La salud en ascuas, ¡La salud no es negociable!
Las mayores tensiones y desavenencias entre los equipos negociadores de los dos
países se han originado justamente en estos aspectos, al punto que
las discrepancias, insalvables en ocasiones, han puesto en grave
peligro la continuidad de la negociación misma. El embrollo ha sido
tal, que no sólo ha dado lugar a distanciamientos entre las partes
negociadoras, sino entre los gremios y el equipo negociador de
Colombia, fundamentalmente debido a las vacilaciones y a la debilidad
de este. Ante tales dificultades, se ha optado por dejar de lado,
para el final de las negociaciones, estos asuntos, considerados por
el propio gobierno como los más sensibles; por ello, han estado
ausentes de las últimas rondas. Todo indica que esta es parte de la
estrategia negociadora de los EEUU para, al final, poner contra las
cuerdas al equipo negociador de Colombia y así poder salirse con la
suya. Como lo afirma Germán Holguín, director de Misión Salud, "el
aislamiento del tema de medicamentos es una estrategia de los EEUU,
como mecanismo de presión al final de la negociación"[2].
La mesa correspondiente a la propiedad ha estado plagada de
incidentes, frente a los cuales ha quedado muy mal parado el equipo
negociador de Colombia, que ha sido errático y pusilánime. En la
ronda de Lima, por ejemplo, la Jefe del equipo negociador
estadounidense, Regina Vargo, vetó a Carlos Correa, uno de los
negociadores por Colombia de la mesa que se ocupa de la propiedad
intelectual y la respuesta de Colombia fue la de removerlo y mandarlo
al "cuarto de control" donde participan altos funcionarios.
Posteriormente fue retirado por parte del Ministro de Comercio,
Industria y Turismo, Jorge H Botero, su sucesor, Luis Angel Madrid,
supuestamente por haber cambiado de manera "inconsulta" el texto de
la propuesta nacional, cediendo ante las presiones de los
negociadores estadounidenses. Llama poderosamente la atención que
dicho funcionario, aunque fue retirado de las negociaciones sigue en
la plantilla del Ministerio, como también el hecho de que, en últimas
su propuesta terminó siendo formalizada ante los EEUU. Esta vez
chocaron entre sí los ministros de Comercio y Protección, lo cual se
repetiría a raíz de la renuncia de los tres asesores técnicos del
Ministerio de Protección en la mesa de negociación, por considerar
que "En cuanto a los temas de propiedad intelectual relacionados con
la salud, no hubo ningún avance significativo en los asuntos de
interés de Colombia"[3]. Mientras el Ministro de Comercio los tildó
de desleales, el Ministro de Protección se solidarizó con ellos.
La propuesta presentada oficialmente por parte del Jefe del equipo
negociador colombiano, Hernando José Gómez, no dista mucho del
funcionario que cayó en desgracia y simplemente fue utilizado como
chivo expiatorio, la que simplemente fue calificada como un "error
técnico y de procedimiento" nada más. En efecto, con la propuesta que
él entregó a los negociadores de los EEUU, Colombia mantendría
vigente el decreto 2085 de 2002, que otorga exclusividad a las
multinacionales farmacéuticas para el uso de la información por ellas
suministradas como datos de pruebas de las patentes, hasta el año
2014 y aún más allá de dicho límite. Ya sabemos que dicho decreto fue
expedido bajo la presión del Congreso de los Estados Unidos, en
momentos en los que se estaba tramitando la aprobación del ATPDEA[4].
Esta norma contraviene la normativa andina y se sitúa por encima de
los estándares establecidos por la OMC, pero va en la dirección de
las pretensiones de los Estados Unidos de obtener un plus respecto a
las mismas.
Luego de que los susodichos funcionarios renunciaron por considerar
que les quitaron "todo espacio para defender el interés nacional"[5],
la salud en Colombia ha quedado en vilo, a merced de las ambiciones
de los negociadores estadounidenses en esta materia, que no conocen
límites. En primer término, está en juego un mercado muy importante
como lo es el de los medicamentos, que cada año mueve US $1.400
millones; de estos US $500 millones corresponden a los genéricos, que
constituyen el busilis del problema planteado. Por qué?
