Tribunal obliga a España a cumplir laudo por energías renovables

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Tribunal obliga a España a cumplir laudo por energías renovables

Por Miguel Ángel de Noceda | 5-7-17

Gobierno se defiende diciendo que “España no fue notificada antes de la sentencia”, como pide la ley.

Los 128 millones que deberá pagar España suponen menos de la mitad de los más de 300 millones que reclamaban.

El 27 de junio pasado, el juez del Tribunal Federal del distrito Sur de Nueva York, Lewis Kaplan, reconoció el laudo arbitral dictado en mayo pasado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, contra el Reino de España y a favor de Eiser Infrastructure y Energía Solar.

Eso implicaba la obligación de pagar 128 millones de euros que fijó la sentencia más los intereses acumulados desde el 20 de junio del 2014 a un tipo del 2,07 por ciento mensual.

Un día después, el Gobierno español presentó un recurso para anular la sentencia “por eludir requisitos jurisdiccionales y procesales de la ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera”. La defensa del país, representada por el despacho Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP, alega que “España no fue notificada antes de la sentencia”, como requiere esa ley. Eiser y su filial luxemburguesa, cuya defensa está a cargo de Allen & Overy, pidieron el arbitraje en diciembre del 2013 invocando el Tratado de la Carta de la Energía por el recorte de las subvenciones comprometidas para sus tres plantas fotovoltaicas (una en Extremadura y dos en Castilla-La Mancha), con una inversión de 935 millones.

La decisión a su favor supuso el primer arbitraje que perdía España por la reforma eléctrica del gobierno del PP. Una vez conocida la sentencia del Ciadi, presentaron la petición de reconocimiento del laudo ante el tribunal neoyorquino.

El laudo del Ciadi declaró que España violó el artículo 10 de la citada Carta de la Energía privando de un trato justo y equitativo a Eiser, fondo ligado a ABN Amro. La sentencia se dictó por unanimidad de los tres árbitros y fue muy contundente acerca de la ilegalidad de la transformación radical del marco regulatorio, como límite del derecho de cada Estado a regular. Los 128 millones que deberá pagar el Reino de España suponen menos de la mitad de los más de 300 millones que reclamaban.

De seguir esa misma línea en las otras 26 denuncias que hay presentadas por el recorte de las primas, la factura se elevaría a cientos de millones. Las empresas realizaron fuertes inversiones, y cuando el Gobierno cambió las reglas y recortó las subvenciones (primero a finales del 2010, con el PSOE, y luego, en el 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico del gobierno del PP), las compañías demandaron a España.

MIGUEL ÁNGEL NOCEDA
Ediciones EL PAÍS, SL 2017.

source: El Tiempo