Argumentos políticos y técnicos que dividen al Frente Amplio ante ratificación del TLC con Chile
Argumentos políticos y técnicos que dividen al Frente Amplio ante ratificación del TLC con Chile
Por Natalia Uval | 21-10-17
La película tiene los mismos actores, casi las mismas siglas, sólo cambia el contexto. Como sucedió en 2006 con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), y volvió a pasar en 2015 con el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés), la política exterior es el más claro ejemplo del margen que tiene el Frente Amplio como partido para matizar e incluso revertir medidas adoptadas por el gobierno.
Hoy el tema es el TLC con Chile, un acuerdo que se firmó en 2016 sin demasiada pompa ni resistencia. Un tratado que suscribieron dos presidentes amigos, Tabaré Vázquez y Michelle Bachelet, en un esquema de relacionamiento sur-sur pero con una proyección de acercamiento con todo el arco del Pacífico. Un acuerdo que no innova en materia de liberalización del comercio de bienes, pero sí en otras áreas. Que ingresó al Parlamento a comienzos de año, y allí quedó, en la Cámara de Senadores, sin poder salir de comisión. Algunos legisladores, como Roberto Chiazzaro, del Partido Socialista (PS), adelantaron tempranamente su rechazo, y la senadora frenteamplista Constanza Moreira (Casa Grande) planteó sus reticencias en la Comisión de Asuntos Internacionales, que tiene a estudio el acuerdo. El presidente de la Comisión, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, le dijo al canciller Rodolfo Nin Novoa que él estaba dispuesto a poner en consideración el texto, pero que el Frente Amplio lo estaba trancando. Y el senador nacionalista Luis Lacalle Pou le ofreció a Nin los votos de su partido para aprobarlo.
Sin embargo, la discusión seguía otros carriles en la interna del oficialismo. La Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio empezó a abordar el tema el mes pasado, y desde el principio pareció claro que no podía lograrse un documento consensuado. Habrá dos posiciones, y por lo menos dos documentos, uno a favor y otro en contra de la ratificación parlamentaria del TLC. El primero será suscrito por el Frente Liber Seregni (FLS) y por el sector De Frente –que lidera el secretario político del Frente Amplio, Gonzalo Reboledo–. Estos grupos están terminando de redactar un texto, al que accedió la diaria, que detalla las ventajas del tratado. “Muchas veces se discute en el Frente Amplio si TLC sí o no, y no queremos discutir sobre siglas, sino sobre contenidos. Los acuerdos de libre comercio pueden ser malos o pueden ser favorables para el desarrollo nacional”, sostiene el encargado de Relaciones Internacionales de Asamblea Uruguay, Sebastián Hagobian.
Del lado de la oposición al acuerdo se ubican, entre otros sectores, Casa Grande y el Partido Comunista (PCU), que suscribieron un documento conjunto. El primer argumento que mencionan para oponerse a la ratificación del TLC es la “ausencia de información en tiempo y forma para la discusión”. “El TLC con Chile se negoció en ocho meses y luego de firmado sólo se subió la información sobre el acuerdo a la página web de la cancillería, pero no se informó ni a la sociedad civil ni al Frente Amplio”, sostienen estos sectores.
En segundo lugar, el PCU y Casa Grande afirman que no existe una evaluación de los impactos que tendrá el acuerdo, teniendo en cuenta que la “desregulación o imposibilidad de regulación” prevista por algunas de sus disposiciones “podrían poner en entredicho la subsistencia de sectores clave, o el desarrollo de nuevas áreas estratégicas para el desarrollo del país”. Al mismo tiempo, mencionan la “debilidad” del país al momento de negociar, por la carencia de “equipos sólidos” a tales efectos. “El Frente Amplio está gobernando por tercera vez consecutiva Uruguay y no se ha propuesto y no ha podido formar equipos profesionales de negociación”, en particular en los temas de propiedad intelectual y comercio electrónico, denuncian estos sectores.
Mientras tanto, dos sectores de peso en la interna frentista, como el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el PS, todavía no adoptaron una resolución. El Ejecutivo del MPP se reunió el jueves de noche pero no decidió una postura; en cambio, resolvió seguir analizando con detenimiento el texto y averiguar los motivos por los que el Parlamento chileno todavía no aprobó el acuerdo, informó el diputado del sector Daniel Caggiani. Aunque el MPP todavía no se pronunció formalmente y tiene posiciones distintas sobre el tema –el ex presidente José Mujica, por ejemplo, considera que habría que ratificarlo–, tanto el informe técnico como la posición de la mayoría de los dirigentes se inclina por rechazar el TLC.
