Costa Rica: Diputados busca brincar legalidad para pasar Ley sobre Propiedad Intelectual
06 de Octubre de 2008
Costa Rica: Diputados busca brincar legalidad para pasar Ley sobre Propiedad Intelectual
Por Carlos Salazar (csalazar@elpais.co.cr)
Redacción (NP) La mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa, aliados con el gobierno central, busca la manera de brincar el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el fin de no consultar a los pueblos indígenas la Ley sobre Propiedad Intelectual.
Desde este lunes, se espera que los diputados inicien el “debate” del último proyecto de la agenda de implementación del Tratado de Libre
Comercio (TLC), con los Estados Unidos, que deberá ser tramitada como fecha límite el 31 de diciembre.
Para iniciar las “discusiones” cuentan con tres informes de comisión presentadas por los progubernamentales partidos Liberación Nacional y Unidad
Socialcristiana, otro del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), y por el Movimiento Libertario (ML), que busca distanciarse del gobierno al que ha
estado unido desde el 2006.
Los diputados deberán resolver los vicios de procedimientos legales, advertidos por la Sala Constitucional a mediados de setiembre anterior, lo que
provocó el incumplimiento por parte de Costa Rica de la prórroga otorgada por los Estados Unidos para aprobar todo lo relacionado con el TLC el
mes anterior.
El gobierno, a través de sus diputados y diputadas, pretende eliminar la consulta a los pueblos indígenas, exigida por el Convenio 169, y que líderes
espirituales y comunales advirtieron que defenderán en todos las entidades judiciales, nacionales e internacionales para ejercer la defensa de sus
derechos.
El PAC ha anunciado que presentará las objeciones por el fondo del proyecto de Ley a la Sala IV, lo que ha generado reacciones airadas en
sindicatos de la empresa privada y altos funcionarios del gobierno, como el ministro de Comercio Exterior, Marco Ruíz Vargas.
Por su parte, el gubernamental PLN y su aliado incondicional en el proceso de trámites del TLC, el PUSC, desean eliminar el freno que representa
un inciso para consultar a los pueblos originarios.
Dicha consulta, según los juristas y los propios representantes indígenas, se prolongaría por un año, mientras que en algunos sectores se solicita
obviar, por el momento, lo referido a Propiedad Intelectual.
Sin razones
Empero, el titular de Comercio Exterior (COMEX), informó que eso no será posible porque una serie de normativas como reglamentos a las leyes del
TLC, responsabilidad del Ejecutivo, están entrelazadas.
El ML, por su parte, propone rigurosidad en el trámite, hasta ahora precipitado, y devolverlo a la respectiva comisión para evitar que la Sala IV
vuelva a señalar irregularidades similares.
Tanto el PAC, los líderes indígenas y destacados juristas sostienen que los pueblos originarios deben ser consultados, ya que con la eliminación del
inciso 6 del artículo 78 no van a resolver la situación planteada.
Con pasos en falso en el trámite, que arroja más dudas legales, los diputados del gobierno recurrían a la fuerza de los votos de la mayoría para
aprobar el proyecto de Ley.
Entre tanto, en fuentes del Poder Judicial vinculadas con la Corte Plena ha trascendido de presiones de Casa Presidencial hacia los magistrados de
la Sala IV “para que no vuelvan a hacer tropezar el calendario establecido para concluir todo lo relacionado con el TLC”.
De acuerdo con la última prórroga otorgada por los Estados Unidos, Costa Rica deberá cumplir con todos los requisitos el último día de este año, y
para tal efecto se ha sumado la presión de Washington con el envío de una misión del más alto nivel para presionar en ese sentido.
Por otro lado, sectores del movimiento antineoliberal piden paralizar todo tipo de trámite, y esperar los resultados del proceso electoral
norteamericano, que concluye el 10 de noviembre.
Dirigentes del Movimiento Patriótico afirman que es posible una renegociación del TLC, de darse el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones,
debido a los beneficios absolutos que reciben las empresas transnacionales en este tipo de tratados.
Sin embargo, resaltaron que la administración de Oscar Arias no atenderá razones, “menos a esta altura del proceso, ya que su compromiso con las
transnacionales para privatizar instituciones del Estado costarricense es el principal o único programa de gobierno que tiene”.