Sencillamente, por que todas las presiones de las multinacionales
farmacéuticas están encaminadas a impedir que sus productos de marca
tengan que vérselas con los genéricos, los cuales, no obstante tener
los mismos principios activos y por ello mismo sus sustitutos
perfectos, son ostensiblemente más baratos. A ello apunta su
obstinada posición, tendiente a obtener de Colombia, Ecuador y Perú,
el que ellos accedan a ampliar la protección para sus medicamentos,
ya sea por la vía de las compensaciones por los retrasos que se
originen tanto en las entidades encargadas de expedir las patentes,
como aquellas que tienen por función expedir los registros
sanitarias. No contento con ello, exigen que se aumente a 10 años la
protección de los llamados "datos de prueba", es decir los estudios
que se exigen a los laboratorios que quieren sacar nuevos productos;
al tiempo que demandan patentes para "segundos usos", que no es otra
cosa que un subterfugio para extender ad infinitum la protección de
las mismas. Eso sí, rehúsan comprometerse a una lucha frontal en
contra de la biopiratería que tanto afecta a los países andinos y
mucho menos reconocer el aporte de los conocimientos tradicionales
asociados con los medicamentos.
Se dice por parte del gobierno que "Como resultado de las
negociaciones del ALCA y el TLC, los colombianos no deben esperar un
encarecimiento de los medicamentos. Por el contrario, y como debe
ocurrir con muchos otros productos, al haber mayor oferta y mejores
condiciones de competencia, los precios de los medicamentos en
general deben tender al abaratamiento, favoreciendo el acceso de
todos a las medicinas que requerimos"[6]. No obstante, admite que "...
no puede negarse que, si la negociación conllevase un incremento
desmedido del proteccionismo a las patentes de los medicamentos,
existe la posibilidad de que algunos de ellos, para tratamientos
específicos, puedan encarecerse"[7]. Y ello precisamente es lo que se
columbra a consecuencia de las concesiones que ha venido haciendo el
equipo negociador de nuestro país y es lo que tiene en ascuas a la
salud pública en Colombia, que puede llevar la peor parte en estas
negociaciones. Dicha protección retarda la entrada al mercado de los
medicamentos genéricos, bloqueándolos, anulando la competencia y
favoreciendo a los de marca, que sólo producen las multinacionales
farmacéuticas. En el caso colombiano, a guisa de ejemplo, las dos
terceras partes de los medicamentos que se consumen son productos
genéricos manufacturados en el país; mientras que los de marca son
todos importados. Las diferencias de precios hacen que mientras los
de marca representan el 62% en valores del mercado farmacéutico en
Colombia, los genéricos superan el 70% en unidades consumidas.
Y es que las diferencias de precio entre unos y otros son abismales.
En el caso de la Atorvastatina, por ejemplo, se puede conseguir en 12
presentaciones (caja de 10 tabletas de 10 mgr. cada una) a precios
que oscilan entre $16.000 y $60.000, según que se trate de genérico o
de marca. El Enalapril de 5 mgr., en los EEUU cuesta 32 veces más que
en Bogotá y el Fluoxetine, por su parte, cuesta 15 veces más. De
prosperar las pretensiones de los EEUU, los precios de los
medicamentos se nivelarían por lo alto; para intuir lo que nos
depararía una mala negociación en este aspecto, basta con mirar lo
que sucedió en México una vez firmó su TLC con EEUU y Canadá (NAFTA).
Es que, como lo sostiene Germán Velásquez, director del Programa
Mundial de Medicamentos de la OMS, "los medicamentos genéricos son
significativamente más baratos que los medicamentos patentados en
régimen de monopolio"[8]. Y no estamos hablando de naderías, es que
el 95% de los que clasifica la OMS como "medicamentos esenciales"
pueden conseguirse en genéricos; en el caso específico de Colombia,
la mayor parte de los medicamentos contemplados en el Plan
Obligatorio de Salud (POS) son genéricos. Por lo tanto, el impacto
que tendría la restricción de estos sería devastador para los
colombianos del montón y sus letales efectos no se dejarían esperar.
Con la extensión de la protección a las patentes, sólo "se protegen
los intereses financieros de las multinacionales farmacéuticas, en
detrimento de la capacidad para enfrentar problemas de su salud
pública en el mundo subdesarrollado"[9].