El diputado del MPP Julio Battistoni dijo a la diaria que personalmente es contrario al acuerdo. “¿Para qué tenemos que jugar en este tipo de cosas, qué tenemos para ganar? ¿Por qué tenemos que posicionarnos frente a esto como país, cuando no está claro ni siquiera qué ventajas hay?”, inquirió.
Por su parte, el PS está dividido. En conversaciones informales, la secretaria general del partido, Mónica Xavier, dijo a dirigentes del FLS que era partidaria de ratificar el acuerdo. En cambio, otros dirigentes sectoriales, como Chiazzaro, se oponen a aprobarlo. El diputado socialista incluso está en contacto con organizaciones chilenas que también se oponen al TLC (ver recuadro). El legislador estimó: “Se va formando una opinión de que no es cuestión de firmar cualquier tipo de tratados, que hay que estudiarlos, que hay que darle participación a la gente, y que no es serio que te manden un tratado sin un análisis de impacto”. “Nadie te dice si vas a ganar, si vas a perder. No es serio, no podemos votarlo porque hay que abrirse, como una cuestión de fe. Hay que tener un poco más de seriedad, con todo respeto”, reclamó el diputado.
Chiazzaro advirtió que muchas de las disposiciones del TLC son similares a las del TISA. “Entonces, ¿nos fuimos por un lado y entramos por el otro? Somos grandes, son cosas que no se deben hacer. En caso de que se quiera discutir, hagamos un plenario nacional de vuelta”, propuso.
El MPP y el PS deberán fijar posición la semana próxima, porque el tema será tratado en la Mesa Política del viernes. Hoy habrá una Mesa Política en Durazno pero el asunto no está en el orden del día, explicó Reboledo. De todos modos, es posible que hoy se pongan en conocimiento de los dirigentes los informes a favor y en contra de la ratificación. El lunes, el secretario ejecutivo del Frente Amplio recibirá al canciller. En principio, la convocatoria era para conversar sobre la posición de la cancillería uruguaya respecto de Cataluña, pero el tema del TLC con Chile estará arriba de la mesa.
A favor
El documento que presentará el FLS a favor del acuerdo destaca que de ratificarse el tratado los proveedores de servicios uruguayos podrán acceder al mercado chileno “con claras ventajas”, y se incrementará la inversión chilena en el sector de servicios. Destaca que hay sectores sensibles para Uruguay que están excluidos del capítulo de servicios del acuerdo, como la educación y la salud.
También resalta la creación de dos comités específicos bilaterales para tratar las restricciones no arancelarias en el comercio bilateral, uno sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y otro sobre obstáculos técnicos al comercio.
El FLS evalúa que el capítulo sobre comercio electrónico “brinda claridad, transparencia y ayuda a la previsibilidad del marco normativo nacional”, al tiempo que “da un espaldarazo a la dinámica industria del software de nuestro país”. “Regula y ordena aspectos de la seguridad de los usuarios del comercio electrónico, así como su derecho a la protección de datos personales”, destaca. También se menciona como positivo el capítulo de transparencia, que establece medidas para combatir la corrupción.
Al mismo tiempo, el FLS defiende el ingreso de Uruguay al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP), previsto como posibilidad en el TLC con Chile. Sostienen que el objetivo del tratado, que establece un procedimiento simplificado de solicitud de patentes, es “el fomento del progreso y la investigación tecnológica, así como una protección más eficaz de las invenciones”. Destacan al mismo tiempo que el solicitante uruguayo de patentes tendrá “un plazo mayor para tramitar sus solicitudes ante las oficinas nacionales, lo que le permite apreciar en forma previa el interés comercial de su invención en los distintos mercados, obtener formas de financiación, e incluso contar con elementos de juicio, desde el punto de vista técnico, acerca de la probabilidad de éxito en la obtención del registro”.
Desde el punto de vista financiero, sostienen que el sistema reconoce descuentos en las tasas internacionales a los países en desarrollo, como es el caso de Uruguay, que pueden alcanzar hasta 90%. “La solidez de las patentes concedidas sobre la base de solicitudes internacionales es un fundamento especialmente adecuado para estimular las inversiones y la transferencia de tecnologías. El aumento de tecnología transferida mediante licencias usualmente propicia el incremento de la inversión exterior, lo que incidirá positivamente en la creación de empleo y perfeccionamiento técnico de los recursos humanos nacionales”, fundamenta el documento del FLS. Asegura que el ingreso al sistema “no produce un volumen desmedido de solicitudes”.
