TLC andino: Nuevos descalabros del gobierno colombiano
Primero fue la visita del ministro Botero a Washington de la cual lo único que salió fue reanudarían las negociaciones a finales de enero, cosa que contradice todos los anuncios de que se cerraría el tratado en diciembre y que había una intensa negociación. Después el Tribunal Andino de Justicia declaró que el decreto 2085 que aumenta a 5 años la exclusividad de los datos de prueba para las multinacionales, chocaba con la legislación andina en materia de propiedad intelectual. Este fallo tiene gran importancia pues muestra que el gobierno colombiano viola la legislación de la CAN y lo que es peor, anuncia que no va a acatar el fallo. Con ello da un nuevo golpe demoledor a este acuerdo subregional cuya viabilidad depende de que los miembros, en caso de controversias se acojan a las normas definidas conjuntamente. Toda la fraseología sobre preservar los acuerdos con los vecinos quedó en el suelo.
Finalmente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca expidió una medida cautelar en la cual llama a no firmar el TLC pues atenta contra derechos fundamentales. La medida cautelar considera bastante verosímil que un tratado de estas características afectará gravemente a la población, aunque no es un fallo definitivo, refleja la preocupación del alto tribunal sobre los peligros que acechan al país.
Todos estos hechos aumentan la percepción en la opinión pública de que la obstinación en firmar el tratado va en contra de los intereses nacionales y aun de la situación económica mundial y obedece a la fe ciega en los dogmas neoliberales. Los fundamentalistas del libre mercado como Homes y Montenegro están iracundos e incluso han criticado hasta a los exportadores que recomiendan ir con calma pues no perciben las anunciadas ganancias y menos cuando Perú firmó un tratado que satisface todos los intereses estadounidenses y se convierte en el modelo a seguir para el gobierno colombiano.
Si el gobierno sigue en la negociación ultrasecreta y con el propósito de ceder todo, tendrá que pagar un alto costo político. No importa que haga maniobras distractoras en materia de paz o de salario mínimo o incluso que acuse a Estados Unidos de chantajear con el Plan Colombia. Para la campaña reeleccionista de Uribe pesará como un piedra atada al cuello su deseo de firmar rapidito un TLC que no puede ser sino lesivo y antinacional.
