El TLC es la última rueda del coche para la clase política

Quito- El Comercio, 20 Septiembre, 2004

El Tratado de Libre Comercio (TLC) que negocia el Ecuador con los Estados Unidos avanza, es casi una realidad y, sin embargo, no parece interesar en lo más mínimo a la clase política.

Los partidos no han incluido el tema en su agenda, pese a que se está jugando el modelo de país y que, finalmente, deberá ser aceptado o rechazado por el Congreso Nacional.

Los partidos, al no haberse pronunciado sobre el tema, no han generado un debate que permita al ciudadano involucrarse en la decisión final. Ni siquiera las organizaciones indígenas, que anunciaron que el TLC sería su bandera de lucha, han protagonizado una posición firme.

Así lo admiten los propios representantes de varias organizaciones políticas como el titular de la Comisión de Asuntos Internacionales, Carlos Vallejo (Prian).

Y como si fuera poco, el Gobierno, el mayor interesado en que el Ecuador ingrese al TLC, no ha definido una estrategia frente al Parlamento, pues no ha previsto una fórmula para convencerlo de sus supuestas bondades.

El diputado Vallejo dice que la clase política debe interesarse en el tema, participar en foros “porque los negociadores son más ‘made in USA’ que longos del Ecuador... se debe plantear convocar una consulta popular para saber si la ciudadanía en verdad quiere que se firme o no el TLC”.

Para el analista César Montúfar, los partidos deben ser los canales a través de los cuales la opinión pública exprese su discrepancias o acuerdos sobre el TLC.

Sin embargo, sostiene que el Ecuador se apresta a firmar ese Tratado en medio de una completa desinformación. “Hay falta de debate político, los partidos deben priorizar en sus agendas el tema del TLC”.

Precisamente, por esa desinformación, alrededor de 30 organizaciones sociales y de sectores productivos del país conformaron la semana anterior un acuerdo nacional denominado “Ecuador decide”, como un foro de debates para que “todos los ecuatorianos conozcan qué beneficios y perjuicios traerá el TLC”, según Eduardo Delgado, quien lidera ese acuerdo.

El ex sacerdote sostiene que es preocupante que la clase política no tenga en su agenda al TLC, porque no es un asunto solo de comercio, sino que abarca diversas instancias de la vida cultural, política y económica del país. “Eso nos preocupa porque el TLC pretende ser una norma supranacional que se impondrá a la Constitución y a las leyes”.

El diputado Ernesto Valle (PRE) también reconoce la falta de interés de los partidos en el debate, aunque dice que su agrupación no es partidaria de oponerse al TLC, “porque no podemos ir contra la corriente que nos empuja a ser parte de la negociación, pero bajo parámetros nacionales sin sujetarnos a las reglas del juego que nos imponen los grandes negociadores de EE.UU.”.

Sin embargo, el diputado Vallejo, pese a reconocer que los partidos no debaten internamente sobre el tema, subraya que el Congreso sí lo tiene en su agenda, pues se conformó una comisión especial con los titulares de las comisiones legislativas.

Su misión es conversar con el equipo negociador del Gobierno, tratar con ellos los diversos temas y luego, a través de mesas de trabajo, recoger la información para transmitirla al Pleno para que se pronuncie.

Andrés Páez (ID), titular de la Comisión de lo Laboral, quien asegura que su partido “prevé tratar el tema en los próximos días”, sostiene que el Congreso tiene un papel activo en el debate. “Nosotros, como Parlamento, vamos a hacer un monitoreo de las negociaciones que son de responsabilidad del Ejecutivo y del equipo negociador”.

Vallejo argumenta que el Congreso no puede participar directamente en las negociaciones, pues “nos convertirnos en alcahuetes de lo que están haciendo y ese no es el papel del Congreso”.

El roldosista Valle sugiere que Guillermo Landázuri (ID), titular del Parlamento, acoja la idea de los senadores de Chile, quienes hace un mes plantearon que el Congreso requiera que el grupo negociador del Gobierno informe cada 15 días el avance de las negociaciones. “Esto permitirá que los diputados tengamos una idea exacta de cómo va el proceso de negociación y cuando llegue el momento de la discusión no seamos sorprendidos y sepamos lo que vamos a votar".

En efecto, la ministra de Comercio Exterior, Ivonne Baki, quien lidera el equipo negociador, se ha negado a comparecer ante el Pleno Legislativo a informar sobre las negociaciones del TLC.

Las bancadas de la ID, MPD y Pachakutik han requerido su presencia, pero sin resultados. Para el diputado socialdemócrata, Ernesto Pazmiño, la Ministra debe responder qué es lo que Ecuador está negociando.

Al respecto, Vallejo hace una advertencia. Si el TLC que el Gobierno proponga al Congreso contiene cláusulas que destruyan la producción nacional, que estimulen únicamente la importación, difícilmente el Congreso lo aprobará.

El Congreso prefiere tratar temas caseros

Los temas políticos caseros han desplazado casi por completo de la agenda parlamentaria las negociaciones del Ejecutivo para suscribir un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC).

Han transcurrido cuatro meses y el Congreso ha preferido concentrar sus energías en debatir escándalos y denuncias que no han sido esclarecidas.

El 18 de mayo, día en que arrancaron las mesas de negociación en Cartagena, Colombia, la Legislatura estaba preocupada del pleito protagonizado entre los diputados León Febres Cordero (PSC) y Renán Borbúa (PSP), por su intercambio de denuncias por supuesto tráfico de influencias.

A esto se sumó la decisión de EE.UU. de retirar la visa de la esposa de Patricio Acosta, ex ministro de Bienestar Social.

A raíz de esos dos hechos, los bloques legislativos empezaron a analizar la posibilidad de destituir al presidente Lucio Gutiérrez. Sin embargo, ninguno de los casos fue resuelto.

Ya en junio, el Parlamento empezó a tramitar las reformas a la Ley de Hidrocarburos, planteadas por el Ejecutivo con carácter de urgente.

Pero la iniciativa legal tampoco fue tramitada porque explotó la protesta de los jubilados, ya que el Gobierno negó la decisión legislativa de incrementar las pensiones a 135 dólares, por “carecer de fuentes de financiación permanentes”.

Ese fue el inicio de otra disputa en julio. Los bloques de oposición denunciaron que el partido de Gobierno utiliza al Fondo de Solidaridad como “caja chica”. Luego vino el receso legislativo, los intentos fallidos para aprobar las reformas electorales y la campaña.

El dato

Todo tratado internacional que contenga el compromiso de expedir, modificar o derogar alguna ley debe ser aprobado por el Congreso.

Lunes, 20 de Septiembre del 2004

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