Colombia: Movimiento agrario y soberbia oficial
Colombia: Movimiento agrario y soberbia oficial
Por William García Rodríguez, 13-5-14
El gobierno está hoy sometido a una doble tensión: por un lado están las exigencias de las fuerzas de la globalización, la internacionalización y la competencia en el mercado mundial que exige bajos costos de producción por la vía de la aplicación de tecnología que no la tenemos o por la vía de los bajos salarios o de bajos ingresos de los productores pequeños.
Por otro lado el gobierno se encuentra presionado por los movimientos sociales de trabajadores, indígenas, campesinos y pobladores.
Los gobiernos se muestran incapaces de atender ambas exigencias y su sesgo político y doctrinario los alinea dócilmente por los lados de los organismos multilaterales que representan fielmente las fuerzas del mercado global.
La más evidente muestra de este hecho son los TLC, que se firmaron con países de economías fuertes y gobiernos que subsidian a sus productores, imponiendo condiciones dramáticas y desventajosas para el país, máxime si se tienen en cuenta que estos tratados no son respaldados por una política industrial y agraria que defienda los intereses nacionales y reivindique el esfuerzo por un mejor vivir de los sectores subalternos de la sociedad.
Por otro lado el paro agrario está dejando claro el gran número de fuerzas disolventes de la economía agraria, los campesinos, los indígenas, las comunidades afro descendientes y los pobladores de la periferia se sienten amenazados por: el sistema financiero y los bancos que ejercen presión sin atenuantes en la exigencia de los créditos a los campesinos que producen a pérdidas. Los intermediarios que compran sus productos a precios inferiores de los costos de producción. El contrabando que muestra la impotencia y la debilidad del Estado para controlarlo. El alto costo de los insumos que son producidos por empresas con precios oligopólicos.
Los proyectos mineros que le disputan territorios, aguas, vías y otros factores a la economía agrícola. Las élites política y tecnocrática que favorecen a los sectores inversionistas porque los consideran el motor de la locomotora del crecimiento económico y desprecian el aporte de los pequeños y medianos agricultores.
Además la tradicional estigmatización que el gobierno suele hacer de los movimientos sociales cuando no es capaz de cooptarlos o disuadirlos, acusándolos de infiltración guerrillera o lo que es peor atribuyéndoles objetivos políticos como si la reivindicación en el escenario de lo púbico no fuera todos hechos políticos, pero además mostrando su desespero por producirse en período electoral que pueden hacer fracasar un hecho político por excelencia como es la reelección. Acusan un movimiento social como político para defender un hecho político.
Las negociaciones podrán tener salidas coyunturales, pero como se ve, quedan vivos los conflictos estructurales que pronto volverán a estallar, si no llegan gobernantes dispuestos a darle un giro al modelo económico que ponga el Estado al servicio de los productores de alimentos y de productos de exportación y que agencie una política pública que ponga en iguales condiciones a los productores con los empresarios.
