa de globalización.

Una primera aproximación a este tema es la que propone avanzar en la democratización de los Estados como paso necesariamente previo a una eventual democratización de las estructuras de gobernancia global y regional. Enfoques centrados exclusivamente en lo nacional sobredimensionan las posibilidades de fuerzas sociales en su capacidad para proyectar las conquistas alcanzadas de los planos domésticos hacia una esfera global. La interdependencia estructural de la producción, finanzas y difusión de ideas e identidades políticas a escala planetaria demanda de concepciones de ‘lo nacional’ que superen las antinomias entre un ‘adentro’ y un ‘afuera’ de los Estados fuertemente enraizadas en el imaginario de los estudios internacionales (Walker 1993). En la etapa actual de desarrollo del capitalismo, cualquier posibilidad de transformación social viable requiere, más que nunca, de esfuerzos concertados en diversos espacios de poder, articulados en torno a temáticas comunes.

Una segunda respuesta al desafío de la democratización de procesos crecientemente globales es la de impulsar la reforma de las instituciones de la gobernancia global/regional en función de una mayor transparencia, rendición de cuentas (accountability) e inclusión de demandas de actores no-estatales en decisiones y procedimietos institucionales (O’Brien et. al. 2000). Cabe remarcar, sin embargo, que es cuestionable cual pueda ser el alcance real de tales esfuerzos impulsado por organizaciones sociales para lograr modificar, por si mismas, las prácticas anti-democráticas de instituciones como el Banco Mundial, el FMI, entre otras, sin el apoyo substantivo de gobiernos nacionales y/o coaliciones de gobiernos.

Tales respuestas no planean una disyuntiva entre opciones excluyentes. Es decir, no se trata de optar entre una escala de acción ‘nacional’ y una ‘regional/global’, como si ambos niveles fuesen espacios facilmente diferenciables e inclusive autónomos el uno del otro. Por el contrario, el desafío consiste precisamente en vislumbrar cómo se relacionan ambos niveles para así poder potenciar la acumulación de fuerzas de movimientos sociales mediante campañas transnacionales que combinen escalas multiples de acción en niveles nacionales, regionales y/o global.

En otras palabras, el desafío de la democratización de la globalización consiste en fortalecer las dinámicas políticas en torno al surgimiento de nuevos sujetos sociales contra-hegemónicos, mobilizados transnacionalmente para la demanda y construcción de ciudadanía democrática. Tal preocupación ha sucitado la valiosa reflexión, aún incipiente, de autores que han procurado comprender el rol de las redes trasnacionales de la sociedad civil en la democratización en el ámbito de la Económica Política Internacional (Abbot 2001; Cook 1998; Gill 2003; Gills 2000; Grugel 2005; 1990; Morton 2002).

El presente artículo contribuye a esta reflexión analizando el surgimiento de la más importante coalición transnacional de fuerzas sociales criticas a la globalización neoliberal centrada en temas de integración comercial: la Alianza Social Continental (ASC). Conformada por sindicatos de trabajadores, ONGs y movimientos sociales de todo el continente americano, la ASC ha actuado como el principal eje articulador de resistencia hemisférica al proyecto de conformación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La experiencia de la ASC en su intento por democratizar el proceso ALCA ejemplifica las nuevas formas de construcción de poder ‘desde abajo’, mediante el alineamiento de coaliciones multisectoriales en estrategias de acción coordinadas complemetariamente a nivel nacional y hemisférico.

El argumento del artículo sostiene que la ASC procuró democratizar el proceso ALCA con relativo éxito mediante la apertura de un debate público en el que pudieran tratarase las consecuencias socioeconómicas, políticas y medioambientales del propuesto proyecto de integración comercial. Para esta finalidad, la ASC se centró el el cuestionamiento de la supuesta legitimidad democrática del proceso ALCA. Esto le permitó apropiar el significado de ‘democracia’ y evitar los reiterados intentos de los gobiernos por restringir y condicionar este debate para encapsular el proceso hemisférico de las presiones sociales.

La primera sección del capítulo muestra el proceso de conformación de la ASC en respuesta al lanzamiento del proyecto ALCA. La identidad fundacional de la ASC se expresa en la crítica al modelo de integración comercial propuesto en la agenda del ALCA por ser contradictorio con la profundización de la democracia y el desarrollo sostenible en la región.

En la segunda sección se evidencian las limitaciones de la ASC para impulsar un debate público sobre las consecuencias socio-económicas y medioambientales del ALCA. Mediante su énfasis en lo procedimental del proceso de negociaciones comerciales hemisféricas, la ASC procura mayores espacios de influencia, procurando reformar la agenda del tratado con la incorporación de una ‘dimensión del desarrollo’.

Finalmente, la tercera sección aborda las iniciativas emprendidas por la ASC para impulsar un el debate sobre el proyecto del ALCA mediante la coordinación continental de un proceso de consultas populares a nivel de las bases.

La conformación de la Alianza Social Continental

En la Cumbre de las Américas de Miami de 1994, treinta y cuatro gobiernos del continente (todos los países a excepción de Cuba) anunciaron su compromiso de crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que se extendiera desde Alaska a Tierra del Fuego. El ALCA fue promovido por el gobierno de Estados Unidos en 1990 como parte de la ‘Iniciativa para las Americas’ como una manera de reforzar su influencia global en el contexto del emergente orden post-Guerra Fría (Bélanger y Mace 1999: 7). El ALCA representa el proyecto más grande - en un sentido geográfico - y ambicioso de integración económica jamás intentado en la historia (Estevadeordal et al. 2000: 2; Salazar-Xirinachs 2001: 280). Al mismo tiempo, es también uno de los más controversiales y conflictivos.

Uno de las principales críticas al proyecto del ALCA es que constriburía a exacerbar aun más los ya extremos niveles de inequidad que hacen de América Latina la región más desigual del mundo (Berry 1998; IDB 2003; O’Donnell y Tokman 1998; Portes y Hoffman 2003). La razón para ello es que el ALCA no contempla mecanismos compensatorios para los sectores económicos que, invariablemente, sufrirán a manos de la liberalización comercial. Sólo los sectores económicos más competitivos del continente podrán beneficiarse del ALCA, particularmente los sectores económicos más poderosos de los Estados Unidos (Estay y Sánchez 2005; Sangmeister and Taalouch 2003). Ante la ausencia de un tratamiento diferencial para las economías más pobres dentro del ALCA, para todos los intentos y propósitos la agenda del desarrollo fue eliminada de la agenda de comercio (Ceara-Hatton y Isa-Contreras 2003: 42).

