Washington, Latinoamérica y los TLC. ¿Hacia un progresivo ALCA?

Por María Eugenia Duffard - Desde la Redacción de APM, 03|07|2007

Si bien venció el plazo de vigencia de la Trade Promotion Authority (Autoridad de Promoción del Comercio, TPA) y la Casa Blanca perdió así una herramienta para negociar Tratados de Libre Comercio (TLC). No se puede pensar que el país del norte bajará los brazos en lograr sus objetivos. (ver: ¿Qué será de los TLC con Estados Unidos?, APM, Pablo Ramos, 02/06/07)

Es cierto, no hay clima político ni predisposición pública, ni siquiera insistencia extranjera para la concreción de una Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), pero esto no significa, en lo más mínimo, que el gobierno estadounidense abandone su afán por controlar los recursos naturales y financieros de América Latina. Si bien el escenario interno de Estados Unidos está signado hoy por las discrepancias entre los demócratas enardecidos y los republicanos apichonados, ninguno pierde de vista la necesidad de mantener subordinados a los gobiernos de América del Sur, se hagan llamar estos de izquierda o de derecha.

Durante la semana pasada el senado estadounidense estuvo evaluando las enmiendas de los TLC, proyectados en 2006, que busca concretar antes de septiembre, en el caso de Panamá y Perú y en los próximos meses con Colombia y Corea del Sur. Las enmiendas están relacionadas directamente con los cambios de timón sufridos en Estados Unidos a partir de los comicios de 2006 cuando los demócratas retomaron el control del Congreso y ahora, presionados por los sindicatos, intentan hacer cumplir diversas protecciones laborales y ambientales.

En cuanto a este último aspecto, los pactos incluirán normas internacionales para la protección de especies en peligro de extinción, como la caoba en Perú, y de la capa de ozono, entre otras. Además, el acuerdo plasmado en un texto formal exige la inclusión de los cinco principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el trabajo infantil, el trabajo esclavo y la discriminación, así como el derecho de asociación y formación de sindicatos.

Sin embargo, activistas que rechazan la integración comercial aseguran que ese texto formal -ya aceptado por Perú y Colombia- no responde a las necesidades de la comunidad latinoamericana dentro y fuera de Estados Unidos. Asimismo, seguidores del Partido Nacionalista Peruano del ex candidato presidencial Ollanta Humala rechazaron la "aprobación indigna" de las enmiendas por el daño que producirá a los pequeños empresarios y a los agricultores.

Asimismo quienes rechazan los TLC sostuvieron que debe abandonarse el modelo del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), suscrito por Estados Unidos, México y Canadá, puesto que éste sólo contribuyó a agravar la crisis del campo en México causando la pérdida de casi un millón y medio de empleos en el sector rural.

El mismo rechazo esgrimieron los líderes de la comunidad hispana, aunque su argumento se basó en que estos tratados bilaterales que empobrecen , entre otros, al sector agrícola sólo alentarán la inmigración ilegal de los pequeños agricultores.

En ese marco Washington volvió a incluir las mismas cláusulas agrícolas del TLCAN en los tratados con Perú, Colombia y Panamá, las cuales sin dudas perjudicarán a productos como el maíz, arroz o los fríjoles, más allá de cualquier enmienda.

Pese a lo demostrado en las experiencias de México y Centroamérica, naciones que han perdido toda posibilidad de arbitrio sobre sus recursos naturales, humanos y financieros, tanto el gobierno de Alan García en Perú, como el de Álvaro Uribe en Colombia, no cesan en su afán por proclamar las bondades que estos pactos comerciales significarán a la región.

Así, el presidente peruano manifestó ante la prensa recientemente que “si logramos vincular nuestra sierra con los grandes mercados mundiales habremos dado un paso fundamental, de manera que culminar este Tratado de Libre Comercio será muy importante”. Además García busca promover una relación bilateral más profunda en materia de seguridad que permita a Perú acceder a los programas de ayuda militar estadounidense y obtener apoyo “para el patrullaje de interdicción en la costa norte para evitar el tráfico de cocaína”.

