Ecuador: TLC - La salud como botín
Aunque en los capítulos del Tratado de Libre Comercio (TLC) no existe ninguno que se refiera de manera específica a la salud, muchos de sus contenidos tienen una incidencia gravitante sobre este campo. Por ejemplo, si se hacen concesiones en el tema agrícola se estaría amenazando nuestra soberanía alimentaria, lo cual tiene efectos concretos sobre el estado nutricional de los sectores sociales más pobres, particularmente los campesinos. Sin embargo, sí existen aspectos puntuales de que dicho Tratado tendrá consecuencias más directas e inmediatas sobre nuestra salud. Los más significativos se refieren a la concesión de patentes, la liberalización de los servicios y el control del comercio.
Patentes versus ética
De los capítulos del TLC que más incidencia negativa pueden tener, está el que se refiere a los derechos de propiedad intelectual. En este punto, los Estados Unidos están presionando por ampliar a su favor las condiciones que la Organización Mundial del Comercio (OMC) estableció mediante el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). El Acuerdo establece que las patentes, por la creación de nuevos productos, deben proteger a su titular por un tiempo mínimo de veinte años. En principio, esta decisión se basó en el derecho universal que ampara el esfuerzo investigativo y la capacidad inventiva de cualquier individuo o institución a nivel mundial. Pero en el caso de los medicamentos, esta protección no puede desligarse de consideraciones éticas.
Por un lado, hay que analizar si el tiempo de vigencia de estas patentes no excede las necesidades reales de lucro y recuperación de la inversión por parte de la industria farmacéutica. Con toda seguridad, veinte años de comercialización exclusiva de un medicamento producen ganancias que sobrepasan ampliamente la inversión inicial. Además, si muchas patentes protegen simples variaciones, distintas formas de presentación o segundos usos de un mismo medicamento, el margen de utilidad de un laboratorio se incrementa en forma exponencial.
Por otro lado, no se puede aceptar que un derecho tan fundamental como el de la salud esté sometido a las limitaciones impuestas por la rentabilidad empresarial. Aquí no hablamos de bienes de consumo o de capital, sino de insumos indispensables para salvar vidas.
Monopolios y competencia desigual
En el caso de los medicamentos, el otorgamiento de patentes se manifiesta en las restricciones para que otros laboratorios puedan elaborar productos genéricos de menor costo para el consumidor final. Mientras más dura una patente, más se consolida el funcionamiento monopólico del propietario de dicha patente. Si consideramos que la gran mayoría de empresas farmacéuticas que crean nuevas entidades químicas están asentadas en los países desarrollados, esta medida perjudica a los países pobres, en tanto son simples compradores de medicinas.
Pero al monopolio comercial se adjunta el monopolio del conocimiento. La capacidad para elaborar nuevos productos provoca una profunda desigualdad entre países ricos y pobres. La aparición de nuevos medicamentos es -en la práctica- una potestad de los países desarrollados gracias a las ventajas proporcionadas por los programas estatales y a la capacidad financiera para invertir en investigación. En tal sentido, la supuesta apertura comercial del TLC excluye de la competencia a los países andinos, los cuales adolecen de una crónica ausencia de investigación e invención en el campo de la medicina, y además carecen de una industria farmacéutica solvente y competitiva.
Estas diferencias pretendieron ser compensadas con la famosa declaración de Doha, aprobada en noviembre del 2001 por 142 países miembros de la OMC. En ella se definieron dos instrumentos básicos contra los posibles efectos negativos del ADPIC: en primer lugar, las licencias obligatorias y las importaciones paralelas; en segundo lugar, la exigencia de transferencia tecnológica desde los países desarrollados a los países pobres, a fin de que estos estén en capacidad de producir medicamentos genéricos.
Está por demás señalar la ambigüedad que rodea a estas disposiciones, especialmente en el caso de la transferencia tecnológica. No sólo que ha sido deficiente y casi nula, sino que los países pobres cada vez tienen menos capacidad para producir medicamentos.
Muchas de las empresas farmacéuticas asentadas en el Ecuador se han retirado a consecuencia de la crisis económica, demostrando una vez más que los acuerdos internacionales con frecuencia se estrellan con las realidades de hecho.
Invento, siempre y cuando lucre
En el fondo, la creación de nuevos productos farmacéuticos continúa regida por un interés económico antes que por una visión humanitaria. No se descubren medicamentos para las enfermedades desatendidas como la malaria, la tuberculosis o el mal de Chagas porque no producen las mismas ganancias que los medicamentos sofisticados o complejos. En los últimos 25 años, de los más de mil medicamentos aparecidos en el mercado, solamente once están destinados a combatir enfermedades tropicales.