Más allá de las consecuencias distributivas del intercambio de bienes y servicios que propios de creación de un mercado de estas características, el proyecto del ALCA consiste en el establecimiento de lo que Gill (2002) denominara una “nueva constitución” económica para las Américas. Inspirado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el ALCA institucionalizaría un modelo de gobernanza hemisférica mediante el cual una infraestructura de reglas y disciplinas atribuirían importantes derechos de las inversiones de las corporaciones, restringiendo como consecuencia la soberanía democrática de los Estados. En particular, los capítulos propuestos para la protección de la inversiones, reglas de propiedad intelectual y resolución de disputas han sido los aspectos más controversiales de este proyecto (Anderson y Arruda 2002; Barenberg y Evans 2004; Hillebrand 2003). Asimismo, el ALCA procuraba avanza en la liberalización de servicios públicos claves para el desarrollo con equidad, tales como la educación y la salud.

La propuesta del ALCA tiene lugar en un contexto político caracterizado por un creciente cuestionamiento al neoliberalismo como orientación de políticas capaces de superar los problemas del subdesarrollo. Las devastadoras consecuencias socioeconómicas de las reformas neoliberales durante los 90s condujeron a la aparición de sectores de la sociedad civil crecientemente militantes, que denunciaron la naturaleza excluyente y el carácter no democrático de este proyecto de integración comercial.

En reacción al avance de una agenda neoliberal del ALCA, un grupo de organizaciones sindicales, ONGs de desarrollo y movimientos sociales de todo el continente crearon en 1997 la Alianza Social Continental (ASC). Los pasos iniciales en la conformación de esta coalición trasnacional de amplias bases tuvo lugar en la III Conferencia Sindical (Foro Laboral) - un evento organizado por la Central Unica dos Trabalhadores (CUT) que se realizó en paralelo con la Reunión de Ministros de Comercio del ALCA en Belo Horizonte, en mayo de 1997.

La organización del Foro Laboral fue parte de una estrategia de la Organización Regional Interamericana del Trabajo (ORIT) - la sucursal regional de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, CIOSL - para incorporar una dimensión laboral y social en el núcleo del ALCA (ORIT/ICFTU 1997). La tendencia hacia el fortalecimiento de lazos entre los sindicatos del Norte y del Sur fue consistente con los esfuerzos del movimiento internacional de uniones obreras a superar las divisiones inherentes a los años de la Guerra Fría (Chaloult y Fernández 2001; Dagénais 2005: 3; Munck 2002). Aun más, establecer alianzas con los así llamados movimientos “anti-globalización” se convirtió en un componente crecientemente estratégico del renovado internacionalismo del movimiento obrero (ICFTU, 2004). Las organizaciones obreras de la ORIT fueron la conducción original detrás de la formación de la ASC - en particular la American Federation of Labor-Congress of Industrial Organisations (AFL-CIO) y la CUT brasileña y también el importante apoyo del Canadian Labour Congress (CLC) y la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) de Québec.

En Belo Horizonte, las principales redes de ONG trabajando en temas de medioambiente, derechos humanos, género, campesinos e indígenas, fueron invitados por primera vez para participar del Foro Laboral. El objetivo era trabajar en vistas a una “efectiva complementariedad entre las perspectivas y estrategias de acción del movimiento sindical y de otros movimientos sociales” (Foro Nuestra América 1997). Las alineamientos políticos básicos entre organizaciones obreras, ONGs y movimientos sociales establecidos en esta reunión se convirtieron en los pilares de la ASC. La ASC fue formalmente constituída posteriormente en marzo de 1999, para lo que se estableció un Secretaria inicialmente en México DF bajo la dirección de RMALC. La sede de la Secretaría sería eventualmente mudada a San Pablo, Brasil, en el 2001 para ser alojada en CUT, y por último reubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia, con sede en la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA (RECALCA) a partir de 2008.

Las redes que conforan el nucleo originario de la ASC incluyen a la Red Mexicana de Acción Contra el Libre Comercio (RMALC), Alliance for Responsible Trade (ART) de EEUU, Common Frontiers de Canadá, Réseau Québécois sur l’Intégration Continentale (RQIC) de Québec, la Rede Brasileira Pela Integração dos Povos (REBRIP) de Brasil, la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable Trade (ACJR), la red sub-regional Iniciativa Civil por la Integración Centroamericana (ICIC) y las hemisféricas Organización Regional Interamericana del Trabajo (ORIT) y el Congreso Latinoamericano de Organizaciones Campesinas (CLOC). Posteriormente se conformarían también capitulos nacionales de la ASC en Perú, Venezuela, Uruguay y Argentina representado por el Movimiento por la Soberanía y la Integración de los Pueblos (MOSIP).

La ASC no promueve el regreso a un proteccionismo basado en una visión romántica del pasado. Entiende que el comercio internacional puede ser beneficioso si ayuda al desarrollo de las economías nacionales. Los mercados no pueden asegurar por sí solos un desarrollo sostenible. Los instrumentos públicos nacionales y regionales deben garantizar activamente que la integración comercial contribuya a una distribución equitativa de la riqueza, profundice las formas de soberanía democrática, la igualdad de género y la preservación del medioambiente. En este sentido, la ASC procura “un acuerdo que fomente un verdadero desarrollo para los pueblos de todo el continente, que asuma y trate de aminorar las asimetrías, que permita y fomente la integración de nuestras economías, pero con base en proyectos de desarrollo nacionales democráticamente y consensualmente definidos. Las bases de la fortaleza continental deben ser economías nacionales fuertes. No defendemos un acuerdo de liberalización comercial, sino uno de desarrollo sustentable” (Foro Nuestra América 1997).

