La Amenaza al medio ambiente por parte del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (TLC)

Ari Hershowitz David Waskow
Director, Proyecto BioGemas, Latin America Coordinador Política de Comercio FoE

Las reglas de inversión con respecto al arbitraje internacional debilita leyes ambientales y laborales, permitiendo a las empresas extranjeras interponer demandas por “compensaciones” ante tribunales internacionales, evitando del todo a las cortes nacionales. Un inversionista internacional podría, por ejemplo, demandar una “compensación” en casos en que las leyes ambientales limiten la minería o la exploración petrolera en el mar, o reduzca los intereses del inversionista en el negocio. Aún si estas demandas no prosperan, las compañías pueden amenazar e intimidar a pequeños países en desarrollo con acudir a tribunales internacionales para conciliar grandes sumas de dinero o para presionarles a cambiar sus leyes y regulaciones ambientales.

Tanto México como Canadá han perdido casos que se centran en protecciones ambientales bajo demandas similares basadas en los derechos de los inversionistas del capítulo 11 de NAFTA. A su vez, Estados Unidos actualmente enfrenta demandas por $1 billón de dólares con base en el capítulo 11.

La Compañía Harken Energy y la exploración de petróleo en el mar de Costa Rica

La empresa Harken Costa Rica Holdings obtuvo una concesión para explorar petróleo en el mar caribe de Costa Rica, incluyendo un área ambientalmente sensible en la costa de Talamanca. La perforación estaba supeditada al estudio de impacto ambiental y a la obtención previa del permiso o licencia ambiental. El gobierno de Costa Rica evaluó el estudio y determinó que la aplicación de la empresa Harken al permiso para perforar no se ajustaba a los términos pedidos por la ley ambiental. En respuesta, la empresa trató de interponer una demanda internacional en contra del gobierno de Costa Rica. Harken demandó por más de 57 billones de dólares en compensación, casi tres veces el producto interno bruto del país. Sin embargo, bajo los términos del contrato de concesión, el gobierno ejerció su derecho de mantener el caso en Costa Rica, antes que aceptar el arbitramento internacional.

Bajo el TLC, Costa Rica no hubiese tenido ninguna opción y habría tenido que someterse de manera obligatoria al tribunal internacional. Harken hubiese podido eludir a las cortes nacionales y acudir directamente a los tribunales internacionales para desafiar los estándares ambientales fundamentales de la ley Costarricense, y para hacer su astronómica demanda financiera.

Lo que está en juego: la costa Talamanca de Costa Rica

La región de Talamanca contiene uno de los ecosistemas marinos más ricos y diversos del planeta. Comprende tres reservas indígenas, un sitio World Heritage de la UNESCO, el parque nacional Cahuita, y un humedal designado por las Naciones Unidas en el Refugio silvestre Gandoca-Manzanillo. Según el recuento ambiental, la perforación costera amenazaría a:
- Importantes zonas reproductivas para las tortugas carey, great-headed y las amenazadas baulas (Leatherback) y tortugas verdes. La población de tortugas verdes que hacen sus nidos cerca de Tortuguero es la más grande en el Hemisferio Occidental, y el número de tortugas baulas (Leatherback) de Gandoca ha venido creciendo a un nivel sin precedentes desde la creación del área protegida.
- Cientos de trabajos de pescadores y muchos otros dependen del eco turismo porque son atraídos por los corales del caribe.
- Manglares y humedales que seguramente jamás se recuperarían de un eventual derrame de petróleo.

