Los acuerdos UE-Vietnam ignoran la protección climática y los derechos laborales
El Salto | 12 de febrero, 2020
Los acuerdos UE-Vietnam ignoran la protección climática y los derechos laborales
por Tom Kucharz
Este miércoles, 12 de febrero, una mayoría del Parlamento Europeo ha apoyado dos nuevos acuerdos que la Comisión Europea ha negociado con Vietnam: uno sobre comercio y otro sobre protección a los inversores. Es la primera vez desde las elecciones del 26 de mayo de 2019 que la Eurocámara decide sobre pactos similares a los que tanta polémica y rechazo ciudadano causaron años atrás: el tratado transatlántico con EE UU (TTIP) y con Canadá (CETA).
Mayoría favorable No hubo sorpresas en pleno de Estrasburgo
El resultado final ha sido 401 votos a favor, 192 en contra y 40 abstenciones en el acuerdo de comercio y 407 a favor, 188 en contra y 53 abstenciones en el de protección de inversiones. Una gran mayoría del Partido Popular Europeo (PP), Renew Europe (Cs, PNV), ECR (Vox) y al menos el 70 por ciento de la socialdemocracia (PSOE) ha votado a favor de los acuerdos, mientras que los socialistas restantes, Verdes (ERC, Els Comuns), GUE-NGL (IU, Podemos, Bildu) y alrededor de un tercio de la extrema derecha votaron en contra.
Se ha repetido la situación del pasado 21 de enero, cuando la comisión de comercio (INTA) aprobó el acuerdo comercial con 29 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones así como el de Protección de Inversiones por 26 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones.
La instituciones europeas no han cambiado. Al igual que las negociaciones con Estados Unidos, Canadá, Japón y Singapur antes, el acuerdo con Vietnam está hecho para servir a los intereses de las grandes corporaciones, que esperan jugosos negocios con la contratación pública y la privatización de servicios públicos en el país asiático.
Incompatible con el Pacto Verde Europeo
Dar luz verde al acuerdo comercial con Vietnam significa que el Parlamento Europeo viola sus propio mandato. El 15 de enero aprobó una resolución (2019/2956 (RSP)) que establece que el “Pacto Verde Europeo debe garantizar que todos los acuerdos internacionales de comercio e inversión incluyan capítulos de desarrollo sostenible sólidos, vinculantes y aplicables, en particular sobre el clima y el medio ambiente, que respeten plenamente los compromisos internacionales, en particular el Acuerdo de París”. No es el caso con estos acuerdos UE-Vietnam.
Todo lo contrario. Se busca incrementar el comercio lo que significa aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El Pacto Verde o cualquier declaración de la emergencia climática se quedan en papel mojado si no se cambia el comercio que destruye el clima. De hecho la relativa estabilización de las emisiones de GEI en algunos países europeos se debe en parte al aumento de las importaciones de emisiones de los países en desarrollo como Vietnam que “viajan” con cada aparato electrónico, prenda o zapato importados.
Los capítulos sobre “comercio y desarrollo sostenible” no establecen compromisos concretos para la protección y el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de clima, medio ambiente, trabajo y derechos humanos. Estos capítulos, que ni son vinculantes ni exigibles, están excluidos del mecanismo de sanciones y resolución de disputas entre Estados que garantiza el cumplimiento del tratado. Lo mismo pasó con el ‘TTIP canadiense’.
Los acuerdos no prevén evaluaciones periódicas de los derechos humanos, los impactos ambientales y climáticos del acuerdo. Carecen de una “cláusula de revisión” para revisar (partes de) el acuerdo después de que se haya ratificado e implementado, con base en estudios de impacto regulares sobre el desarrollo sostenible y los derechos humanos.
Los derechos humanos olvidados
La situación de los derechos humanos y laborales en Vietnam es extremadamente preocupante. A pesar de sus promesas vacías el gobierno ha estado involucrado en una brutal represión contra la disidencia (128 presos políticos) y el trabajo sindical, especialmente desde 2016, que afecta particularmente a defensores de los derechos humanos y activistas ambientales.
Incluso el Parlamento Europeo reconoció en una resolución del 14 de diciembre de 2017 “el deterioro de la sociedad civil y derechos políticos en Vietnam”. El gobierno de Vietnam no ofrece garantías en términos de respeto a las libertades civiles (libertad de expresión, prensa, asociación, etc.). En noviembre de 2019, el periodista independiente Pham Chi Dung fue arrestado arbitrariamente por criticar el acuerdo comercial ante el Parlamento Europeo.
Según Human Rights Watch, que pidió a la Eurocámara que posponga la ratificación de los acuerdos, las fuerzas policiales recurren a la tortura mientras que el poder judicial carece de independencia. Comunidades campesinas a menudo son despojadas de sus tierras y los trabajadores son reprimidos cuando intentan que se reconozcan sus derechos.