En sus comienzos la ASC demanda un tratamiento balanceado de las necesidades de los inversores en relación con los objetivos de desarrollo de las economías nacionales. Para ser aceptable, el ALCA debía reflejar los distintos niveles de desarrollo existentes entre los países de la región, para lo cuál debía permitirse la utilización de requisitos de desempeño a las inversiones en función de las prioriedades específicas del desarrollo de cada país. Por ejemplo, permitiéndoles proteger a los pequeños y medianos productores, y protegiendo o excluyendo sectores de la economía que sean considerados clave para el desarrollo. A su vez, el ALCA debía garantizar que los países contaran con el derecho a mantener la seguridad alimentaria, por ejemplo excluyendo los granos básicos de las medidas de liberalización comercial (ASC 1998; 2002a)

Del mismo modo, los derechos de los inversores no debían restringir la autonomía legislativa de los Estados para impulsar leyes que protejan el bienestar público, como la salud o la protección del medioambiente. Aun más, la ASC demanda que los derechos y privilegios establecidos por el ALCA deben ser condicionales al respecto de los países de los derechos básicos de los trabajadores, de acuerdo con lo establecido en la Declaración de la OIT de 1998 sobre los Principios y Derechos Fundamentales de los Trabajadores. Los bajos salarios y las pobres condiciones de trabajo no deben ser la principal ventaja competitiva de la economía de un país. El impacto diferencial de la liberalización comercial sobre las mujeres también debe ser tenido en cuenta (ASC 1998; 2002a).

El proyecto ALCA ha sucitado la movilización de un conjunto amplio de fuerzas sociales en el continente para resistir el avance de una agenda neo-liberal de comercio, así como para la construcción de propuestas alternativas de integración en el continente.

Sin bien el proyecto integracionista ALCA nunca logró concretarse, la resistencia a esta iniciativa llevó a la unificación de un gran número de fuerzas sociales en el continente que anteriormente se encontraban fragmentadas y distanciadas. La conformación de la ASC es tanto resultado como artífice de este proceso de convergencia. La crítica a los impactos negativos que un ALCA podría tener sobre la democracia y el desarrollo constituyó un elemento central de emergente identidad de la ASC.

La instrumentalización de la participación democrática

La negociación del ALCA ha sido caracterizada por su falta de transparencia. Las negociaciones transcurrirían herméticamente por fuera del conocimiento del público (Hansen-Kuhn 2001; Ricco et al. 2006: 218-236; Wiesebron 2004), inclusive con la ausencia de debates en las legislaturas nacionales (Ugarteche en Ricco et al. 2006: 233). A esto se suma la escaza información disponible en los medios de comunicación sobre la naturaleza y alcances de este proyecto.

Desde el inicio de las negociaciones del ALCA en la Cumbre de las Américas en Santiago de Chile en 1998 hasta la Cumbre de Québec en 2001, muchas de las organizaciones miembros de la ASC han intentado en distintas oportunidades democratizar el proceso ALCA mediante la búsqueda del diálogo con representantes de los gobiernos. Para esto se participó en mecanismos de consulta con organizaciones de la sociedad civil incorporados como parte de la estructura formal del proceso hemisférico, así como también se procuró capitalizar distintas oportunidades para influir reuniones inter-gubernamentales. En todos los casos la meta consistía en involucrar a los representantes gubernamentales en un intercambio de ideas sobre las implicancias de la agenda comercial delineada en el ALCA para el crecimiento sostenible de la región.

Se procuró una estrategia de incidencia en dos niveles complementarios. Por un lado, las organizaciones de la ASC procurarían incidir en el proceso formal trayendo a la mesa de negociaciones las demandas de los sectores sociales más vulnerables que serían afectados por la creación de un ALCA. Por otro lado, el acceso al proceso formal del ALCA permitiría a la ASC obtener valiosa información sobre el desarrollo de las negociaciones. Esta información es de gran utilidad para la coordinación de las acciones de movimientos y organizaciones sociales de base en el continente a modo de lograr un posicionamiento más efectivo en función de los características propias de coyunturas cambiantes. De esta manera ambas formas de incidencia se complementarían ejerciendo presión desde ‘adentro’ y ‘afuera’ del proceso formal.

La primera oportunidad de comprometer a los representantes gubernamentales en un debate acerca de las implicancias del proyecto del ALCA tuvo lugar en la Cumbre de las Américas realizada en Santiago, Chile, en Abril de 1998. El comienzo de la fase de negociaciones del ALCA sería anunciado en esta ocasión. Asegurar la transparencia y legitimidad democrática del ALCA era crucial para cementar los lineamientos que regirían las relaciones hemisféricas basadas en los pilares de la democracia y la economía de mercado. El proyecto ALCA constituía la pieza clave de este armado geopolítico/económico para la región. Por esta razón el mayor desafío de la Cumbre de Santiago consistía en cultivar el apoyo doméstico al proceso hemisférico. Para esto se puso especial énfasis en la agenda política y social de la cumbre (Feinberg 1998).

En preparación de la Cumbre, la agencia del gobierno chileno DIRECON delegó la coordinación de una consulta hemisférica con organizaciones de la sociedad civil en la ONG local Corporación Participa. La finalidad era la de recolectar recomendaciones para la cumbre. La United States Agency for International Development (USAID) proveyó de apoyo financiero para esta iniciativa. Dos reuniones fueron organizadas durante 1997 en las cuales autoridades públicas, representantes de 120 organizaciones de la sociedad civil y académicos de todo el continente fueron invitados a participar para intercambiar puntos de vista y preocupaciones (Participación Ciudadana 1998; Rojas Aravena y Pey 2003: 221). Asimismo, la Canadian Foundation for the Americas (FOCAL) organizó cinco consultas regionales con organizaciones de la sociedad civil en Canadá con motivo de la cumbre.

Conjuntamente a la participación de algunas organizaciones de la ASC en estas consultas convocadas por los gobiernos, la ASC organizó también la Cumbre de los Pueblos con anterioridad a la cumbre presidencial. En ella se produjeron documentos de posición que reunían las conclusiones de jornadas de discusiones intensas divididas en secciones temáticas y talleres en las que participaron más de 2000 delegados de organizaciones sociales de todo el continente. Tales conclusiones dieron forma a la primera versión del documento Alternativa para las Américas (ASC 1998). También sirvieron como recomendaciones de la ASC para elevar a los funcionarios gubernamentales mediante las consultas oficiales (Rojas Aravena y Pey 2003: 222).