Sin embargo, para obtener mayor colaboración el gobierno estadounidense debería hacer una excepción en tanto el país andino suscribió, años atrás, al Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional. Según las leyes de Estados Unidos aquellos países que firmaron dicho tratado no pueden acceder a programas de ayuda militar.

Es sabido que para la administración Bush las políticas comerciales van de la mano con las estrategias militares y por tanto no descarta la posibilidad, al tiempo que según distintas investigaciones prepara el terreno para trasladar la base militar de Manta (Ecuador) a territorio peruano o colombiano en caso de no renovarse la concesión ecuatoriana en 2009.

Asimismo desde Colombia, Álvaro Uribe busca por todo los medios resolver y prever cualquier escollo que impidiera la concreción de un TLC que ampliara el abanico económico más allá de las consideraciones que ya obtiene en el marco del Plan Colombia.

Sin embargo, los legisladores estadounidenses continúan mostrándose insatisfechos por la violencia contra los gremios en Colombia, e incómodos por el escándalo de la "parapolítica" en ese país, por lo que Bogotá no tiene aún asegurada la ratificación de su TLC. Además los demócratas dicen desaprobar la política de las fumigaciones en plantaciones de coca, al tiempo que aseguran promover la entrega de un subsidio destinado a impulsar la plantación de otros cultivos.

Es evidente, que para Estados Unidos estas especificaciones, entre las que se encuentra la protección de los recursos naturales de América Latina, no resultaban contundentes allá por 2006 cuando se pautaron los acuerdos comerciales. Momento en que la política exterior del actual presidente de Estados Unidos, George W. Bush, signada por la monstruosa invasión a Irak, beneficiaba a los grandes conglomerados económicos.

Esas mismas firmas que hoy buscan la solidificación de acuerdos comerciales con América Latina en pos de asegurarse una inserción directa o indirecta en la política interna de la región bajo el pretexto de “la democracia para el desarrollo”. A lo que aspiran en realidad es al control de los recursos naturales, al control de la biodiversidad que en un futuro, siempre cercano, resultará esencial para la obtención de energía y cómo un factor importante geopolíticamente.

En tanto, si por una parte los TLC con Colombia y Perú, además de la colaboración militar, aseguran a Estados Unidos una intervención mas directa en territorio latinoamericano; otros tratados como el que firmarán próximamente Felipe Calderón, presidente de México, y su homologo nicaragüense, Daniel Ortega, le permiten una inserción constante en las estrategias que empleen estas naciones en materia de relaciones exteriores. De lo que se trata, en definitiva, es de mantener intacto el dominio del llamado “patio de atrás”.

En el caso de Panamá, quien firmó recientemente un TLC pactado en 2006 con Estados Unidos y cuyo objetivo es profundizar, aun más, las relaciones comerciales entre ambos países, las enmiendas no son más que un subterfugio administrativo. Según estadísticas de la Oficina de la Representante de Comercio Exterior (USTR, por su sigla en inglés) el intercambio comercial entre Estados Unidos y Panamá fue en 2005 de un total de 2.500 millones de dólares, la mayor parte debido a las exportaciones estadounidenses, las cuales se incrementaron en un 30 por ciento, sólo entre 2002 y 2003.

Panamá mantiene una relación casi parasitaria con Estados Unidos signada por la perpetuación del Plan Puebla Panamá (PPP), que engloba además el Sistema de Integración Eléctrica de América Central (SIEPAC), cuya discusión inició en los años 80, y el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), y a través del cual se establecen relaciones comerciales, culturales y militares con México, Nicaragua, Centroamérica y, desde hace casi un año, también con Colombia.

En definitiva el acuerdo bilateral con Panamá, al igual que los otros pactados por Estados Unidos, forman parte de la estrategia del gobierno de Washington para la liberalización del comercio, a falta de un consenso regional sobre un ALCA.

No es novedad que existe en América Latina una corriente de gobiernos neoliberales con políticas de seguridad arbitrarias que bajo la bandera de un mecanismo democrático inexistente y casi utópico buscan destrozar los esfuerzos de otras vertientes por la unión de los pueblos. Si en algún momento se pensó en la posibilidad de una integración latinoamericana signada por consignas pluralistas y reivindicatorias de los derechos del pueblo latinoamericano, en la actualidad ese paradigma resulta más que difuso.

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