Argentina: Rechazamos la firma de un Tratado de Inversiones con Japón
Por ATTAC Argentina
Noviembre de 2016.- Desde ATTAC Argentina nos oponemos a que la Argentina firme un Tratado Bilateral de protección de las Inversiones (o TBI) con Japón, tal como se anunció esta semana en el marco de la visita del Primer Ministro japonés, Shinzo Abe.
Estos tratados sólo refuerzan los derechos de los inversores extranjeros en el territorio, otorgándole amplias prerrogativas para la ganancia, mientras atan de manos al Estado para desarrollar política pública que favorezca la protección de los derechos ciudadanos y el medio ambiente.
Los TBI han tenido un efecto nefasto sobre nuestro país. La Argentina tiene 56 tratados vigentes desde los años noventa, los cuales se suponía garantizarían la “seguridad jurídica” necesaria para que los inversores extranjeros inviertan en el país. Sin embargo, estos tratados sólo han tenido el efecto de permitir que los inversores demanden al Estado en el arbitraje internacional. Tras la crisis de 2001, el Estado no permitió que las empresas extranjeras (a cargo de los servicios públicos tras la privatización) aumentaran las tarifas de agua, gas, electricidad, etc. Esto hizo que las empresas utilizaran el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado que se encuentra en todos los TBI y demandaran al país en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones). De hecho, Argentina sigue siendo hoy el país más demandado del mundo en el arbitraje internacional, con el triste récord de 59 demandas.
Así, los inversores se amparan en los TBI para defender su “derecho a la ganancia”, y este derecho prima por sobre todos los otros derechos constitucionales. A partir de estas demandas, se generó una nueva deuda externa pero con las empresas, deuda que fue “pagada” entre los años 2013 y 2016, bajo las presidencias de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Actualmente, el gobierno de Macri ha emitido el bono Bonar 2024 para pagar la mayoría de las demandas pendientes en el CIADI, para mostrar, desde su óptica, que la Argentina es “un país serio para invertir”.
El actual gobierno sostiene que la Argentina debe atraer inversiones, y por ello los TBI darían la seguridad jurídica necesaria para que lleguen los capitales. Sin embargo existe evidencia de que estos tratados no son ni necesarios ni suficientes para atraer la inversión extranjera. Por el contrario, la propia UNCTAD y vastos sectores de la academia a nivel global sostienen que la inversión que fluye hacia los países “en desarrollo” es atraída principalmente por las llamadas “ventajas comparativas”, que en su caso no son sino el acceso a las materias primas y a la explotación de mano de obra barata. Los inversionistas internacionales toman ventaja de las débiles regulaciones laborales, ambientales, de salud y de otras regulaciones para el interés público en países en desarrollo. Se trata entonces de una “carrera hacia el fondo”, donde los Estado reducen sus regulaciones y firman estos tratados para atraer a las empresas, cuya sed de ganancia es insaciable. Y esto, a costa de los derechos de los pueblos.
Por ello nos oponemos a la firma de cualquier nuevo Tratado de protección de las inversiones, así como rechazamos la negociación de Tratados de Libre Comercio, que sostienen las mismas cláusulas. Asimismo, proponemos:
• Impulsar evaluaciones de impactos de los TBI en la Argentina con el fin de ver los efectos que éstos han tenido. Promovemos la realización de una auditoria pública de los TBI existentes, así como de las demandas ante tribunales internacionales.
• Profundizar y mejorar las propuestas para desmantelar el régimen actual de protección y derechos extremos de los inversionistas y sus inversiones y sustituirlo por nuevos regímenes nacionales, regionales e internacionales bajo control democrático que revalúe la relación entre los derechos humanos, la soberanía nacional y los derechos y obligaciones de los inversionistas.
• Promover la regulación del poder corporativo, para lo cual es indispensable contar con un código internacional vinculante para las empresas transnacionales que las obligue a respetar los derechos humanos y dote a los afectados y a los Estados de los mecanismos e instituciones para hacerlo valer. Esta propuesta ya se está discutiendo en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
ATTAC Argentina / Buenos Aires