A pesar del esfuerzo los gobiernos por asegurar la legitimidad democrática de la Cumbre de Santiago, y del ALCA en particular, ésta demostró ser “una gran desilusión” para la participación de la sociedad civil (Shamsie 2003: 26). El acceso de organizaciones de la sociedad civil fue limitado y hubo pocas oportunidades para aportar sus puntos de vista en la agenda y declaraciones de la cumbre (Cole 2003: 6; Shamsie, 2003: 28). En la práctica, las reuniones de consulta oficiales en las que se encontraban presentes funcionarios gubernamentales actuaron como filtros, previniendo que algunas recomendaciones de la sociedad civil alcanzaran el texto borrador de la declaración final y plan de acción de la cumbre. Por ejemplo, una recomendación que buscaba la inclusión de la participación de la sociedad civil en el proceso del ALCA nunca pasó de la etapa de reuniones preparatorias (Seymoar 1999: 404). Anner y Evans comentan que “es espantoso el contraste entre los esfuerzo de la ASC para involucrar a un amplio rango de grupos de la sociedad civil y el modo en que esos grupos (...) han sido cuidadosamente mantenidos al margen por el proceso oficial del ALCA” (Anner y Evans 2004: 19 - Footnote 13 - traducción propia).

Esto llevó a la pronta conclusión entre sectores críticos de la sociedad civil de que las consultas del ALCA no eran más que una fachada puramente cosmética, carente de compromiso político genuino para alcanzar un diálogo constructivo con los sectores sociales. Para la ASC la única utilidad de las mismas era la de obtener información acerca de lo que estaba sucediendo en el proceso oficial de negociaciones. La falta de incidencia en la redacción de la declaración de la cumbre contrastaba con la incorporación en cuerpo del acuerdo de los aportes elaborados por organizaciones empresarias en el marco de un Foro de Negocios de las Américas (Brunelle 2001).

La confianza de algunos sectores de la sociedad civil que creían que el proceso del ALCA podría ser democratizado comenzó a derrumbarse. Esto fue en sentido contrario al intento del gobierno chileno de construir apoyo y legitimidad para el proceso de la consulta y, en particular, para el proyecto del ALCA como el mayor elemento de su agenda. La Cumbre de Santiago contribuyó inclusive a polarizar las visiones de organizaciones sociales a lo largo del continente, entre las organizaciones “insider” que sostenían una estrategia de diálogo con los gobiernos esperando una aperutra gradual de las estructuras de toma de decisiones y las “outsiders” que cuestionaban la posibilidad de influir en la agenda del ALCA con un programa reformista (Korzeniewicz y Smith 2003). Esto ha sucitado un importante debate interno en la ASC con respecto a su posicionamiento estratégico para incidir el proceso del ALCA (Saguier 2007).

La reunión Ministerial de Ministros de Comercio del ALCA de Toronto de noviembre de 1999 presentó una segunda ocasión para intentar un diálogo político con los representantes gubernamentales. El objetivo central de esta reunión fue la preparación de un borrador para el ALCA que luego sería presentado en la reunión ministerial de Buenos Aires en 2001 (FTAA Trade Ministerial 1999). La ASC se abstuvo de participar en las consultas oficiales que fueron coordinadas por la organización estadounidense Esquel Group Foundation cuya reputación era la de trabajar en estrecha colaboración con las autoridades gubernamentales para intentar proveer legitimidad a proyectos políticos potencialmente controversiales como el ALCA (Prévost 2003: 123). La ASC consideró que estas consultas eran instrumentales a los esfuerzos de los gobiernos de asegurar el apoyo para el proceso del ALCA. Por otro lado, Common Frontiers (ASC) organizó un Foro de la Sociedad Civil y una conferencia titulada “Nuestra América: hacia una visión del pueblo del hemisferio”, a la que asistieron más de cuarenta organizaciones sociales de la ASC provenientes de veinte pasíses de América Latina y el Caribe.

La ASC finalmente tuvo la oportunidad de presentar sus visiones a representantes gubernamentales en una esperada reunión. Esto generó grandes expectativas en la ASC, ya hasta ese entonces no se habían presentado mejores condiciones para discutir las implicancias de la liberalización comercial directamente con funcionarios de alto nivel. La respuesta obtenida por parte de los representantes gubernamentales fue, sin embargo, vaga y carente de sustancia (Korzeniewics y Smith 2003: 63). Los participantes de la ASC leyeron una serie de preguntas a los representantes gubernamentales con la esperanza de comenzar un diálogo en las implicancias sociales y medioambientales del proyecto del ALCA. Ellos respondieron de una forma diplomática y evasiva, sin responder ninguna de las preguntas. Quedó claro que incluso la posibilidad de un contacto cara a cara con los negociadores del ALCA no garantizaba un debate.

A esto se sumó la ausencia absoluta en el texto de la declaración final de la Reunión Ministerial de los aportes alcanzados por ASC en esta ocasión como los documentos sobre ‘Financiamiento y Deuda de Inversiones en las Américas’ (ASC 1999a); ‘Exclusión social, Empleos y Pobreza en las Américas’ (ASC 1999b); así como la última versión del documento de ‘Alternativas para las Américas’ con propuestas para una agenda de integración regional diferente a la planteada por el ALCA. Por otro lado, el texto de la declaración incorporaba las recomendaciones realizadas por organizaciones empresarias en el Foro de Negocios de las Américas (Korzeniewics y Smith 2003: 63). Según Jay (2001) de la Alianza para el Comercio Responsable - ART (ASC), esta omisión fue el golpe final que condujo a que incluso los miembros más moderados de la ASC radicalizaran sus posiciones con respecto al proceso del ALCA.

