El TLC Andino exige cambios legales de fondo

El Comercio | 26 de Octubre del 2004

El TLC exige cambios legales de fondo

Redacción Guayaquil

La V Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) no busca solo la eliminación de aranceles sino unificar las normas jurídicas y de mercado entre los Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Perú. Todas las mesas de negociación incluyen en su agenda reformas jurídicas de fondo que permitirán poner en práctica el acuerdo comercial, y garantizar una mayor apertura a las inversiones de Estados Unidos.

Las discusiones se concentran de momento en buscar consensos para ampliar el comercio mediante la apertura de mercados y un cambio de aranceles y de subsidios. Hasta ahora los temas de acceso a mercados de los bienes industriales y agrícolas, la propiedad intelectual, medidas sanitarias y fitosanitarias son las que más expectativas mantienen.

Pero en las mesas funciona un “tira y afloja” sobre los cambios legales para la entrada de nuevos servicios financieros, para la participación de las empresas en las licitaciones del sector público, para la solución de controversias, para la seguridad de las inversiones y en materia laboral.

En términos generales, Estados Unidos exige modificar leyes locales y expandir el sistema jurídico internacional. Una de las principales exigencias de Estados Unidos en telecomunicaciones es que haya desinversión del Estado en ese sector, lo que se traduciría en privatización o concesión, según lo reseña un análisis de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina.

Actualmente, en el país existen restricciones, por ejemplo, para que ese servicio sea operado por empresas privadas. De pasar la exigencia estadounidense, la Ley de Telecomunicaciones deberá modificarse. Así lo considera el director de Planificación del Comité de Consultoría, Cornelio Tamariz.

Incluso la Ley de Consultoría sufriría cambios si se acepta que el servicio de asesorías pueda ser transfronterizo, es decir que un profesional puede prestarlo sin necesidad de llegar al país donde lo contratan. Eso también se repetirá en los servicios financieros, contratación pública y laboral.

Miriam Minuche, coordinadora privada de la mesa de Compras del Sector Público, sostiene que el equipo negociador deber tener cuidado en la elaboración de las normativas para evitar que se afecte a las actividades más sensibles con normas que solo funcionan en otros países.

Muchas leyes que regulan la actividad económica del Ecuador están incluidas en las normativas de la Comunidad Andina de Naciones. Por eso, Minuche considera importante que el país defina si desea un acuerdo multilateral o bilateral, antes de negociar las reglas del juego. “Ahora Ecuador negocia en forma bilateral. Eso es un error porque las reformas y cambio de leyes deben ser para todos los países”.

Ecuador pide cooperación para los temas laborales

Ecuador busca cooperación de Estados Unidos para siete áreas relacionadas con el tema laboral. Ésta es una de las principales propuestas que maneja el país en las negociaciones con la potencia norteamericana. Estas son: trabajo infantil, seguridad y salud en el trabajo, administración laboral, inspección laboral, trabajadores migrantes, capacitación laboral y asuntos relaciones con las pequeñas y medianas empresas.

En contraparte, también existen temas que están relacionados con la negociación aunque no se los trata específicamente. Uno de ellos es el reglamento a la tercerización, documento que fue publicado en el Registro Oficial el pasado 14 de octubre, con lo que se cumplió un compromiso asumido por el ministro de Trabajo, Raúl Izurieta, ante las autoridades estadounidenses. La reforma elimina los vínculos entre la empresa usuaria del servicio y la tercerizadora.

Las principales peticiones de Estados Unidos buscan que Ecuador cumpla con su normativa vigente, sobre todo en lo referente a derechos laborales como contratación colectiva y libertad de asociación. El interés estadounidense también se enfoca a conseguir garantías del equipo negociador para que el país cumpla con sus compromisos asumidos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo.

En contraparte, el sector privado se pronuncia por una política de flexibilización laboral. El presidente de la Cámara de Industrias de Pichincha, Roberto Peña, plantea una modernización del Código de Trabajo. La propuesta se encamina a modificar las normas sobre temas de despido, horas de trabajo, jubilación patronal, entre los principales.

Respecto de la jornada laboral, los empresarios han puesto de ejemplo que en Colombia se trabajan 48 horas semanales y no las 40 del Ecuador, por lo que convendría unificarlo.
Otro de los compromisos del Gobierno es, por ejemplo, una norma para reglamentar el trabajo por horas.

El dato

En septiembre pasado, expertos de Estados Unidos visitaron el país para empaparse de la situación laboral.

La patente de las plantas también entra en debate

Los representantes del sector privado interesados en el tema de propiedad intelectual no recibieron la mañana de ayer ninguna consulta por parte de los negociadores oficiales. La mesa se instaló en medio de la expectativa de que en esta ronda se definan los temas que han generado conflicto en el país.

Estados Unidos ha hecho hasta el momento algunas propuestas que significan cambios en la legislación ecuatoriana o adopción de nuevas. Una de las propuestas de los estadounidenses es patentar plantas y animales, lo cual actualmente está prohibido según las normas de la Comunidad Andina. Estados Unidos pretendió que los países centroamericanos, que firmaron recientemente el Cafta, (Tratado de Libre Comecio con Centroamerica) suscriban la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales, lo cual desató una polémica.

Por otra parte, Estados Unidos pretende prolongar los derechos de propiedad intelectual en todos los ámbitos. Los de autor hasta 120 años después de la muerte del artista. En Ecuador es de 70.

También se propone ampliar el tiempo en que una fórmula puede ser utilizada de forma exclusiva por la empresa farmacéutica que la desarrolló, y la de los agroquímicos.

Actualmente esa protección dura 20 años pero pudiera ampliarse a cinco años más en el caso de las medicinas y diez para los productos químicos para la agricultura. Ese cambio implica una reforma a la legislación en el país.

Pero va más allá. Pide que se permita la patente por segundo uso, es decir, que si se descubre una nueva utilización para un producto patentado se pueda registrar y proteger ese descubrimiento como un nuevo producto.

Otro ejemplo, explica Miguel Macías, asesor de la Cámara de Comercio para Propiedad Intelectual, es el planteamiento estadounidense para que el Ecuador se adhiera al Arreglo de Madrid, que se refiere al registro de marcas. Con ese acuerdo se puede recurrir al registro internacional de marcas, es decir, que si una marca se inscribe en los registros ecuatorianos queda registrada en los otros países que suscriben el Arreglo.

source : El Comercio

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