En contra
Las posiciones en contra de la ratificación del tratado, además de denunciar la falta de participación en el proceso de negociación y la debilidad negociadora de Uruguay, se centran en cuestionar los capítulos de servicios y de propiedad intelectual.
Mientras que en comercio de bienes el TLC con Chile prácticamente no innova, las disposiciones en servicios son novedosas. Los críticos del acuerdo denuncian que de esta manera se quieren incorporar disposiciones ya rechazadas en el TISA. El punto crítico aquí no es tanto el intercambio de servicios con Chile en particular, sino la puerta que puede abrirse para la liberalización de los servicios con otros países, ya que al otorgar concesiones a Chile, si Uruguay firma posteriormente cláusulas de nación más favorecida en otros acuerdos, deberá otorgar a otros países el mismo trato en servicios que a Chile. Además, en este punto se negoció en base a listas negativas, como en el TISA, por lo tanto todo lo que no se excluyó queda automáticamente liberalizado. El PCU y Casa Grande cuestionan que se incorporen en el TLC con Chile las cláusulas de statu quo (no se puede dar marcha atrás en la liberalización comprometida) y trinquete (si hay cambios, deben ir en dirección de ampliar la liberalización).
En materia de propiedad intelectual, un documento elaborado por Cristina Dartayette, la ex directora nacional de Propiedad Industrial en el primer gobierno del Frente Amplio, advierte sobre los niveles de protección previstos en el capítulo de indicaciones geográficas para el caso de los productos agrícolas y alimenticios, lo que “puede convertirse en una nueva restricción no arancelaria al comercio internacional de productos agropecuarios”, porque los niveles de protección previstos exceden los de los acuerdos de propiedad intelectual que Uruguay ha suscrito.
Pero la principal crítica en materia de propiedad intelectual es el ingreso al TCP. El documento firmado por el PCU y Casa Grande advierte que esto “favorecerá el registro de cientos de patentes extranjeras en Uruguay, mientras que podrá beneficiar a unas pocas patentes uruguayas en el exterior”. Aseguran que el sector farmacéutico y el sistema de salud serán los más afectados. “El ingreso del país al TCP podría generar un incremento de los costos en la fabricación de medicamentos, el cierre de empresas y una suba de precios de los medicamentos, impactando además sobre los costos del Sistema Nacional Integrado de Salud”, afirman estos sectores.
En conclusión, el PCU y Casa Grande evalúan que la ratificación del TLC con Chile va contra el programa del Frente Amplio, porque “afecta las posibilidades de desarrollo nacional, la propiedad intelectual, la regulación potencial del comercio electrónico y la ejecución de políticas públicas para lograr dichos objetivos”.
El diputado del MPP Julio Battistoni también identifica el aspecto de la propiedad intelectual como uno de los más críticos. “Como país, en el tema propiedad intelectual no sabemos un pito, no hay ningún tipo de reflexión. Yo he trabajado con patentes, y en realidad es un mundo de piratas, y queremos entrar como si fuéramos el colmo del fair play en un mundo que no conocemos. Parece que vos vas a patentar y se te arregla el mundo, cuando no tenemos capacidad de patentar, no sabemos un carajo del tema.
Nos vamos a meter ahí y nos van a cortar las alas”, vaticinó.
Oposición allende frontera
En Chile también surgieron movimientos de oposición al acuerdo. La plataforma Chile Mejor sin TLC cuestionó la negociación de acuerdos en secreto y sin “diálogo ni consulta previa informada” de las organizaciones sociales y de los trabajadores, informó el diario UChile. El Movimiento del Socialismo Allendista de Chile exigió asimismo que la participación social y el análisis de los efectos de este acuerdo sean “condición previa para que sea votado por ambos parlamentos”. “Un TLC como el de Chile-Uruguay, impulsado por dos gobiernos que se califican de progresistas o de izquierda, no tuvo ni ha tenido diálogo previo ni consulta informada, ni participación de las organizaciones sociales y de las y los trabajadores de ambos países”, cuestionan. Señalan que muchos temas de este TLC son los mismos contenidos en las negociaciones del TISA y del Tratado Transpacífico (TTP). “Con este TLC el gobierno chileno busca incorporar a Uruguay al esquema de negociación de la Alianza del Pacífico, que consideramos negativo para la soberanía productiva, económica y política de nuestros pueblos y que debilita aun más la lógica complementaria de las instancias de integración como Mercosur y Unasur”, advierte el movimiento. Finalmente, propone establecer una moratoria de la votación del acuerdo hasta que se realicen estudios de impacto y se fomente la discusión pública sobre sus contenidos.