En un esfuerzo por mostrar compromiso con un proceso ALCA democrático y abierto se crea en 1998 el Comité del ALCA de Representantes Gubernamentales para la Participación de la Sociedad Civil (CRG). El CRG fue concebido como un vehículo para “transmitir” las visiones y recomendaciones de la sociedad civil a través de Internet para consideración de los Ministros de Comercio del ALCA. La primera utilización de este mecanismo de consulta se realiza en 1998 con el lanzamiento de una ‘Invitación Abierta a la Sociedad Civil’ en 1998 seguida por una segunda ronda de invitaciones en el 2000. Las limitación de este mecanismo de consulta para garantizar la representatividad de una masa critica de organizaciones sociales a lo largo del continente fue rápidamente puesta de manifiesto. Muy escasos aportes fueron presentados por la sociedad civil, los cuales se limitaron a contribuciones de organizaciones mayoritariamente de los Estados Unidos y Chile (FOCAL 2000: 4; Korzeniewicz y Smith, 2003: 53; Ricco et al. 2006: 223; SELA 2000: 13; Wiesebron 2004: 81).

Más allá de la poca recepción de organizaciones de la sociedad civil al CRG, este mecanismo de participación se ve también limitado por el poder discrecional que le confiere a los Ministros de Comercio para discernir cuales recomendaciones son consideradas “inapropiadas”. Los gobiernos especificaron que el CRG sólo aceptaría “asuntos relacionados con el comercio” que fueran presentados de manera “constructiva”. Temas como derechos humanos, género, pobreza, y otros, que son comunmente tratados por algunos funcionarios como “temas no comerciales”, no serían llevados a las discusiones (Shamsie 2003: 16). Cualquier presentación que pudiera politizar, y de ese modo potencialmente obstruir y retrasar el objetivo de la liberalización mercantil en el continente, consistiría en una propuesta inapropiada.

Asimismo, aquellas organizaciones que aportaron recomendaciones a los Ministros no recibieron ningún tipo de respuesta ó comentario que pudiera servir como base para un diálogo o intercambio de ideas (Hansen-Kuhn 2001: 5; Sampson 2004: 56). La organización estadounidense ART (ASC) presentó una serie de recomendaciones acerca de cómo los gobiernos podrían establecer mecanismos para la particiación real de la sociedad civil (en contraste con los inefectivos mecanismos del CRG), así como propuestas alternativas de integración contenidas en el documento Alternativa para las Américas. También, se presentó una carta solicitando respuestas escritas a las presentaciones depositadas en el CRG. Nunca se obtuvo respuestas. El CRG más tarde resumió las setenta presentaciones que había recibido de individuos y organizaciones de las Américas en un informe de cinco páginas que entregó a los Ministros de Comercio (ART 2003).

Según Karen Hansen-Kuhn, el CRG nunca tuvo la intención de fomentar un diálogo de doble vía entre el gobierno y la sociedad civil, sino la de servir como un buzón de correo para recibir comentarios que luego se resumirían para los Ministros de Comercio (ART 2003: 2). La función real del CRG era la de “mantener la apariencia del diálogo” (Barlow en Wiesebron 2004: 82; ART 2003). Como en otras oportunidades, la ASC decidió no volver a participar en lo que consideró eran ejercicios de simulación de participación con la sociedad civil (Shamsie 2003: 33).

Esta decisión de la ASC fue reflejada más tarde en su rechazo a formar parte de las consultas oficiales apoyadas por los gobiernos de Canadá y Québec en preparación a la Cumbre de las Américas de Québec en abril de 2001. Se organizó, en cambio, la segunda Cumbre de los Pueblos que fue coordinada por RQIC y Common Frontiers y que recibió un importante apoyo del Canadian Labour Congress (CLC) y la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) de Québec. Este evento reunió a 3.500 delegados (Barlow 2001) en una serie de actividades y talleres que trataban temas específicos como: trabajo, mujer y globalización, educación, comunicaciones, derechos humanos, agricultura, medioambiente, foros parlamentarios, distribución equitativa de la riqueza.

Por otro lado, la ASC también presionó para la realización de un debate cara a cara con las autoridades publicas de la región convocadas por la cumbre presidencial. Se procuró que la reunión tuviera cobertura en vivo de los medios masivos, para mostrar públicamente la reticencia oficial por tratar los temas del desarrollo como había ocurrido en una oportunidad anterior en Toronto. Los representantes canadienses declinaron esta audaz invitación y ofrecieron a cambio concertar una reunión tras puertas cerradas dentro del perímetro de seguridad que protegía la zona donde se encontraban los funcionarios gubernamentales. Los representantes sindicales y miembros del gabinete canadiense (incluyendo al Ministro de Comercio) serían invitados a participar de este intercambio (Korzeniewics y Smith, 2003: 68). Finalmente, la reunión tuvo lugar de acuerdo a las condiciones establecidas por el gobierno canadiense, aunque no contó con la presencia de la ASC (Shamsie 2003: 34). La ASC no aceptó que se realizara una reunión a puertas cerradas ya que sería interpretado como un signo de que la ASC estaba traicionando su compromiso con un proceso abierto y democrático del ALCA. Más importante aún, una reunión secreta frustraría el objetivo de la ASC de abrir el debate sobre el ALCA al público general.

Las invitaciones subsecuentes para participar en las consultas oficiales fueron nuevamente declinadas o abiertamente rechazadas, como en el caso de la invitación a participar en una reunión con los ministros en ocasión de la Reunión Ministerial de Comercio de Quito en noviembre de 2002 (ASC 2002b). Asimismo, se rechazó también el proceso de consulta convocado por el gobierno argentino en preparación para la Cumbre de las Américas de Mar del Plata del 4 y 5 de noviembre de 2005. En cambio, la ASC coordinó la tercera Cumbre de los Pueblos (Cumbre de los Pueblos 2005).

Tras la Cumbre de Quebec finalmente se hizo público el texto borrador del tratado del ALCA en respuesta a la presión de parte de la ASC y otras organizaciones por una mayor transparencia del proceso. Al tener acceso al texto del ALCA, la ASC pudo confirmar que no había sido capaz de influenciar el contenido de la agenda. Esto puso en evidencia que el proceso de negociaciones ALCA era sigiloso, poco democrático y claramente excluyente de muchos sectores de la sociedad civil, lo cual contrastaba con la retórica oficial de los gobiernos en apoyo de la amplia participación ciudadana (Sosa Iglesias 2005: 264). La finalidad instrumental de los mecanismos de consulta convocados por gobiernos para el ALCA era la de procurar proporcionar legitimidad democrática a un proyecto de integración comercial de gran y desigual impacto distributivo. Desde ese momento, la ASC duplicaría sus esfuerzos para fomentar un debate en el proyecto del ALCA, aunque lo haría en los sectores populares. Estas iniciativas son analizadas en la sección siguiente.