Desde la óptica de los grandes laboratorios, las patentes fomentan la investigación porque garantizan las perspectivas de lucro. Según ellos, mientras más tiempo pueden beneficiarse de la comercialización exclusiva de un producto, más interés tendrán en invertir en la investigación de nuevas entidades. En la práctica, la posesión de una patente permite la fijación arbitraria de precios en función de una mayor y más rápida recuperación de costos. Esta concepción mercantilista de la salud se contrapone con la idea de establecer una diferenciación internacional de precios como medida para favorecer a los países más pobres. Según las transnacionales farmacéuticas, estas políticas discriminatorias perjudican sus intereses, pese a que está demostrado que la reducción de precios de los medicamentos en los países pobres no afecta sustancialmente las ganancias de dichas empresas. Por ejemplo, África consume tan sólo el 1.3% de las medicinas a nivel mundial, y entre Ecuador, Perú y Colombia no alcanzamos ni el 3% del mercado de los Estados Unidos.
Viva el anarquismo
En la teoría política clásica, el anarquismo es una doctrina que propugna la abolición del Estado como garantía para la libertad del individuo, pues aquel se habría convertido en un instrumento de opresión y control social. En la teoría política de Bush, la ausencia o debilidad del Estado es una necesidad para la expansión del capitalismo salvaje, lo cual en buen romance, se traduce en la imposición y el control de la sociedad por parte de las gigantescas corporaciones multinacionales.
Contrariando burdamente el espíritu libertario de la doctrina, el anarquismo se convierte en instrumento de esclavitud. Una de las mayores amenazas para la salud en nuestro país es el capítulo del TLC, que garantiza el libre flujo de servicios en el continente. Esta medida permitirá que empresas extranjeras especializadas en la prestación de servicios puedan a futuro competir por fondos públicos con las instituciones nacionales. Tomando en cuenta la debilidad estructural de los servicios públicos en el Ecuador, no sería sorprendente que el manejo de la salud pública pase a manos de una empresa privada norteamericana con mayor capacidad financiera y con una gestión más eficiente. Esto, obviamente se complementaría con la imposición de tarifas inalcanzables para muchos sectores sociales, y permitiría la incidencia externa en la definición de políticas nacionales.
El fortalecimiento indiscriminado y sistemático del sector privado en América Latina conspira contra la posibilidad de establecer programas públicos indispensables, como sería el caso del acceso a medicamentos esenciales para la población más desprotegida. Por ejemplo, la posible creación de un laboratorio estatal de medicamentos genéricos está amenazada por la competencia de los grandes laboratorios norteamericanos, técnica y financieramente más poderosos que el mismo Estado ecuatoriano.
El control es la clave
El establecimiento de acuerdos entre partes absolutamente dispares favorece a la que posea mayores ventajas. En la práctica, el manejo de los flujos comerciales abre las puertas al control de los recursos -sobre todo naturales- mediante la supremacía tecnológica y financiera. Las profundas diferencias en estos campos entre Estados Unidos y los tres países andinos que negocian el TLC permiten que las empresas norteamericanas estén en mejores condiciones para aplicar estrategias de apropiación y explotación de recursos como la biodiversidad, minerales, agua y energía.
Pese a poseer una enorme riqueza biótica, el Ecuador tiene graves limitaciones para su explotación. Más aún, tiene escasas posibilidades de cumplir con los requisitos que exigen los circuitos internacionales de comercio para la distribución de productos farmacéuticos elaborados a partir de recursos biogenéticos. En este campo, tanto la investigación como el procesamiento e industrialización de medicamentos, requieren de una importante capacidad financiera y tecnológica, de la cual carece el país. Algo similar ocurre con la explotación de nuestra biodiversidad.
Incontables proyectos para exportar productos medicinales naturales enfrentan grandes obstáculos, como la obtención de certificaciones internacionales o los insuficientes volúmenes de producción.
La ley del embudo
La lógica del control comercial a nivel planetario está sustentada en una serie de leyes y normativas impuestas por los países desarrollados en el seno de la OMC. Muchas de estas normas tienen una naturaleza tramposa, puesto que parten de la supuesta igualdad de condiciones y posibilidades entre todos los países del mundo.
La tan pregonada liberalización del comercio se contradice con las políticas de subsidios aplicadas en los países ricos o con las leyes anti-dumping aplicadas para garantizar el monopolio a determinadas empresas.
