Países cuestionan el rol del Ciadi sobre arbitrajes en los TBI

Países cuestionan el rol del Ciadi sobre arbitrajes en los TBI

Por El Telégrafo | 10-5-17

El 45% de las demandas que llegan al Centro y son decididas en sus tribunales se inclinan hacia las pretensiones de las transnacionales, según la Caitisa.

Ecuador no está solo en su posición sobre los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Diferentes países y organismos internacionales sintonizan en los cuestionamientos hacia las cláusulas de resolución de controversias, que permiten a los inversionistas demandar a los Estados en tribunales externos.

Asimismo se critica el rol que ha desempeñado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) -institución del Banco Mundial, con sede en Washington-, favoreciendo a los intereses de los inversionistas.

A ello responde que varios países se hayan separado del Ciadi en la última década o estén en proceso de hacerlo. (Ver infografía)

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Así lo describió Javier Echaide, uno de los nueve comisionados de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa), que analizaron los 27 TBI vigentes en Ecuador y su impacto en materia económica y social.

Más de 50 demandas al año recibe el Ciadi. El 64% de las diferencias entre inversionistas y Estados son decididas por tribunales constituidos dentro del organismo. De esas, el 45% dan lugar parcial o totalmente a las pretensiones de las empresas transnacionales, según información oficial del Centro.

A inicios de 2016 Ecuador ocupaba el octavo lugar entre los 25 países más demandados. Ahora se ubica en décimo puesto.

“Este sistema, fuertemente criticado, está siendo expuesto a la luz de los controles de la ciudadanía. Por eso se sienten tocados en los centros de poder”, manifestó Echaide, asegurando que los inversionistas se refugian aquí para evadir las legislaciones de cada país.

Los instrumentos suscritos por Ecuador afectan la soberanía nacional, de acuerdo al artículo 422 de la Constitución. Pero, además, contravienen los 12 objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.

“Las cláusulas que los TBI imponen causan la imposibilidad de que un Estado como Ecuador pueda desarrollarse y aprovechar mejor sus recursos”, puntualizó.

El ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Andrés Arauz, calificó a los TBI como “uno de los mecanismos más atroces que tiene el capital transnacional para dominar” a los países.

Habló sobre cómo las empresas Oxy y Perenco cometieron una serie de irregularidades para aprovechar la protección que brindan dichos tratados a los inversionistas perjudicando al Estado ecuatoriano.

Arauz recordó que gracias a la filtración de los cables diplomáticos de Estados Unidos, por parte de WikiLeaks en 2010, se descubrió que la Oxy reportaba todos sus movimientos a la Embajada en Ecuador y ésta comunicaba a Washington. Se conoció que la propia Embajada norteamericana sugirió a la Oxy enjuiciar a Ecuador a través del Ciadi.

Perenco, en cambio, entró en conflicto por la Ley 42 (sobre contratos petroleros). Demandó valiéndose del TBI con Francia, mediante la configuración de una red de empresas accionistas de otras compañías relacionadas a Perenco y localizadas en diferentes territorios.

Por último, aseguró que durante un litigio por injurias entablado por el presidente Rafael Correa contra un medio de comunicación en 2011, uno de sus directivos tuvo la intención de enjuiciar al Estado aprovechando el TBI con Estados Unidos. El argumento fue que, por tener doble nacionalidad, se estaba perjudicando su inversión en Ecuador. (I)

source: El Telégrafo