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CIADI rechaza demandad de hermanos Francisco y Carlos Ríos en contra del Estado de Chile por falencias del Transantiago.
La parte esencial de los contenidos de la negociación reafirma el punto de vista de retomar una estructura productiva colonial por parte de los países del Mercosur, donde de este lado del Atlántico los países se especializan en el abastecimiento de productos primarios a Europa y en la compra de productos manufacturados a sus socios europeos.
Corea del Sur sostendrá la séptima ronda de diálogos con China esta semana, para discutir sobre la potencial expansión del alcance de su tratado de libre comercio bilateral (TLC), para abarcar de mejor forma el sector servicios y de inversión.
La compañía portuguesa Mota Engil ha notificado al Gobierno paraguayo dos demandas de arbitraje internacional relacionadas con el proyecto Metrobús.
La compañía portuguesa Mota Engil reclama un total de 25 millones de dólares al estado paraguayo por el fallido contrato del proyecto Metrobús.
En enero, Colombia recibió una notificación de intención de acudir a arbitraje de inversiones por parte de Uber y su filial colombiana por suspender el servicio en el país.
Las acciones del Gobierno de Enrique Peña Nieto contra Oceanografía podrían costarle alrededor de 300 millones de dólares a la actual Administración.
Corea del Sur y Rusia planean acelerar las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral en los sectores de servicios y de inversión, divulgaron hoy aquí.
El RCEP no sólo cambiará las reglas sobre la exportación e importación de bienes y servicios; cambiará la forma en que los gobiernos deciden sobre los derechos de tierras y quiénes tienen acceso a ellos.
El acuerdo comercial entre Argentina y Chile ya fue avalado sin debate por el Senado del vecino país. El Congreso argentino lo había aprobado a fines de año pasado.
El Estado respondió así a la indemnización de 1.626 millones de pesos que exigió la multinacional española por la intervención de la empresa de servicios públicos.
La agenda del último G-20 pasó por alto los riesgos de crisis financiera advertidos por el propio FMI. En tanto, el Mercosur insiste en un TLC con la Unión Europea que facilitaría la evasión y fuga de divisas a través de las garantías de libre circulación de capitales.
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La campaña ’No a los tratados de comercio e inversión’, de la que forma parte Ecologistas en Acción, ha lanzado una herramienta ciudadana para enviar correos electrónicos a eurodiputadas y eurodiputados españoles pidiendo su voto negativo al tratado comercial UE-Japón (JEFTA)
Chile es el país que ha firmado más TLC, incluso por sobre las dos principales potencias mundiales: Estados Unidos y China. Y este año, con el desconocimiento generalizado de las fuerzas políticas y la opinión pública, se han tramitado TLC con Indonesia, China-Hong Kong, Argentina, Uruguay y la actualización del TLC con Canadá, mientras se sigue negociando con Brasil y la Unión Europea.
Los TLC son mucho más que tratados sobre el comercio entre países. En realidad avanzan en la desregulación y liberalización de actividades económicas que antes han estado en manos de los Estados, como los servicios públicos, la educación, la salud, el sistema de pensiones y otros.
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El ministro Astori dijo que “lamenta” que no se respalde la política de apertura del gobierno.
La derecha, unánimemente, apoya el TLC Chile-Uruguay y el ingreso de Uruguay al Tratado de Cooperación de Patentes (TCP); el propio TLC con Chile “insta” a Uruguay a realizar los máximos esfuerzos para ingresar a dicho tratado. En la izquierda tenemos distintas visiones.
En los últimos años hemos comenzado a discutir sobre instrumentos que, bajo la engañosa idea de modernidad, representan una nueva ofensiva por asegurar cada vez más la presencia del mercado en todas las esferas de la vida de las personas y limitar el espacio soberano para las políticas públicas en favor de las mayorías sociales.
La UE quiere abrir nuevos mercados con un tratado comercial cada seis meses”: así de avaricioso se expresó recientemente Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea, ante el Consejo Atlántico en Washington, un lobby corporativo influyente en las relaciones transatlánticas.
Argentina le pagará a Suez u$s275 millones, lo que representa un descuento del 25 por ciento en relación a los u$s367 millones que se le deben.
