7-9-07
Costa Rica: Servicios Públicos en riesgo con el TLC
Gerardo Fumero Paniagua
Presentación
El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC, o CAFTA por sus siglas en inglés), se empezó a “negociar” en enero del 2003 y el documento final se firmó en mayo del 2004. República Dominicana entró en el proceso un poco más tarde y lo firmó en agosto de ese año.
Para principios del 2006 entró en vigencia en la mayoría de los países de Centroamérica, posteriormente en República Dominicana. En ninguno de los países hubo un verdadero -yo diría: ni superficial- análisis del contenido de dicho documento.
No es sino en Costa Rica en donde se ha dado una larga y profunda discusión, pues un numeroso grupo de intelectuales de muchas disciplinas distintas -no podría ser de otra forma para poder desentrañarlo- se ha dado a la tarea de analizarlo a profundidad y ha comprendido que tal normativa es mucho más que un simple tratado de libre comercio; es un instrumento que arrastraría al país a un cambio de modelo que terminaría con casi 60 años de desarrollo solidario. Desarrollo que ha sido posible a través de un Estado Social de Derecho, que ha garantizado, como en ningún otro en Latinoamérica, servicios públicos al costo y bajo principios de solidaridad, lo cual ha redituado los más extendidos servicios públicos en la región.
Desde enero del 2006, es objeto de discusiones (porque no se podrían calificar como “análisis”) por parte de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, bajo el Expediente No. 16.047. La discusión se ha limitado a recibir -en forma casi mecánica- a las partes con diferentes posiciones, para cumplir con los trámites legislativos, sin llegar a aceptar la más mínima reforma de fondo.
Recordemos que el TLC una vez firmado -alegan quienes lo defienden- no puede ser cambiado, y que constituye un machote que se le ha venido imponiendo a todos los países de la región y del mundo en desarrollo, por lo que prácticamente lo único que nuestros países negocian son las “Listas de las Medidas Disconformes” de sus Anexos.
Igualmente inconcebible es el hecho de que, mientras en los Estado Unidos dicho “Agreement” está -según la jerarquía de su legislación interna- por debajo de todas las leyes federales, estatales y municipales, en nuestro país estaría por encima de todas las leyes. Y como si fuera poco, al firmar tal tratado se perderían automáticamente los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) -ley federal de los Estados Unidos-; a pesar de que este tratado no aporta a Costa Rica sino ínfimas ventajas sobre la ICC, pero a cambio exige la entrega de los servicios públicos y de muchos otros recursos del Estado, además de que compromete seriamente nuestra soberanía.
El TLC ha generado una enorme polarización de la opinión pública, no en vano, pues posiblemente constituya la más importante decisión que debamos tomar los costarricense en este siglo XXI.
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