Una corta cronología de la Empresa Harken Costa Rica

- El acuerdo de Harken Costa Rica con el gobierno de Costa Rica supeditó la perforación marina o costera a un estudio de impacto ambiental. Esto se basó en parte de una concesión que Harken obtuvo de la empresa MKJ-Xplorations de Luisiana.
- En febrero del 2002, Costa Rica rechazó la aplicación de Harken para los permisos ambientales porque dicha perforación causaría daño a áreas críticas para la reproducción de tortugas en peligro de extinción y a los arrecifes de coral que son centrales para la economía del país, basada en el ecoturismo. Harken decidió no apelar la decisión tomada por la Autoridad Ambiental del gobierno de Costa Rica. [La Republica, octubre 1, 2003]
- El 15 de septiembre, 2003, Harken interpuso una demanda de arbitraje por $57.5 billones de dólares en razón de ganancias esperadas [La Nación, septiembre 29, 2003] de la perforación marina, ante el Centro Internacional para la Resolución de Conflictos de Inversión del Banco Mundial. La suma es tres veces mayor que el producto interno bruto y once veces mayor que el presupuesto anual del gobierno de Costa Rica. La demanda fue retirada cuando Costa Rica se negó a responder a esta demanda astronómica e insistió en que el caso fuera manejado por las cortes nacionales. [La Republica, octubre 6, 2003]
- Arqueen continua presionando a Costa Rica. Según la prensa local, un sofisticado lobby político ha presionado para que Costa Rica llegue a un acuerdo o conciliación, utilizando las negociaciones del TLC como arma de presión o palanca. [La Republica, octubre 1, 2003; Tico Times, agosto 22 y octubre 10, 2003]
- NRDC ejerció el derecho de petición de información en junio 7, 2002, para detectar cualquier lobby del gobierno Estadounidense a favor de Arqueen. La respuesta a esta solicitud se demoró más de un año, y fue solo parcialmente satisfecha. Fuentes en el gobierno de Costa Rica alegan que Estados Unidos ha presionado a Costa Rica para que concilie, y un comunicado de prensa reciente de la Embajada Estadounidense en Costa Rica confirma este dato.

TLC facilita el abuso corporativo y amenaza los estándares ambientales

- TLC otorga poderosas herramientas a las corporaciones para que presionen a los gobiernos a que revoquen o dejen de lado leyes ambientales y otras de interés publico.
- TLC va mas allá inclusive que Nafta, específicamente permitiendo que los inversionistas multinacionales desafíen decisiones gubernamentales con respecto a los acuerdos sobre los recursos naturales, como en contratos de minería y perforación costera.
- TLC dará a las corporaciones extranjeras mayores derechos que a los ciudadanos locales, además de la oportunidad de obviar completamente a las cortes nacionales socavando la gobernabilidad democrática.
- El acuerdo de libre comercio entre Australia y los Estados Unidos no contiene provisiones que permitan demandas internacionales directas en contra de los gobiernos. Australia se mantuvo firme en este punto y por ello está a salvo de las amenazas a la protección del medio ambiente que implica este tipo de pleitos, pero pequeños países en vías de desarrollo no lo están.
- La habilidad de las industrias extractivas, incluyendo la perforación costera y marina, de obtener mayores derechos fuera de Estados Unidos, podría crear “una competencia hacia abajo”, debilitando los esfuerzos para mantener o mejorar los estándares ambientales en los Estados Unidos.

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Comments

  • La Proteccion al medio ambiente por parte del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (TLC)26-March-2006 | steve

    no entiendo por que dicen:

    "Bajo el TLC, Costa Rica no hubiese tenido ninguna opción y habría tenido que someterse de manera obligatoria al tribunal internacional. Harken hubiese podido eludir a las cortes nacionales y acudir directamente a los tribunales internacionales para desafiar los estándares ambientales fundamentales de la ley Costarricense, y para hacer su astronómica demanda financiera."

    parece que no han leido el TLC.. Los negociadores eran muy sensibles a este problema, y el tratado tiene vaios garantias que refuerzan la soberania de
    costa rica sobre sus recursos naturales y medio ambiente.

    ejemplos:

    Article 10.11: Investment and Environment
    Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from adopting, maintaining,
    or enforcing any measure otherwise consistent with this Chapter that it considers appropriate to
    ensure that investment activity in its territory is undertaken in a manner sensitive to
    environmental concerns.

    (este clausula —"la clausula tica" garantiza las leyes ambientales
    annex 10-C3
    b) Except in rare circumstances, nondiscriminatory regulatory actions by a Party that
    are designed and applied to protect legitimate public welfare objectives, such as
    public health, safety, and the environment, do not constitute indirect
    expropriations.

    (este annexo hubiera matado la demanda de Harken)

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