Por qué son nocivos los tratados de libre comercio

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Los tratados de libre comercio (TLCs) y los tratados bilaterales de inversión (BITs) son descritos con frecuencia como instrumentos que promueven el comercio internacional y la inversión directa. Con más precisión, pueden ser vistos como instrumentos de las corporaciones transnacionales para impulsar sus intereses a costa de la gente o el ambiente.

Desde finales de la década de 1950 a los 1970s, una ola de TBI se firmaron para proteger los negocios de las antiguas potencias coloniales de los gobiernos de los nuevos Estados independientes. Las compañías argüían que se requería la protección de las inversiones debido a que el imperio de la ley era débil en muchos de estos territorios. Buscaban protección contra la expropiación —es decir, que los gobiernos les quitaran su propiedad privada, por cualquier motivo, incluido el interés público. Otra ola importante de TBI se firmó entre finales de la década de los 1980s y los 1990s, justo por el tiempo en que se desbarataba el bloque soviético, y se entronizaba la dominación del capitalismo de libre comercio por todo el mundo. Hoy existen más de 3 mil TBI en funcionamiento.

Con sus expansivas definiciones de lo que son las “inversiones” y las amplias previsiones para proteger al capital extranjero, los TBI ayudan a proteger los azarosos proyectos mineros, los acaparamientos de tierra y aguas, los desarrollos de infraestructura que provocan estragos en las comunidades locales y el ambiente. Los TBI con frecuencia incluyen mecanismos de arbitraje de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS por sus siglas en inglés). Éstos permiten a las compañías de una de las partes, someter a juicio al gobierno de otra de las partes, si consideran que nuevas leyes o regulaciones afectan negativamente su expectativa de ganancias. Estos mecanismos dependen del arbitraje y no de las cortes públicas. Cerca de 1000 disputas inversionistas-Estado se han emprendido contra los gobiernos por parte de corporaciones en todo el mundo.

Los TLC son acuerdos mucho más amplios. Apuntan a promover el comercio mundial no sólo bajando los aranceles sino también impugnando las llamadas barreras no arancelarias (es decir las normas y regulaciones), con el fin de impulsar el comercio de bienes y servicios. Éstas pueden ser reglas en torno a derechos laborales, políticas de competencia, regulaciones de compras públicas o leyes de patentes.

Los TLC también incorporan reglas de inversión, como los TBI. El primer tratado de libre comercio integral fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entró en efecto en enero de 1994. Desde entonces, los TLCs se han vuelto instrumentos clave para hacer que los negocios sean más rentables para el capital transnacional y para construir coaliciones políticas y económicas entre los Estados. Hoy, existen más de 250 tratados integrales que amarran a los países a compromisos vastos que van más allá de lo acordado en los foros internacionales como la Organización Mundial de Comercio.

Los movimientos sociales han estado resistiendo y luchando contra los TLC y los TBI desde la época en que surgió el TLCAN. Puesto que son tan amplios, tienden a amenazar y movilizar a un amplio rango de comunidades, de profesores o agricultores a estudiantes y sindicalistas o ambientalistas. En algunos países, los movimientos sociales contra los TLC han logrado casi derrocar gobiernos. Las preocupaciones clave que movilizan a la gente incluyen:

  • Los TLC son negociados en secreto, lejos del escrutinio público, pese a que afectan ámbitos amplios en las vidas de la población como la alimentación, la salud, el empleo y el medio ambiente.
  • Los TLC los utilizan con frecuencia las corporaciones agroindustriales para forzar la apertura de mercados para sus productos agrícolas y para golpear las barreras no arancelarias como los estándares de los productos relacionados con la alimentación, lo que impacta seriamente las vidas de los agricultores en pequeña escala y de los consumidores por igual.
  • Las potencias principales como Estados Unidos y la Unión Europea empujan a otros países a adoptar sus propios criterios de propiedad intelectual, criterios que han redactado en gran medida los grupos corporativos de cabildeo. Así, los TLC fuerzan a los países a extender la protección a los medicamentos de marca, a obstaculizar la disponibilidad de medicamentos genéricos asequibles, a redactar leyes que conceden derechos monopólicos sobre las semillas a las corporaciones transnacionales y a otros obtentores vegetales institucionales. Imponen también regulaciones amigables con la industria para la cría de animales y peces, prohiben con eficacia que los agricultores guarden sus semillas o reproduzcan sus crías de peces o ganado, patentan los programas de computación en detrimento de los programadores locales o de los movimientos de programación libre y creativa. Restringen todos los bienes supuestamente piratas o de consumo popular aunque no exista infracción alguna a derechos de reproducción.
  • Los TLC socavan los derechos laborales, los programas de bienestar social, la atención a la salud y la educación, al golpear los estándares sociales y las regulaciones mercantiles que tradicionalmente servían para limitar el poder de las corporaciones transnacionales.
  • Los TLC disminuyen las posibilidades regulatorias de los gobiernos, lo que afecta la soberanía nacional. La llamada cooperación regulatoria, incluida en muchos acuerdos, le concede a los grupos de cabildeo corporativo una expansión de su poder para influir en la redacción de políticas públicas, pues les permite presentar observaciones cuando un gobierno intenta reforzar sus políticas públicas. Los gobiernos tienen también que emprender evaluaciones de impacto regulatorio, que justifiquen “su necesidad de regulación” y exploren “alternativas viables” antes de proceder. A los Estados signatarios se les requiere informarse unos a otros de los cambios en sus políticas y concederse el derecho de observar los procesos de redacción de sus políticas públicas. Esto con frecuencia se realiza mediante comités especializados, que no están abiertos al público. Las cláusulas “engañosas” o “inmovilizadoras” prohiben volver a regular sobre un sector que ya fue “liberalizado”.
  • Las previsiones de protección a las inversiones expanden aún más la capacidad de los inversionistas extranjeros (en particular las corporaciones transnacionales) para confrontar cualquiera de las políticas públicas relacionadas con la salud, el ambiente o el empleo, por ejemplo. El creciente número de demandas ante los ISDS contra Estados soberanos, que impugna un amplio espectro de decisiones de política pública, resalta la dominación de los intereses y derechos privados sobre las vidas y sustentos de la gente.
  • Los TLC son instrumentos de política pública y de lucha por el poder geopolítico. A menudo se han colgado como zanahorias en palos para arrastrar a los países hacia compromisos que van más allá del comercio. Por ejemplo, los socios de un TLC podrían verse obligados a respaldar las agendas políticas de sus socios en lo relacionado a disputas territoriales o a posturas en los foros multilaterales. Los TLC son también presentados por algunas potencias como recompensas que pueden alcanzarse si laos países observan buen comportamiento.

Décadas de debate han resultado en un mejor entendimiento y un mayor escrutinio público de estos pactos. Pero continúan siendo impulsados, conforme se transforman los mercados y las aperturas políticas.

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