Noticias RCN, 18 de febrero de 2006
Procuraduría advierte que fallo contra el TLC es de "obligatorio cumplimiento"
La Procuraduría General de la Nación advirtió que es de "obligatorio cumplimiento" para el presidente Álvaro Uribe el fallo ratificado por un tribunal de Bogotá que le prohíbe firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que negocia con Estados Unidos.
Por ello es necesario que el Consejo de Estado, como última instancia, le dé "absoluta prioridad" a la gestión de este contencioso, señaló el órgano de control estatal tras aclarar que no ha compartido la decisión contra el TLC.
En una sentencia divulgada la víspera, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la apelación del Gobierno al fallo que profirió el pasado 12 de diciembre y por el cual le ordenó que, como medida cautelar, se abstenga de firmar de forma parcial o total el TLC que acuerde con Estados Unidos.
El fallo se derivó de una demanda presentada por varias organizaciones no gubernamentales (ONG) que han considerado que un eventual consenso bilateral de libre comercio vulnera los "derechos colectivos" de los colombianos. El contencioso fue promovido por la Red de Colombiana de Acción contra el Área de Libre Comercio de las Américas (Recalca), mediante un recurso constitucional conocido como "acción popular".
El procurador general Édgardo Maya advirtió en un comunicado que la decisión confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene fuertes "implicaciones (...) sobre la economía colombiana y las relaciones internacionales del país".
El alto cargo consideró que "el hecho es verdaderamente grave, porque existe la imposibilidad de que el Presidente firme algunos puntos del TLC que, en criterio del Tribunal Administrativo, pueden afectar los intereses colectivos de los colombianos representados en algunos sectores de la economía nacional".
En la sentencia confirmada, dijo Maya, esa corporación menciona entre los asuntos críticos "las patentes de productos farmacéuticos de empresas extranjeras, el ingreso de productos agrícolas subvencionados por Estados Unidos y el ’patentamiento’ de seres vivos o plantas consideradas como patrimonio natural de la Nación".
Según el comunicado, la Procuraduría ha sostenido desde el mismo momento en el que el Tribunal Administrativo comenzó a gestionar la demanda que "el juez popular carece de competencia para suspender o interrumpir un proceso de negociación internacional".
"Para la Procuraduría resulta improcedente, porque la acción misma es inapropiada, además de carecer de sustento probatorio en el expediente, ’razonabilidad’ y atentar contra la dignidad del jefe del Estado", agregó la nota. El Ministerio Público también apeló la decisión original del Tribunal Administrativo, "por considerar que el Gobierno sí está facultado para adelantar las negociaciones del Tratado", según indicó el comunicado.
La ratificación de la orden judicial que prohíbe la firma del TLC fue divulgada en coincidencia con una visita de Uribe a Washington, adonde el gobernante viajó el pasado martes para vincularse con la última ronda de negociación comercial.