Las consultas populares sobre el ALCA

La decisión adoptada por la ASC de abstenerse de participar en las consultas oficiales con la sociedad civil refleja el agotamiento de la estrategia reformista adoptada en las etapas iniciales de la coalición para democratizar el proceso ALCA. Esto lleva a la adopción de una estrategia más radical que procura el descarrilamiento del proceso ALCA. Un ALCA sin modificaciones es intrínsicamente contradictorio con la democracia y el desarrollo. Por lo tanto, se concluye que si el proceso ALCA no pude ser democratizado a través de sus instituciones, y así reformada su agenda, entonces debe ser frenado de lleno. Para esto la ASC lidera el armado de una Campaña Continental de Lucha contra el ALCA.

El creciente cuestionamiento al proyecto ALCA en la opinión pública - a lo que la ASC contribuyó con sus acciones - se demuestra en la sorpresiva irrupción de movilizaciones masivas sin precedente en contra de las consecuencias neoliberalismo y el poder de las corporaciones en la democracia y el desarrollo - Chiapas, Seattle, Porto Alegre, Quebec y otras (Seoane y Taddei 2002). En este contexto político, el formato de la Campaña permitió actuar como un paraguas para la incorporación de un rango de fuerzas sociales mucho más amplio de las que eran parte de la ASC. Asimismo, la Campaña también condujo al acercamiento de la ASC con los gobiernos de Cuba y, más tarde, Venezuela. Esto debendría en un profundo debate al interior de la ASC sobre el significado y los límites de la autonomía de los movimientos ante el surgimiento de gobiernos ‘aliados’ en la región (Saguier 2004; 2007).

La Campaña tenía como una de sus actividades centrales la organización de una consulta popular hemisférica sobre el ALCA. Esta procuraba generar el debate público que no se había logrado conseguir en las instancias formales del ALCA, contribuyendo a la educación popular sobre las consecuencias de este proyecto. Esto permitiría asimismo movilizar una masa crítica para presionar a los gobiernos de la región a que convocaran a plebiscitos nacionales para decidir la eventual adhesión al ALCA.

Las consultas populares fueron realizadas por entre septiembre de 2002 y marzo de 2003. Se contó con flexibilidad para que cada unidad de coordinación nacional decidiera qué tipo de iniciativa de consulta era la más apropiada para cada país, considerando las condiciones políticas específicas y la infraestructura disponible en cada lugar. El poder de convocatoria de las consultas fue dispar. Factores que restaron potencial en algunos países incluyen: la desigualdad de fuerza de las organizaciones sociales involucradas en las consultas; la falta de apoyo de algunas redes internacionales en la organización de las consultas; las dificultades encontradas en lograr que los debates del ALCA fueran accesibles a los sectores populares; y el fracaso en conectar la lucha contra el ALCA con las prioridades de algunos de los movimientos sociales a nivel nacional (De la Cueva 2004). La capacidad para vincular la preocupación del ALCA a los temas y demandas sociales enraizadas en luchas y referentes locales/nacionales resulta de importancia central.

La más exitosa de estas experiencias tuvo lugar en Brasil entre el 1º y el 7 de septiembre de 2002, donde más de 10 millones de personas en 3.894 municipios de todo el país participaron en un Plebiscito Popular sobre el ALCA. Los resultados de esta consulta mostraron que el 98% de la gente que participó se oponía a la firma del ALCA, contra el 1% que apoyaba este tratado (‘Dez milhões’ 2002). También se produjo material para educación popular que fue ampliamente distribuido (40.000 folletos; 5.000 videos; 15.000 libros; 50.000 posters; CDs que fueron entregados a las radios locales; y 3.000.000 volantes informativos sobre el ALCA). El resultado masivo del plebiscito fue el resultado de una campaña de información muy exitosa, pero también de un momento político generado por un plebiscito anterior sobre la deuda externa en el 2000, en el cual participaron 6 millones de personas. El éxito de esta consulta también fue atribuido a la infraestructura y capacidad de movilización provista por la Confederación Nacional de Obispos Católicos, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) y la CUT. Cabe remarcar que el Partido dos Trabalhadores (PT) en el gobierno no formó parte de la organización de esta consulta.

Otras actividades organizadas en Brasil incluyeron el Encuentro Jurídico Continental sobre el ALCA llevado a cabo en agosto de 2003, y la colecta de dos millones de firmas peticionando al gobierno la organización de un Plebiscito Oficial Nacional sobre el ALCA. El número relativamente bajo de votos reunidos en esta última consulta se explica por el nivel decreciente de capacidad de movilización de la Campaña producto de las expectativas instaladas sobre el gobierno recientemente elegido de Lula (Berrón y Freire 2004: 303).

Otra iniciativa importante tuvo lugar en Argentina, donde la Autoconvocatoria No al ALCA organizó una Consulta Popular sobre el ALCA, la Deuda Externa y la Militarización entre el 20 y el 26 de noviembre de 2003. En esta ocasión, 2.252.358 de personas votaron en 5.700 urnas ubicadas en cada provincia del país (Berrón y Freire 2004: 301; Echaide 2006). Los resultados de la consulta mostraron que el 96% de la gente expresaba su oposición al ALCA, 88% contra el pago de la deuda externa del país y el 97% contra la autorización del establecimiento de una base militar estadounidense en Argentina para ejercicios militares conjuntos. En términos de la cantidad de gente que participó, esta consulta fue la segunda iniciativa más importante de la campaña, siguiendo a la consulta de Brasil (Berrón y Freire 2004: 301). En julio de 2004 una segunda consulta fue lanzada para presionar al gobierno para organizar un referendum oficial sobre el ALCA, otros acuerdos comerciales, el pago de la deuda externa, militarización, y la necesidad de solucionar el problema de la pobreza en Argentina. Sin embargo, la presión montada sobre esta segunda iniciativa no fue suficiente como para que el gobierno convocara a este tipo de referendum (Echaide 2006).

