Colombia: debate por medicamentos en TLC
Según dijo el cardenal primado de Colombia, monseñor Pedro Rubiano, el tema hay que manejarlo con lupa, toda vez que el precio de los medicamentos tendría alzas que no permitiría que un ciudadano con ingresos bajos los adquiriera.
Rubiano, ex presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, le planteó su preocupación a los senadores Camilo Sanchez Ortega, Jorge Enrique Robledo, José Dario Salazar y Nancy Patricia Gutierrez.
Al respecto, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, le envió una carta al cardenal, enfatizando que "Colombia puede adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública en relación con cualquier área del capítulo de propiedad intelectual, incluyendo patentes y la protección de datos de pruebas".
Entretanto, doce expertos que intervinieron este jueves en la audiencia pública "TLC y salud: la verdad" coincidieron en afirmar que si el Tratado con Estados Unidos queda en firme, los precios de los medicamentos sufrirán en Colombia drásticas alzas, que según estimaron llegarán a US$1.000 millones
La audiencia, en la que hicieron de moderadores los congresistas convocantes Jorge Enrique Robledo y Camilo Sánchez Ortega, fue instalada por monseñor Fabián Marulanda, secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana, quien alertó sobre los peligros del Tratado para la salud de los colombianos, al igual que lo hizo monseñor Pedro Rubiano.
El senador Camilo Sánchez Ortega puso como ejemplo de los perjuicios a las personas enfermas con Sida. Según dijo, de 21.000 personas que padecen la enfermedad, 12.000 reciben los antirretrovirales, mientras el resto está condenado a morir. Esta cifra subiría con el incremento de los costos de los medicamentos.
Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, afirmó que el Congreso sí está facultado para examinar la inconstitucionalidad de capítulos y cláusulas del Tratado recién suscrito por el Gobierno colombiano. Montealegre añadió que el Legislativo puede aprobar reservas a los textos del Tratado que violen los derechos sociales de la población o que impliquen un claro retroceso en campos como el de la salud.
Dos expositores, Miguel Ángel Cortés y Francisco Rossi, presentaron el TLC como un acto de adhesión de los negociadores colombianos a las imposiciones de Estados Unidos. Cortés y Rossi integraban el equipo negociador del Gobierno, pero se vieron obligados a renunciar a él en protesta por la entrega de vitales reivindicaciones.
Intervinieron además los senadores Iván Moreno Rojas, del Polo Democrático Alternativo; Alexandra Moreno Piraquive, presidenta de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara (donde entró el TLC a primer debate); y Cecilia López Montaño y Carlos Julio González, del Partido Liberal. Todos ellos anunciaron su oposición al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Ahora bien, frente a la polémica que ha suscitado el Tratado de Libre Comercio con E.U, el vicepresidente, Francisco Santos, afirmó el miércoles pasado en Washington que renegociarlo abriría "una caja de Pandora", y que las leyes colombianas protegen los derechos de los trabajadores.
"Las leyes laborales en Colombia protegen a los trabajadores.......no tenemos claro cuáles son las preocupaciones" puntuales del Legislativo estadounidense, salvo las "genéricas", señaló Santos, tras enfatizar que le preocupa el escepticismo de algunos sectores del Legislativo de ese país "porque es como pelear contra un fantasma".
Sin embargo, el congresista demócrata Sander Levin explicó, durante una audiencia, lo que busca la oposición en los tratados bilaterales pendientes de ratificación, que incluyen también a los de Perú y Panamá. "Nuestra posición ha sido clara y coherente: el texto del acuerdo debe incluir las cinco normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, con un período razonable de transición", dijo Levin, en una audiencia del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.
Demócratas como Levin, el presidente del subcomité de comercio, quieren que los países firmantes tengan la obligación de respetar derechos fundamentales como la prohibición del trabajo infantil, el trabajo esclavo y la discriminación, así como el derecho de asociación.
Santos dijo que el TLC, firmado por ambos países en diciembre pasado y que requiere la ratificación de las respectivas legislaturas, ayudaría a consolidar el crecimiento económico en Colombia por arriba del 5 por ciento anual y a resolver los problemas sociales y económicos que afronta el país.
