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Capítulo agropecuario del TLCAN

Adital - Avanza la Alianza de Parlamentarios y Organizaciones Sociales de los tres países para renegociar el Capítulo Agropecuario del TLCAN.

Mientras para los funcionarios de los tres países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no se puede, o es inconveniente renegociar el TLCAN, para legisladores y redes de organizaciones campesinas, académicas y sociales, no sólo es necesario y urgente renegociarlo, sino también es un compromiso gubernamental mexicano adquirido desde abril de 2003.

Convocado por la Cámara de Diputados de México, los días 2, 3 y 4 de agosto, más de 700 participantes en el Foro Nacional de Análisis y Renegociación del Capítulo Agropecuario del TLCAN, concluyeron en la necesidad de construir un Plan de Acción para cambiar la actual correlación de fuerzas (nacional y trinacional) que permita presionar la renegociación del tratado, modificar la actual política agropecuaria y pesquera y construir una un programa de desarrollo de los pequeños y medianos productores y campesinos.

Las motivaciones son simples pero de sobrevivencia. Además de incumplir durante tres años el compromiso de renegociar el capitulo agropecuario del TLCAN, el gobierno mexicano también ha continuado con el abandono al campo y haciendo amenazantes declaraciones de apertura total, a partir del primero de enero del 2008, a todas lãs importaciones de maíz, frijol y leche en polvo.

Bajo tal presión de destrucción de la inmensa mayoría de los productores agropecuarios de México, como también de Canadá y Estados Unidos, la reacción social de resistencia motivó que los legisladores mexicanos progresistas convocaran a un Foro abierto que fue ampliamente cubierto por los medios masivos de comunicación del país, e incluso produjo "coincidentes" declaraciones de los Ministerios de Agricultura de México, de los Estados Unidos y de Canadá sobre lãs "ventajas" y retos agropecuarios del TLCAN.

Entre los importantes avances de este Foro, al que asistieron también destacados representantes de productores agropecuarios, de redes sociales y expertos sociales de Canadá y de Estados Unidos, (como la Asociación de Productores de Leche y de Maíz de Canadá, la Red Quebequense de Integración de los Pueblos, la Red Fronteras Comunes; La Unión Nacional de Productores Familiares, la Coalición Rural y el IATP de Estados Unidos) podemos destacar los siguientes:

Se pulverizó el argumento jurídico, esgrimido por políticos y tecnócratas conservadores, de imposibilidad de renegociación. Destacados juristas y analistas sociales mostraron que a lo largo de los últimos trece años del TLCAN, éste ha sido renegociado por los gobiernos en al menos 49 ocasiones, aunque la mayoría de ellas son desconocidas por la sociedad.

Prueba adicional y preocupante de esa situación son los cambios de facto que bajo la llamada Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), también bautizada como TLC-Plus, los poderes ejecutivos de los tres países vienen realizado desde el 23 de marzo del 2005. Cambios que responden a una agenda diseñada por lãs grandes empresas trasnacionales y realizados a espaldas de los poderes legislativos o parlamentarios.

Se recuperó la naturaleza política del Tratado, tradicionalmente enmascarada por los políticos conservadores y demagogos com argumentos técnicos y sociales retóricos de supuestas ventajas indemostrables, cuando se evidenció que los grandes poderes político-económicos hacen y deshacen el propio tratado a su conveniencia y al margen de las instituciones republicanas.

Si la naturaleza de las reglas del Tratado fue acordada por los negociadores al margen de la sociedad y de los intereses legítimos de ésta, los terribles testimonios de impactos sociales, económicos y ambientales presentados por los pequeños y medianos productores de los tres países, reafirmaron la necesidad de recuperar la democracia secuestrada por el TLCAN.

El poder legislativo de México, el eslabón más débil de la región, la Cámara de Diputados y el Congreso en general deben recuperar y ejercer el derecho constitucional de revisar los tratados comerciales, afirmaron diputados y senadores que terminan su período legislativo y otros recién electos. Ambos se comprometieron a apoyar la demanda desde las Cámaras o desde su trinchera.

Se valoró la magnitud del reto organizativo para alcanzar la renegociación del Tratado. Sin la construcción de un amplio frente nacional de organizaciones y legisladores, acompañado del apoyo de juristas, académicos, redes sociales y del incremento de acciones coordinadas en los tres países, es muy difícil cambiarle una coma al Tratado o a la actual política interna agropecuaria.