Recientemente, Amnistía Internacional denunció que las autoridades de Vietnam lanzaron una campaña de arrestos y censura en las redes sociales para aplacar las críticas tras una disputa por tierras con Viettel, la empresa de telecomunicaciones más fuerte del país en manos del ejército, que dejó cuatro muertos. Pero la mayoría de los grupos políticos, incluyendo el PSOE, han ignorado las advertencias.
Hay europarlamentarios que han defendido los acuerdos con Vietnam aludiendo al “cambio a través del comercio” aseguran que “mejorará la vida de la gente”. Pero el texto carece de una “cláusula de supremacía” que garantice que las leyes internacionales de derechos humanos, los acuerdos ambientales y climáticos tengan prioridad sobre las normas de libre comercio e inversión.
Abuso sexual a mujeres en fábricas de Vietnam
El gobierno de Vietnam aplica una política de bajos salarios que se ve ‘recompensada’ por las empresas transnacionales con numerosas inversiones que han convertido al país en un lugar preferido para las cadenas globales de la industria electrónica, del calzado y textil. Vietnam es miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que tiene acuerdos comerciales con China, India, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda.
Si bien Vietnam ha reformado recientemente su código laboral incorporando el derecho de sindicación y de negociación colectiva (convenio 98 de la OIT), con el fin de facilitar la ratificación del Parlamento Europeo, todavía no ha ratificado dos de los ocho convenios fundamentales de la OIT, el Convenio sobre la libertad sindical (87) y sobre la abolición del trabajo forzoso (105).
Dependiendo de la fábrica, las trabajadoras reciben entre 103 y 150 euros al mes por trabajar duro 48 horas a la semana (54-78 céntimos por hora). Ocurre además que los patrones roban salarios e imponen horas extra como denuncia la campaña “Ropa Limpia”. Hay mujeres que confeccionan la ropa vendida en España y Europa sufriendo abusos sexuales, hostigamiento y violencia machista en el trabajo, según un estudio de Fair Wear.
Sin un sólo sindicato independiente en Vietnam, ¿cómo se controlará las condiciones laborales en la producción de teléfonos, electrónica, calzado y textil importados de Vietnam?
Incluso los capítulos sobre la protección de la propiedad intelectual representan una amenaza inmediata para la disponibilidad de medicamentos genéricos asequibles. Además, se insiste en mercantilizar la agricultura y alimentación. No se regulan, por ejemplo, los sistemas comerciales de semillas desde la premisa del derecho general a la alimentación y medios de vida dignos para los pequeños productores y las comunidades agrícolas vulnerables.
Otro golpe para el sector agrario en España
La situación de los derechos humanos en Vietnam no es el único problema. El contenido de estos acuerdos también es peligroso. Según la Comisión Europea, se eliminan el 99% de los aranceles sobre los bienes comercializados entre la UE y Vietnam. Estas medidas no tienen en cuenta ningún criterio de sostenibilidad o de derechos humanos.
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos pidió a los europarlamentarios españoles que voten en contra de este acuerdo por el impacto negativo que puede tener en las producciones europeas de arroz. La organización agraria denuncia que el precio del arroz (blanco) importado de Vietnam está alrededor de los 335 euros/tonelada métrica, por debajo del precio en España de 485 euros/tm. Esto puede provocar que los precios que se pagan a los pequeños productores no cubran los costes de producción o no garanticen salarios dignos. Muchos partidos han intentando instrumentalizar las recientes movilizaciones del sector agropecuario en defensa de precios justos, pero luego votan a favor de acuerdos comerciales que lesionar aun más a la agricultura familiar.
Se expande el sistema de tribunales de arbitraje
El Parlamento Europeo también ha dado su consentimiento al Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la UE y Vietnam que expande el régimen de arbitraje y la posibilidad de que inversores extranjeros demanden a un estado ante tribunales privados.
Está claro que la burbuja comunitaria no escucha a la opinión pública, que ha rechazado ampliamente los tribunales privados de arbitraje en las movilizaciones masivas contra TTIP y CETA. Hace poco, se entregaron 847.000 firmas solicitando a la UE cancelar todos los acuerdos que permiten el acoso corporativo de gobiernos.
Inclusive, se prevé que la UE y Vietnam se comprometan al establecimiento de un tribunal multilateral para la solución de disputas entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés). Este “Tribunal Multilateral de Inversiones” afianzará aún más un sistema completamente corrupto e injusto que permite sólo a las empresas transnacionales, fondos especulativos y millonarios presentar demandas contra políticas públicas que podrían servir al interés general, como frenar el cambio climático, garantizar igualdad salarial entre mujeres y hombres o mejorar la salud.