La experiencia de Paraguay también fue relativamente exitosa. Con el liderazgo de la Pastoral Social Nacional, los movimientos y organizaciones rurales y ONGs que trabajaban, en su mayoría, derechos humanos y medioambiente, se organizó una consulta popular durante el 2003 en diecisiete distritos de todo el país. Sobrepasando las expectativas de los organizadores, 162.676 personas participaron de la consulta. Al mismo tiempo, una serie de iniciativas de educación popular fueron organizadas antes del lanzamiento de la consulta: 23 talleres específicamente dedicados a líderes comunitarios en los cuales participaron 2.065 personas; y 182 talleres generales que llegaron a 15.849 personas. La campaña paraguaya se las ingenió para introducir el ALCA como un tema de discusión en la prensa y la agenda de debate nacional. Este es considerado uno de sus logros principales (Berrón y Freire 2004: 304).

En México se empleó entre el 12 de octubre y el 18 de marzo el sistema de proceso de consulta permanente, en el cual participaron dos millones de personas. Sin embargo, 900.000 votaron a favor del ALCA. Otra consulta fue lanzada en Ecuador por el Comité Permanente de Lucha contra el ALCA el 9 de octubre de 2003, y el componente uruguayo de la ASC coordinó en ese país la Consulta Popular Ciudadana por nuestra Soberanía y contra el ALCA el 21 de agosto de 2003 (ASC 2003). En los Estados Unidos, la Alliance for Responsible Trade - ART (ASC) organizó una serie de consultas virtuales sobre el ALCA de escasa repercusión. Deborah James (2005) sostiene que las consultas populares de Estados Unidos fueron únicas debido a la “falta de un fuerte movimiento social de masas”. Agrega que en la conducción a la Reunión Ministerial del ALCA de Miami de noviembre de 2003, grupos de Estados Unidos pudieron juntar solamente alrededor de medio millón de firmas contras el ALCA a pesar de los esfuerzos de educación colectiva.

En Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicarabua se optó por campañas para reunir firmas. En Nicaragua solamente se recolectaron 10.000 firmas en los primeros cinco meses, comenzando en junio de 2003 (ASC 2003). En Perú, el Comité Peruano de Lucha contra el ALCA condujo una encuesta de opinión pública el 20 de octubre de 2002. Los resultados arrojaron que el 35.6% de las 500 personas que participaron de la encuesta no sabían qué era el proceso del ALCA, el 27% sostuvo que sería beneficioso para el país y el 73% consideró que el gobierno debería organizar una consulta oficial antes de firmar el acuerdo. Aun más, en la Canadá angloparlante, Common Frontiers (ASA) reunió 54.000 firmas (hasta octubre de 2003) para votar al NO al ALCA (ASC, 2003), mientras que solamente en la provincia de Québec la RQIC (ASC) juntó 60.000 firmas. El 93% de esos votos era en contra de la negociación del ALCA y el 95% demandaba a su gobierno que no firmara ningún acuerdo hemisférico sin un proceso de negociación democrático y transparente y que pudiera socavar el poder soberano del Estado de legislar en nombre del interés público, la democracia y el respeto por el medioambiente, la prevalencia de los derechos individuales y colectivos sobre el comercio y la igualdad entre mujeres y hombres (Brunelle y Dagenais 2004: 5).

El alcance de las diversas modalidades de consultas populares implementadas no lograron llegó en ninguno caso a los gobiernos se comprometieran a supeditar la eventual adhesión al ALCA a la decisión vinculante de un referendum oficial (salvo Venezuela por iniciativa propia). A pesar de esto, sirvieron para aumentar el conocimiento público sobre el proyecto del ALCA. También para fomentar el alineamiento de coaliciones multisectoriales tanto al interior de los países como a nivel hemisférico en torno a a una problemática común como la del ALCA. Asimismo, las consultas populares contribuyeron a polarizar las percepciones sobre el ALCA, dificultando los reiterados intentos de algunos gobiernos por dar impulso a las negociaciones del tratado y así evitar que se empantanaran como finalmente ocurrió a partir de 2003 en adelante.

Conclusión

La experiencia de la ASC en sus esfuerzos por democratizar el proceso y la agenda del ALCA permite esbozar algunas conclusiones preliminares sobre las carácteristicas y formas de acción de nuevos sujetos transnacionales críticos a la globalización neoliberal.

Con respecto a las distintas escalas de acción de la ASC, se evidencia la priorización de los niveles hemisférico y nacionales en formas simultáneas. Desde sus comienzos la ASC se abocó a construir bases de apoyo multisectorial en diversos movimientos y sectores diversos - como sindicatos de tabajadores, organizaciones de indigenas y campesinos, entre otros - generándo vinculos transnacionales a nivel continental asentados en coaliciones nacionales. La construcción de formas de articulación política entre las dimensiones hemisférica y nacionales ha sido, por lo tanto, un rasgo central de la concepción estratégica y organizativa de la ASC.

Prodriamos decir que en las acciones durante la primera fase de la ASC se inclinan al nivel hemisferico, principalmente en tanto la atención estaba puesta sobre el proceso de negociaciones y en las perspectivas de lograr indicir sobre éste mediante la participación en las consultas formales del ALCA. Durante su segunda fase, la ASC priorizó con mayor énfasis la movilización a escala nacional en la organización de las consultas populares y convocatorias diversas de educación popular y divulgación. No obstante el peso relativo que cada escala de acción pudiera tener en distintos momentos de la coyntura, lo definitivo es que la ASC siempre desplegó sus acciones en ambos niveles en forma simultánea.

La dimensiones hemisférica y nacional se apoyan mutuamente, e incluso potencian y redefinen recíprocamente. Por un lado, Campaña Continental de Lucha contra el ALCA no podria haber tenido lugar sin la demostración de que el proceso ALCA no era permeable a las demandas sociales y al debate - como fuera demostrado durante su primera fase de la ASC identificada con su momento ‘reformista’. Así se puso en evidencia la falta de transparencia de las negociaciones y la ausencia de mecanismos para la participación substantiva de organizaciones de la sociedad civil en el proceso hemisférico. Esto creó las condiciones políticas para una creciente oposición al ALCA, permitiendo convocar un número ampliamente mayor de organizaciones sociales en la región en el objetivo común de parar este proyecto de integración comericial. Las consultas populares realizadas en el marco de la Campaña contribuyeron, en diversos grados, a abrir el espacio político en los distintos países para insertar el tema del ALCA en la discusión pública y los medios de comunicación. Es decir que las posibilidades de avanzar en la democratización del debate sobre el ALCA a escala nacional estuvieron inter-relacionadas con las consecuencias de la acciones de la ASC en la escala hemisférica.