La amplia movilización campesina de "El Campo No Aguanta más" en 2003, obligó al gobierno mexicano a suscribir el "Acuerdo Nacional para el Campo"; la presión de los productores canadienses de maíz obligó al gobierno de ese país a introducir un impuesto antidumping a la inundación de maíz estadounidense ilegalmente subsidiado. La demanda de modificar al Ley Agrícola (Farm Bill) a favor de los pequeños productores, no de las trasnacionales, propicia hoy que se inicie una serie de actividades organizativas en EU y consideren la participación de productores de otros países.

Se reconoció que el reto organizativo va acompañado de la construcción de alternativas específicas, comunes y diferenciadas em cada país. El centro común son las luchas contra el modelo de este Tratado a favor de los intereses de las grandes empresas transnacionales que hoy están articuladas desde el acaparamiento de los insumos, la producción, procesamiento, empaque, distribución y comercialización, cada vez más oligopólicos en la región y globalmente.

En las alternativas, demandas y acciones específicas, los participantes del Foro acordaron para México: 1.- Continuar exigiendo al Gobierno Federal y al próximo Presidente de México, la renegociación del Capítulo Agropecuario del TLCAN; 2.- Exigir la exclusión del maíz blanco y frijol del TLCAN, como fue establecido en el Acuerdo Nacional para el Campo; 3.- Constituir un frente Nacional para la recuperación de la soberanía alimentaria y el rescate del campo Mexicano.

Los representantes de productores, redes sociales y de redes de análisis de EU y Canadá, propusieron apoyar el fortalecimiento de encuentros de legisladores progresistas de los tres países interesados en la renegociación del TLCAN; apoyar los talleres y encuentros de pequeños y medianos productores de los tres países con miras a definir acciones hacia modelos sustentables de producción agropecuaria; continuar trabajando en la construcción de una agenda mas detallada de acciones trinacionales de renegociación del TLCAN y denunciar el ASPAN.

Los participantes del Foro aportaron valiosos elementos de la situación político social de los tres países, hemisférica y global, en la que se desenvuelve la lucha por la renegociación del TLCAN.

Mientras en Canadá un reciente y frágil gobierno minoritario mantiene un discurso oficial de no renegociación del Tratado, las presiones sociales contra las medidas proteccionistas de EU contra la madera suave, el maíz ilegalmente subsidiado, no resueltas en el terreno del TLCAN, esta, por un lado, obligado a recurrir y denunciarlo ante los paneles de controversias de la OMC; pero por otro lado, de manera inconsecuente, busca negociar las mismas fallidas reglas comerciales con los países centroamericanos (un CAFTA canadiense), continua apoyando el fracasado ALCA, y en las negociaciones de la OMC se alía con el grupo de países que desconocen las demandas mayoritarias de proteger a los pequeños y medianos productores y a la soberanía alimentaria.

En el caso estadounidense, se expuso que el gobierno de Bush, a la vez que comparte con la UE la responsabilidad internacional del fracaso o postergación de las negociaciones de la OMC (por la ausencia de compromiso de reducir sustancialmente sus apoyos domésticos y subsidios a las exportaciones, y bajo el argumento de no encontrar suficiente oferta de acceso de mercado a sus exportaciones), también se encuentra bajo el descrédito y la presión interna cada vez mayor de introducir modificaciones a su Ley Agrícola. Sin embargo, ante el riesgo creciente de un fracaso en los comicios electorales de noviembre próximo, la administración Bush se encuentra entre la presión de sus consentidos grandes grupos trasnacionales agroalimentarios, entre otros (que producen pocos votos) y una fuerte corriente pública que presiona por cambios en la política económica amenazada de peligrosa recesión.

Algunos testimonios:

Paty Kupfer, de ART/ASC "Coalición rural", que agrupa a 80 grupos de agricultores de latinos, afroamericanos y asiáticos en Estados Unidos, comentó que hay una falsa idea de que todos los agroproductores de este país cuentan con subvenciones.

"La verdad es que los subsidios están destinados a maíz, trigo, algodón y otros cultivos en manos de grandes propietarios; frutas y verduras no reciben nada de apoyos, y hay productores de pequeña escala que enfrentan precios bajos, falta de acceso a la tierra y al crédito... y tenemos a 12 por ciento de la población (13 millones de familias) sufriendo inseguridad alimentaria, y 4 por ciento padeciendo hambre".