Esto último es evidente en el caso de los medicamentos. Ni las empresas canadienses, asiáticas o latinoamericanas que ofrecen medicamentos genéricos de calidad a precios competitivos podrán escapar de las argucias legales interpuestas por los abogados de las grandes corporaciones. La oferta de medicamentos más baratos podrá ser considerada como atentatoria a los intereses de cualquier laboratorio norteamericano que se ampare en las leyes anti-dumping del TLC. Las demandas en contra de una supuesta competencia desleal pueden ser llevadas a instancias internacionales de arbitraje, que por lo que se ha constatado, generalmente juzgan a favor de los grupos privados más poderosos e influyentes.
Estadísticas y cinismo empresarial
Decía Winston Churchill, que él solamente confiaba en las estadísticas que había manipulado. Definía así la naturaleza relativa -y sobre todo política- de estos instrumentos de medición. En el campo de la salud los ejemplos sobran. Desde las esferas oficiales nos han convencido de que el incremento promedio de la esperanza de vida refleja una mejoría en la calidad de vida de la población, pero no se nos dice que en el caso de las personas de escasos recursos, esos años de vida que se añaden en su vejez son realmente miserables. Algo similar ocurre con los datos que consignan una reducción en la tasa de mortalidad infantil: nunca nos dicen que los niños pobres que se salvan de morir terminan viviendo un infierno de privaciones, marginación y maltrato.
Precisamente de este defecto adolece el estudio contratado por el MICIP con la consultora CORDES, con el fin de determinar el posible impacto económico sobre el sector farmacéutico como consecuencia de la adopción de un capítulo de Propiedad Intelectual en el marco del TLC. Una parte de las conclusiones establece que una protección de cinco años para los datos de prueba provocará un incremento de 186% en el precio de los medicamentos, lo cual reduciría en un 77% el consumo, debido a las limitaciones económicas de los usuarios. Si cotejamos esta información con el esquema de consumo por niveles socioeconómicos, se constata que esta medida perjudicará principalmente al 40% de la población más pobre, que es el que gasta un mayor porcentaje de sus ingresos familiares en medicinas.
Sin embargo, como el estudio fue realizado sobre un grupo concreto de medicamentos introducidos al mercado entre abril de 2000 y abril de 2005, también consigna datos financieros precisos. Concluye afirmando que la pérdida de bienestar para la sociedad ecuatoriana, a consecuencia de la medida señalada, sería de 2,6 millones de dólares al año. A este dato se acoge el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil para expresar que “por dos millones de dólares en pérdidas no se puede detener un proceso que ha durado más de una año”.
Con toda seguridad, esa suma de dinero es irrisoria dentro de los inmensos negocios que piensan emprender los industriales dentro del TLC. Con toda seguridad, un incremento del 186% en los precios de los medicamentos no significa nada para los elevados ingresos que detentan las familias de los industriales. A fin de cuentas, ese 77% de pobres que dejaría de acceder a medicamentos resulta intrascendente en la lógica del capitalismo salvaje.
Lo que no menciona el presidente de los industriales es que esos 2,6 millones de dólares se pierden cada año, no por una sola vez. Tampoco señala que ese monto se incrementará exponencialmente en la medida en que se patenten los medicamentos actualmente comercializados en el país, o cuando ingresen al mercado ecuatoriano medicamentos nuevos. Tampoco dice que quienes asumirán esas pérdidas son los más pobres del país, pues son quienes más gastan en medicamentos en términos absolutos.
Optar por la vida
La Organización Mundial de la Salud (OMS), sin atreverse a cuestionar abiertamente al TLC, recomienda una actitud vigilante frente a la posibilidad de que este se conviertan en una ampliación de los términos acordados en los ADPIC (un ADPIC plus), lo cual representa una mayor amenaza a los intereses sanitarios de nuestros países. La posición de este organismo internacional se orienta más bien al aprovechamiento de los resquicios que dejan los acuerdos comerciales globales para conseguir algunas ventajas.
La pregunta, en este caso, debe indagar más bien sobre la real posibilidad de negociación en un mundo devorado por la lógica mercantilista, donde los marcos legales solamente son un aditamento a las políticas establecidas desde los directorios de las grandes corporaciones. Hacer de la salud un negocio lucrativo es, desde todo punto de vista, perverso e inhumano. Sin embargo, la producción de fármacos está entre los negocios más rentables del planeta.
La opción por los genéricos no tiene que ver solamente con el tema de los precios. Es en esencia un tema que se refiere a la racionalidad del manejo de la salud. Por lo mismo, nos compete a todos los seres humanos, ricos y pobres. No se puede permitir que a título de la defensa del libre comercio se violenten los derechos básicos de millones de seres humanos.
Juan Cuvi es investigador social y Director de la Fundación Donum, de Ecuador. Este artículo ha sido publicado en el nº 4 de la revista ecuatoriana Entre Voces (noviembre de 2005).
