Costa Rica: Oposición a Acuerdo Transpacífico crece de la mano de José María Villalta
Costa Rica: Oposición a Acuerdo Transpacífico crece de la mano de José María Villalta
Por Andrea Mora/Carlos Salazar, 13-2-14
El legislador y excandidato presidencial del Partido Frente Amplio, José María Villalta, se ha convertido en estos últimos días en una de las caras más visibles de la oposición al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP por sus siglas en inglés), que ya está en la agenda futura del Gobierno costarricense.
El nuevo impulso sobre el tema surge luego de que esta semana el Gobierno de Estados Unidos insistiera en esta “modernización del Tratado de Libre Comercio”, (TLC) firmado con Costa Rica en 2007 “busca volver al NAFTA (por sus siglas en inglés) perfecto”, según aseguró la secretaria de Comercio norteamericana, Penny Pritzker.
Sobre esta propuesta de ajuste al Tratado, las reacciones costarricenses no se hicieron esperar y el diputado Villalta ha asegurado ya que esta modificación “no es más que un nuevo TLC con el que el Gobierno pretende amarrarnos a golpe de tambor”.
Villalta también acusó a la presidente Laura Chinchilla y a su ministra de Comercio Exterior, Anabel González, de llevar adelante negociaciones del TPP a espaldas “de sectores empresariales” y del pueblo costarricense.
Dijo que varios sectores empresariales se quejan porque no se les ha consultado esta nueva negociación comercial, “que no ha existido diálogo, que no se les ha tomado en cuenta sus posiciones sobre la necesidad de hacer un alto en el camino y dejar de firmal TLC a lo loco, sin tener ni siquiera capacidad de aplicar lo que se firmado y evaluar cómo potenciar los beneficios”, así como proteger a los sectores que se ven perjudicados.
“No podemos seguir por este rumbo, donde quieren entregarlo todo; no quieren dejar nada, quieren venderlo todo, no han aprendido nada de los debates que hemos tenido en Costa Rica sobre los tratados de libre comercio”, aseguró Villalta este miércoles en el Plenario Legislativo.
Además, denunció que con “secretismos, sin participación, sin consultar, siguen metiéndonos en nuevas aventuras. Ojalá el pueblo de Costa Rica no lo permita”.
La agenda gubernamental en este momento está concentrada en la incorporación plena del país a la Alianza del Pacífico, organismo que está integrado por Chile, Colombia, Perú y México, pero el tema de la adscripción a este nuevo acuerdo con los estadounidenses está ya presente en la agenda ejecutiva y legislativa costarricense y se espera que su discusión recrudezca en los próximos días.
Entre tanto, las negociaciones del TPP involucran a 12 países: Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Brunéi, Estados Unidos, Malasia, Japón, Singapur, Vietnam, Perú, Chile y México. También se han integrado como observadores Panamá, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Uruguay y España, y recientemente Paraguay solicitó membresía como “observador”.
Opositores al TPP aseguran que Estados Unidos pretende imponer su poderío en el conjunto de la región Asia-Pacífico, en particular en el aspecto de la propiedad intelectual.
Washington, apoyado por grandes grupos farmacéuticos, quiere instaurar patentes a más largo plazo, lo que protegería a los grandes productores de medicamentos.
El TPP pertenece a la nueva generación de tratados comerciales y corporativos de “amplia envergadura” que trascienden el comercio formal (asuntos relativos al sector servicios, medidas fitosanitarias, barreras técnicas comerciales), al instituir un régimen de protección de derechos del capital privado anónimo y de las corporaciones transnacionales (propiedad intelectual e inversiones) que menoscaba los derechos humanos y el medioambiente, y compromete incluso la soberanía de los Estados, de acuerdo con estudios de Organizaciones No Gubernamentales de Europa, Estados Unidos y América Latina.
Los representantes del Departamento de Comercio de Estados Unidos valoran que el acuerdo TPP “representa un logro histórico”, ya que contiene todos los elementos deseables de los acuerdos comerciales modernos y elimina todas las barreras arancelarias y no arancelarias; además aborda las preocupaciones de las nuevas industrias y tecnologías de energía limpia y la economía digital, y “es lo suficientemente flexible para ser ajustado en el futuro”.
Al igual que el TLCAN, el ALCA en su momento y los vigentes TLCs o TBIs , el TPP está diseñado expresamente para anular al Estado, específicamente para atrofiar sus funciones regulatorias en áreas ultra sensibles como las finanzas, la industria, el medio ambiente y las compras estatales, según los detractores como el analista de política comercial de la organización agroambiental Amigos de la Tierra, Bill Warren.
Sin exagerar, lo que está en juego son los asuntos más básicos de la gobernabilidad democrática para cualquier Estado que se precie de “soberano” e “independiente”, advierten investigadores y activistas de todo el mundo.
Cabe mencionar, que el capítulo de protección de inversiones del TPP permite a los inversionistas demandar a los Estados ante tribunales internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), sin acudir antes a la justicia nacional, instituyendo de esta manera una especie de súper derechos reservados para el capital privado y las transnacionales.