Por otro lado, en el sentido inverso, las acciones en las escalas nacionales de la ASC también tuvieron un impacto en lo hemisférico. La Campaña contribuyó al cambio del clima político en América Latina que acompañó la llegada al poder de gobiernos con distintas visiones críticas al proyecto ALCA - Venezuela en 1998, Brasil en 2002, Argentina en 2003, Uruguay en 2004 y luego Bolivia y Ecuador en 2006. En ciertos casos estos gobiernos tomaron y reprodujeron las demandas y críticas al ALCA elaboradas por la ASC, más notoriamente en Venezuela con base en el documento de la ASC sobre ‘Alternativas para las Américas’ (Saguier 2007). El nuevo escenario político facilitó la convergencia entre estos nuevos gobiernos acerca de la necesidad de abandonar la búsqueda de posiciones comunes para el acordar un ALCA. Esto se evidenció en la Cumbre de Mar del Plata de 2005, en donde el ALCA fue definitivamente sepultado como iniciativa hemisférica.

La construcción de un sujeto politico heterogéneo como el ASC, centrado en una preocupación común como el ALCA, implicó necesariamente la complejización de las referencias simbólicas y marcos de acción que hacen a lo ‘nacional’ y lo ‘hemisférico’ (ó internacional). Reclamos locales, fuertemente arraigados en realidades nacionales y sectoriales específicas, se conectan conceptualmente con una crítica al carácter anti-democático y anti-desarrollista del ALCA. Esto se ve en la propuestas alternativas al ALCA desarrolladas por la ASC en los documentos de ‘Alternativas para las Américas’ y con mayor claridad aún en la fase de movilización de la Campaña.

En la Campaña se vinculó al ALCA con temas puntuales de gran resonancia y capacidad de movilización específicos a cada país. Por ejemplo, la soberanía democrática, la deuda externa, la militarización, la defensa de los derechos humanos y sociales, el control de los recursos naturales y el imperialismo del gobierno de los Estados Unidos. En este sentido, el ALCA proporcionó un eje transversal para resignificar el sentido de los limites de lo ‘nacional’, ampliándolos para abarcar una dimensión hemisférica que situaba al proyecto ALCA como el intento por cristalizar mediante un conjunto de reglas comerciales un modelo económico-político regional para las empresas transnacionales.

Sin embargo, la importancia atribuida a la mirada ‘hemisférica’ nunca ha representado un abandono de las referencias a lo ‘nacional’. Desde sus comienzos, la ASC se ha apoyado en una mirada local/nacional al priorizar la reflexión sobre cómo aprovechar los beneficios del comercio para el desarrollo sosttenible de las economías nacionales - a diferencia de favorecer el comercio a costa del desarrollo nacional como proponía el proyecto ALCA. Nuevamente se evidencia la relevancia de la escala de acción a nivel nacional en la visión estratégica de la ASC con su intento por conseguir que los gobiernos de la región llamaran a plebicitos nacionales para decidir la eventual adhesión al ALCA. Es decir que las acciones centradas en la esfera nacional no deben ser entendidas como contradictorias o excluyentes con la proyección hemisférica de la ASC. En todo caso, podríamos afirmar que existe una tensión constructiva entre ambas horizontes políticos y escalas de acción, las cuales se encuentran en constante negociación y redefinición. Esto es propio de la dinámica de este tipo de sujeto político transnacional como parte de un proceso de formación identitaria.

Desde el 2005 el fracaso del proyecto ALCA como piedra angular de los procesos de integración comercial hemisférica plantea un importante desafio para la ASC. Por un lado, el surgimiento de gobiernos de ‘izquierda’ y/o ‘centro-izquierda’ en la región obliga a redefinir los alcances de la autonomía de los movimientos. Por otro lado, la falta de percepción de temas comunes que afecten directamente a los paises en su conjunto - como fué el ALCA - compromete la continuidad del proceso de construcción de alternativas y convergencia que se viene desarrollando entre diversas organizaciones sociales del continente desde hace más de una decada. Simplemente es más dificil que sectores sociales de distintos países se involucren en esta tarea cuando sus respectivos países no están directamente comprometidos en negociaciones comerciales.

Por estas razones, el desafío actual para continuar la construcción de un sujeto político hemisférico y contra-hegemónico comprometido con la construcción y profundización de modelos de desarrollo sustentables y democráticos para la región es mantener la unidad, autonomía y masa crítica de la ASC. Un posible eje articulardor que logre capturar la imaginación y movilización transnacional de movimientos diversos en la región es la articulación con eje en el monitoreo de violaciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales con inversiones en la región. La construcción de alianzas transacionales y multisectoriales en torno a esta problemática cuenta con el potencial para encauzar la crítica democrática al modelo hegemónico de desarrollo impulsado por las grandes empresas y las políticas neoliberales.

* Agradezco a la gente de la Alianza Social Continental por haberme facilitado su tiempo y acceso a información sin los cuales la realización de este articulo no hubiese podido ser posible. En particular, mis agradecimientos a Gonzalo Berrón, Graciela Rodríguez, Marcela Escribano, Carlos Aguilar, Enrique Daza, Kjeld Jacobsen, Karen Hansen-Kuhn, Sheila Katz, John Foster, Juan González, Carlos Coronado, Claudia Torrelli, Alejandro Villamar, Carlos Torres, Blanca Chancoso, Ximena Centellas, Renato Martins, Stephen Hellinger, Rafael Freire, Rick Arnold, Iara Petricovsky, Fatima Melo, Ivan Gonzalez, Dorval Brunelle, Jacobo Torres, Pierre-Yves Serinet y Tom Loudon.

- Marcelo Saguier (msaguier@flacso.org.ar) es investigador del Area de Relaciones Internacionales, FLACSO/Argentina .

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source: ALAI