Conflicto de intereses: Un abogado vinculado a la farmacéutica Pfizer es parte del equipo boliviano que negocia temas de propiedad intelectual del TLC

Fundación Solón. - Edwin Urquidi es uno de los tres funcionarios oficiales destacados por el gobierno para defender los intereses de Bolivia en temas referidos a la propiedad intelectual durante la VII Ronda de negociaciones del TLC que se desarrolla en estos días en Cartagena, Colombia. Sin embargo, Urquidi es parte de un bufete de abogados contratado por la firma Pfizer Products INC para defender sus intereses en el país.

La norteamericana Pfizer -la farmacéutica más grande del mundo luego de fusionarse con la firma Pharmacia en 2003- controla el 12% del mercado mundial farmacéutico y sus ventas anuales superan los 42.000 millones de dólares. Se calcula que consiguió beneficios por más de 1.000 millones de dólares con las ventas de Viagra en su primer año en el mercado. El presidente del concejo de Administración de Pfizer, Henry A. McKinnell, y ejecutivos de otras gigantes que lucran con la alimentación y salud fueron demandados en La Haya el 14 de junio de 2003 ante la Corte Penal Internacional por haber causado un daño grave o la muerte a millones de personas a través del “negocio con las enfermedades”.

Antes de ser nombrado como uno de los tres coordinadores de la mesa de propiedad intelectual, Urquidi fue director del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi). Paralelamente, este funcionario cumple actividades profesionales independientes en el Centro de Estudios y Desarrollo de la Propiedad Intelectual, un bufete privado de La Paz, en sociedad con su esposa Rocío Evangelina Rojas Sandoval y José Horacio Sandoval Vaca.

En diciembre de 2004, la transnacional Pfizer, domiciliada en Eastern Point Road, Groton CT 06340 USA, confirió a la cónyuge de Urquidi, Rocío Rojas, y a José Sandoval un “poder especial, amplio y suficiente” para tramitar ante las autoridades bolivianas la obtención de registros, licencias de marcas, patentes y otros derechos de propiedad intelectual.

Según el poder firmado el 9 de diciembre de 2004 en Nueva York, legalizado por la Cancillería y luego ratificado en una notaría nacional el 17 de diciembre, Sandoval y Rojas están facultados para dar todos los pasos legales a nombre de Pfizer y adoptar todas las medidas necesarias para resguardar sus intereses en el país. Ambos quedan facultados para intervenir como demandantes o demandados ante los jueces y cumplen la función de “apoderados” de la transnacional.

Representantes de Médicos sin Fronteras informaron de este claro caso de conflicto de intereses al delegado gubernamental para la negociación del TLC con Estados Unidos, Juan Carlos Iturri, el 11 y el 31 de enero de este año, pero hasta el momento no recibieron una respuesta oficial satisfactoria.

Urquidi argumenta que él no es representante directo de Pfizer y que no tiene nada que ver con lo que hagan sus socios del bufete Urquidi-Sandóval, pues cada uno “lleva sus negocios” por cuenta propia. Iturri está de acuerdo con esa explicación y por eso mantiene a Urquidi en el equipo oficial del gobierno que viajó a Cartagena para participar de la VII Ronda de Negociaciones del TLC Andino.

La actitud del gobierno boliviano a la hora defender los intereses nacionales dista mucho de la posición que asume su similar de Estados Unidos en las negociaciones del TLC. Hay que recordar que los estadounidenses vetaron el año pasado la participación del experto argentino Carlos Correa como negociador del gobierno colombiano en la mesa de propiedad intelectual porque la posición del técnico contraría los intereses de las farmacéuticas multinacionales, muchas de las cuales tienen asiento en Estados Unidos. Correa es uno de los latinoamericanos más preparados en el tema y defensor del acceso de los países en desarrollo a los medicamentos. Ha sido consultor de Naciones Unidas, del BID, la FAO y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en los últimos 10 años ha librado batallas en defensa de la salud pública en las rondas de Uruguay y de Doha para establecer las bases del libre comercio mundial.

Se calcula que la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifalbol) presentó al menos 90 recursos de oposición a trámites de solicitud de patente iniciados por Pfizer en Bolivia para diferentes productos, entre ellos el Zilvenafil, conocido comúnmente como viagra.

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