Steve Suppan, un reconocido especialista del IATP, agregó que la producción de los pequeños granjeros de EU ha disminuido, porque la Ley Agraria (Farm Bill) de 1996 eliminó los mecanismos para manejar la oferta, produciendo con ello la caída de los precios internos. Y no obstante que hay apoyos internos estos no van dirigidos a los pequeños granjeros ni a los consumidores, son muy concentrados en los grandes productores y favoreciendo también a las grandes empresas acaparadoras, empacadoras y comercializadoras. En otras palabras, la lógica de la actual política agrícola estadounidense produce una eliminación de pequeños productores y no favorece al consumidor. Además, esa lógica tiene altos costos ecológicos pues estimula la intensificación de cultivos, de insumos químicos y nitrogenados, desgastando suelos y contaminando agua, y amplias zonas del Golfo de México, además del creciente uso de transgénicos.

Esta situación es una de las mayores razones de fondo de los pequeños y medianos agricultores, así como un abanico de organizaciones académicas y sociales para demandar cambios en la Ley Agrícola, lo mismo que solidaridad con los agricultores de México y del mundo que sufren también el impacto de una política dominada por las empresas trasnacionales.

Y sobre las condiciones políticas para renegociar el capitulo agropecuario del TLCAN, Steve Suppan, apunto que son muy importantes las reacciones y posiciones de los socios del TLCAN, porque eso puede ayudar a contrarrestar la falsa información que se tiene en EU acerca de que México y sus campesinos, lo mismo que los de Canadá se han beneficiado ampliamente del TLCAN. Esa falsa información favorece que hoy pocos legisladores estadounidenses se manifiesten por los cambios; no obstante, cada día es mas claro, entre legisladores y los ciudadanos de EU, que el gran tema de los trabajadores indocumentados, mayormente mexicanos, es un indicio de que no se han cumplido las promesas de beneficio del TLCAN y las erróneas medidas paramilitares fronterizas no van a para el flujo de trabajadores. Eso favorece la búsqueda de soluciones, y se entienda que los cambios al TLCAN, y a las leyes migratoria son parte importante de esta problemática.

Rick Arnold, coordinador de la agrupación canadiense Common Frontiers, señaló que en los seis meses recientes los maiceros de su país se han manifestado en las calles, debido a que es ya muy evidente que la apertura negociada en el TLCAN ha motivado el ingreso de maíz de EU con altos niveles de dumping que abaratan el grano internamente. Por ello es que está en marcha un proceso antidumping contra el cereal de la Unión Americana.

Datos de la Asociación de Productores de Maíz de Ontario -provincia que genera cinco millones de toneladas anuales- establecen que entre 1996 y 2004 los precios internos del cereal cayeron en 48 por ciento.

Sobre la situación canadiense, Rick Arnold señalo que -dado el sistema parlamentario de Canadá- el actual gobierno federal, en vigor hace seis meses, está en una condición vulnerable, pues su partido debe hacer consensos con los otros tres en el Congreso, y si no, puede ser destituido. Por ello el gobierno tiene que actuar con cuidado frente a los intereses de la sociedad, a pesar de que sea proclive a derrumbar protecciones comerciales.

Por su parte, Pierre Ives Serignet de la Red Quebequense de Integración de los Pueblos (RQIC) , expuso que cada día es mas claro que tanto en Canadá, como en EU y en México, los pequeños y medianos productores, no solo agrícolas, así como los ciudadanos, nos estamos enfrentando a las consecuencias de un modelo económico y político que ha fracaso en sus promesas. Y que aun peor, que los presidentes y primer ministro de Canadá pretenden profundizarlo, ignorando a los parlamentos, mediante la llamada Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) o TLC-Plus.

Esta situación es un ejemplo de crisis democrática en la región, porque no solo la sociedad no es consultada, sino tampoco nuestros representantes formales en los parlamentos. Por eso, la problemática agrícola, aunque es muy importante y sensible en México, es solo una parte del problema que tenemos que abordar en los tres países.

Las organizaciones de la RQIC, a la vez que se están luchando en Canadá por modificar la actual política de su gobierno, apoyan la construcción de una agenda de solidaridad y acción civil y parlamentaria trinacional, como parte integrante de los esfuerzos que a nivel hemisférico la Alianza Social Continental (ASC) viene construyendo para una integración de los pueblos.

México 12 de agosto de 2006


 source: ADITAL