Colombia: Comunicado de la Central Unitaria de Trabajadores
Colombia: Comunicado de la Central Unitaria de Trabajadores
Por Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, 11-10-11
Se ha conocido que el presidente de los Estados Unidos ha radicado ante el congreso de ese país, los tratados de Panamá, Corea del Sur y Colombia, para efecto de su ratificación. En el caso de Colombia, éste ha tenido un tránsito accidentado en el que por cerca de 5 años se le ha negado su ratificación, debido a las permanentes denuncias de violación a las normas internacionales del trabajo y de los derechos humanos. Denuncias hechas por las centrales obreras y los sindicatos colombianos, la Central de Trabajadores Norteamericanos AFL-CIO, las Centrales sindicales mundiales CSI y FSM, la Organización Internacional del Trabajo-OIT, organizaciones nacionales e internacionales de los Derechos Humanos como HUMAN RAIGHTS WATCH, WOLA, y otras defensores de las poblaciones indígenas y afro-descendientes, ambientalistas, sectores productivos, organizaciones de mujeres y la Red RECALCA , la cual ha aglutinado más de 200 organizaciones colombianas y norteamericanas que se oponen a este tratado.
Los intentos fallidos por ratificar el tratado en el congreso norteamericano, han demostrado que no existe la más mínima intención del gobierno Colombiano por garantizar la plena vigencia de los derechos de los trabajadores, especialmente los de asociación y negociación colectiva y el respeto por los derechos humanos. En este periodo se firmó un acuerdo tripartito en la 95 Conferencia de la OIT de 2006 el cual no cumplió ninguno de sus cometidos puesto que empresarios y gobierno continuaron en su campaña en contra de los sindicatos y la negociación colectiva. Los asesinatos de sindicalistas continuaron al punto que Colombia fue incluida posteriormente en la lista de países violadores de la libertad sindical a solicitud no solo de las centrales obreras colombianas sino del movimiento sindical mundial y algunos gobiernos.
En Abril del presente año, el gobierno colombiano firmó con el presidente de Estados Unidos, lo que se denominó plan de acción laboral. En este, el gobierno colombiano tal y como lo hizo en ginebra en el año 2006, se comprometió a respetar la libertad sindical, combatir la impunidad frente a los asesinatos, amenazas y demás que se accionaban contra los sindicalistas; acabar con la intermediación laboral de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas utilizadas en el país, nombrar más inspectores de trabajo para vigilar esta intermediación; sancionar penalmente a los patronos que actuaran contra el derecho de asociación y negociación colectiva; incrementar la protección a los sindicalistas. La Central Norteamericana AFL-CIO y las centrales colombianas CUT y CTC consideraron tal documento como una carta de intención que solo buscaba la ratificación del tratado, pero no reflejaba una clara intención del gobierno colombiano y los empresarios de modificar su conducta antisindical.
Nada más acertado, han logrado que el gobierno norteamericano lleve el tratado a ratificación del congreso en forma gratuita. No han cumplido uno solo de los compromisos, tal y como sucedió después del acuerdo tripartito de 2006 y como sucedió después de la conferencia 100 de la OIT, a donde presentó el acuerdo firmado con la CGT como otro compromiso y así lograr que el país fuera excluido de la lista de 25 países violadores de los derechos de los trabajadores y de los derechos humanos.
No lo decimos nosotros como trabajadores colombianos, lo han dicho en los últimos días y semanas, la AFL-CIO, la Ong WOLA, HUMAN RIGHTS WATCH y muchas otras organizaciones, que en nuestro país, no solo no ha mejorado la situación de los trabajadores, sino que continúa una persistente agresión al movimiento sindical por parte de empresarios y gobierno la cual se refleja no solo en asesinatos de sindicalistas e impunidad de niveles superiores al 90% en estas investigaciones, amenazas, destierros y despidos, sino en abiertos desconocimientos a las organizaciones de los trabajadores y de los compromisos pactados. Veamos:
En el transcurso del presente año han sido asesinados 22 sindicalistas, de los cuales 13 son educadores y han ocurrido 300 hechos de violencia antisindical, sin que se haya observado ninguna acción por evitarlo. No puede ningún congresista o ciudadano de EEUU mirar con indolencia este cuadro de asesinatos y actos de violencia que se cometen con total impunidad. Sería dar aliento a quienes han hecho de la violencia contra el movimiento sindical una estrategia dirigida a evitar que los trabajadores tengan organización y negociación con el argumento de que disminuye su competitividad.
La reforma al artículo 200 del Código Penal quedó convertida en una burla puesto que su contenido que fue modificado en el cuarto debate en el Congreso colombiano, le quitó toda posibilidad de castigar ejemplarmente a los empleadores que coartan el derecho de asociación y de negociación colectiva o que utilizan los pactos colectivos como acto de discriminación de los trabajadores sindicalizados.
Los hechos que se vienen dando en el municipio de Puerto Gaitán, departamento de Meta, entre los trabajadores y la multinacional petrolera Pacific Rubiales Energy y en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander entre los trabajadores y los dueños de las plantaciones y extractoras de aceite de Palma agremiados en Fedepalma, muestran claramente que este gobierno no hace nada por acabar con la intermediación laboral.
Recientemente fue presentado al gobierno, los empresarios y las centrales sindicales un estudio sobre negociación colectiva contratado por las centrales sindicales y la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, que demuestra el desastre laboral: solo el 1% de los trabajadores colombianos están cubiertos por contrato colectivo. Y si no hay negociación colectiva se demuestra que no hay sindicalización, y esta no sindicalización es la más clara demostración de que en Colombia no ha cambiado nada.
La seguridad a los sindicalistas amenazados ha sido disminuida en forma dramática, en contravía con lo que el gobierno pregona y afirma en la resolución No. 0602 de Marzo de 2011 y otras reglamentarias del decreto 1740 de 2010. Podemos, con cifras y nombres demostrar que la protección ha sido disminuida en niveles que pueden estar por el 50%. Solo basta revisar las actas del CRER, para constatar cómo sobre la base de estudios que siempre arrojar nivel de riesgo “ ordinario “ se retiran los esquemas de protección a numerosos sindicalistas y se niegan otros solicitados.
Las estrategias diseñadas por los empresarios de convertir las Cooperativas de Trabajo Asociado en Sociedades Anónimas Simplificadas- SAS; o en falsos sindicatos que firman contratos sindicales; o Instituciones Prestadoras de Salud-IPS, en el sector salud por ejemplo, demuestran que nunca existió la intención de acabar con la intermediación laboral ni de establecer el contrato directo como la forma regular de vinculación laboral. Véase el ejemplo del actual conflicto de los cultivadores de palma de aceite contra las CTA, o en los puertos, o en los ingenios azucareros, los cultivos de flores y lo servicios de transporte entre otros por no generalizar.
Los trabajadores colombianos al igual que muchos sectores de la producción, poblaciones indígenas y afro-descendientes llamamos al congreso norteamericano a no considerar el tratado con Colombia. Hacerlo es legitimar los graves hechos que en materia de libertad sindical y derechos humanos se mantienen. La satisfacción de algunos sectores del empresariado , del gobierno y del embajador de Colombia en Estados Unidos quien acabó años atrás con el sindicato de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, al conocer la radicación del tratado ante el congreso norteamericano, fue inocultable. Lo están consiguiendo con una simple carta de intención.
Fdo. Fdo.
TARSICIO MORA GODOY DOMINGO TOVAR ARRIETA
Presidente Secretario General
Fdo.
JOSE DIOGENES ORJUELA GARCIA
Director Departamento de Relaciones Internacionales
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