De hecho, Vietnam ha sido demandado por corporaciones petroleras como ConocoPhillips y Perenco ante un tribunal privado porque rechazan pagar impuestos sobre sus beneficios. Mientras tanto, siguen conociéndose nuevos casos contra España, el segundo país del mundo con más litigios con inversores extranjeros (>50) y que ha sido condenado a pagar indemnizaciones por más de mil millones de euros más los gastos legales (>20 millones de euros).
Otro paso más en la dirección equivocada
El acuerdo de inversión no regula adecuadamente los flujos de capital para evitar la exposición a la inestabilidad financiera. Tampoco establece obligaciones directas, vinculantes y exigibles a los inversores extranjeros para que cumplan con las normas internacionales sobre derechos humanos y sociales o las políticas climáticas y ambientales.
El pacto sólo contiene protecciones de mucho alcance para los inversores (contrastan con la ausencia de mecanismos exigibles en derechos humanos o temas ambientales) y definiciones muy peligrosas de lo que constituye una inversión, incluidas inversiones en cartera, bonos, activos intangibles y propiedad intelectual, exigibles a través de mecanismos de solución de controversias inversor-estado.
Muchas inversiones tienen impactos negativos sobre los derechos humanos y laborales. Está demostrado que la falta de control de capitales puede desplazar a pequeñas y medianas empresas, destruye el tejido industrial local, reduce el empleo y fomenta empleos precarios. Además, hay inversiones que aumentan la desigualdad de ingresos, facilitan la evasión fiscal y contribuyen a la degradación y contaminación ambiental. Todo ello muestra la necesidad de establecer controles fuertes sobre los flujos de capital.
Pero en lugar de regular el sistema financiero, el acuerdo con Vietnam continúa protegiendo todo tipo de inversión extranjera independientemente de su naturaleza, el comportamiento del inversor o el impacto social, económico o ambiental de la inversión. De hecho no hay un “capítulo de sostenibilidad” en la parte de inversiones.
La única esperanza es que algún parlamento vote en contra del acuerdo de inversión considerado una competencia mixta entre la UE y los Estados miembros, por lo que tendrá que ser debatido y votado a nivel nacional.
El Congreso no puede votar sobre el acuerdo comercial
La Comisión Europea decidió dividir el texto del acuerdo original en dos, uno comercial y otro sobre inversión. La parte comercial es competencia exclusiva de la UE y solo requiere la ratificación del Parlamento Europeo. El Consejo de la UE, con el voto cómplice del gobierno de Pedro Sánchez, aprobó esta maniobra antidemocrática.
Sólo la parte de inversión pasará por los parlamentos nacionales. Bruselas impide así un posible rechazo de la parte comercial en virtud de los procedimientos nacionales de ratificación, como ocurrió con la oposición de Valonia al CETA en 2016, y acelera de este modo su implementación final.
Retos para el nuevo gobierno
La votación manda un mensaje claro: a la mayoría del Parlamento Europeo no le importa demasiado la emergencia ambiental ni los derechos humanos. El movimiento (juvenil) por la justicia climática tomará nota de que no está siendo escuchado. En lo que se refiere al nuevo gobierno de coalición es pertinente preguntarse si es suficiente declarar la emergencia climática mientras se siga empeorando la crisis ambiental a través del comercio internacional.
Teniendo en cuenta el polémico historial reciente del gobierno del PSOE es preocupante que el acuerdo de coalición PSOE y Unidas Podemos no mencione la política comercial. Fue el ejecutivo de Sánchez quien autorizó al Consejo de la UE firmar los acuerdos con Vietnam el 25 de junio de 2019.
Sería importante que los sindicatos llevaran este tema también a la mesa de negociación con el Ministerio de Trabajo, porque una política comercial que pone las ganancias de las corporaciones sobre la vida de las personas erosiona las medidas contra la precariedad y multiplica el dumping laboral.
Si los acuerdos con Vietnam no abordan los grandes desafíos tales como eliminar la pobreza y las desigualdades, terminar con la impunidad corporativa, cambiar el modelo de producción y mitigar el cambio climático, ¿cómo se pretende alcanzar entonces los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030?
Es evidente que se necesita una política alternativa empezando por la tarea de democratizar el control sobre los procesos normativos en materia de comercio e inversión con consultas ciudadanas vinculantes y un papel relevante de los parlamentos nacionales, autonómicos y municipios. La sociedad pide una ley que haga respetar los derechos humanos a las empresas españolas en toda su cadena de valor. Que se regulen las importaciones, exportaciones e inversiones de forma que se garanticen los derechos humanos, el acceso universal a servicios públicos de calidad, la protección social, unas normas laborales y ambientales justas, la democracia y la viabilidad de autónomos, autónomas y pymes. Y se abandonen los tratados de protección y promoción de inversiones que contengan cláusulas de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) como el Tratado sobre la Carta de la Energía.