Claro que para el ex ministro Hommes, de tan ingrata recordación, "la
industria que debe estar muy preocupada por el TLC es la de productos
genéricos de los EEUU. Si el público de los EEUU se entera de que
existen genéricos de calidad comparable a los de los EEUU que le van
a costar una décima parte de lo que cuesta adquirirlos en ese país,
van a utilizar los medios disponibles para arbitrar entre los dos
mercados"[10]. Pero, si ni siquiera Canadá ha podido penetrar ese
mercado, será que Colombia sí tendrá posibilidades de llegar al mismo
sin las cortapisas en las que son tan ingeniosas las autoridades
aduaneras y sanitarias del Tío Sam. Ello no pasa de ser una quimera,
pongamos los pies en la tierra para que no nos vayamos a ir de
bruces. Una sola de las exigencias de los EEUU, la de los "datos de
prueba" del decreto 2085 de 2002, según estudio de la OPS, aumentaría
los precios de los medicamentos en US $630 millones en el 2020; si
este gasto no eleva en esa proporción, el consumo se reduciría en 26%
desde el 2010. Entre tanto, la prolongación de la vigencia de las
patentes, por la vía de los "segundos usos" los incrementaría en US
$420 millones desde el 2025. El régimen contributivo de salud tendría
un gasto adicional de US $100 millones en el 2020, mientras que en el
subsidiado será de US $18 millones para el mismo año[11]. Ello se
podría traducir en más de 6 millones de usuarios del sistema de
salud, que quedarían posibilidades de acceder a los medicamentos, a
consecuencia de semejante despropósito. Con razón Marcela Meléndez,
directora del estudio realizado por Fedesarrollo al respecto,
advierte que los negociadores colombianos no deben "abrir la mano y
entregar más de lo que ya hay en las normas que regulan la
materia"[12].
Una de las cláusulas más temidas en esta negociación, si es que a
ello puede llamársele negociación, es la de "Anulación y menoscabo"
propuesta por los EEUU, la cual prevé que, en el evento de que a sus
empresas no se le cumplan al dedillo sus expectativas de ganancias,
atribuibles a medidas gubernamentales, habría lugar a indemnizaciones
a las mismas. Esta cláusula es ventajosa para los EEUU y sería una
fuente permanente de controversias, las cuales al tenor del TLC
serían dirimidas por tribunales internacionales en los que la
capacidad de lobby de los EEUU es infinitamente mayor que la que
puede tener Colombia, con las consabidas consecuencias.
Pero, bueno, el gobierno dicho que "El gobierno está dispuesto a
pagar los costos políticos que impliquen las determinaciones que
adopte...desde el punto de vista técnico prácticamente no hay nada qué
agregar...lo que se sigue y se requiere es coraje político para tomar
decisiones y asumir los costos políticos de estas"[13]. Por su parte
el Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez, ha sido enfático
en decir que "Seguramente van a llover rayos y centellas...que se venga
el mundo encima...lo vamos a firmar y lo vamos a aplicar rapidito"[14].
Aunque, últimamente hemos visto al Presidente muy dubitativo, lo cual
es extraño en él. Ante los fundados temores ante las consecuencias
que puede acarrear la firma de un mal tratado, el Presidente Uribe se
muestra vacilante. "Qué responsabilidad tan grande, pero yo no sé que
es peor si no firmarlo o firmarlo mal"[15], dijo. Qué dilema!
El Jefe del equipo negociador de Colombia, Hernando José Gómez,
aseguró el pasado viernes que la negociación está avanzada en un 90%
(¡!), pero, a renglón seguido aclaró que el 10% que falta, además de
ser "lo más complejo y delicado", como lo son el sector agropecuario
y propiedad intelectual, "ese 10 por ciento es lo que más le duele a
las partes"[16]. Con ellos se nos puede ir la vida, así de álgidos
son. Entonces, que Dios nos tenga de su mano; por lo pronto, quienes
no tragamos entero tenemos derecho a reclamar que, en la eventualidad
de que el Presidente cumpla su palabra y firme semejante adefesio, el
texto del TLC sea sometido a una consulta popular. Además, no deberá
ser este Congreso obsecuente y genuflexo el que tramite su
ratificación, sino el Congreso elegido en marzo próximo, quien
contaría con un mandato fresco para acometer tan ímproba empresa. No
por mucho madrugar amanece más temprano!
Bogotá, noviembre 13 de 2005
www.amylkaracosta.com
[1] Presidente Sociedad Colombiana de Economistas
[2] Portafolio. Marzo, 10 de 2005
[3] Carta de renuncia dirigida al Ministro de Protección Social,
Diego Palacio. Bogotá, septiembre 23 de 2005
[4] Amylkar D. Acosta M. El Plan B. Agosto, 15 de 2005
[5] Ibidem
[6] Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Las 100 preguntas
del TLC. Bogotá, junio de 2004
[7] Idem
[8] El Espectador. Octubre, 16 de 2005
[9] El Tiempo. Informe Comisión de Reforma y Gobierno de la Cámara de
Representantes de los EEUU. Junio, 10 de 2005
[10] La República. Octubre, 18 de 2005
[11] El Tiempo. Noviembre, 11 de 2005
[12] El Tiempo. Julio, 12 de 2005
[13] El Tiempo. Agosto, 23 de 2005
[14] Congreso de ANALDEX. Medellín, septiembre 27 de 2005
[15] Congreso de Fedepapas. Bogotá, noviembre 11 de 2005
[16] El Tiempo. Noviembre, 13 de 2005
