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Chile
En América Latina, Chile es uno de los países más activos en cuanto a tratar de lograr tratados bilaterales de comercio con otros países del mundo.
Chile ha firmado tratados de libre comercio más o menos amplios con los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio, Corea del Sur, Japón, América Central y México. En junio de 2005, finalizó un tratado de cuatro vías con Brunei, Nueva Zelanda y Singapur, sus vecinos del Pacífico (el grupo P4). En junio de 2006, firmó un TLC con Panamá y en febrero del 2010 con Guatemala.
Chile es el primer país de América Latina que firmó un TLC en mercancías con China (2005); y desde inicios del 2007 estuvo trabajando con Beijing en la extensión del acuerdo a servicios e inversión que fue concretado durante la visita de la Presidente Bachelet a China en abril del 2008. Este Acuerdo de Servicios entró en vigencia en agosto de 2010.
Chile tiene también “acuerdos de complementación económica” bilaterales con Bolivia, Perú, Venezuela, Argentina, Ecuador, Colombia y el Mercosur, así como un acuerdo parcial con Cuba.
Durante el año 2008 Chile firmó un TLC con Australia, Honduras y Colombia a la vez que amplió su acuerdo con Perú y con Cuba.
En marzo del 2011 entró en vigor el TLC con Turquía y en abril del 2012 el acuerdo con Malasia y mantiene avanzadas negociaciones con Tailandia, Vietnam, India y Hong Kong.
última actualización: mayo de 2012
En el marco de la pandemia por COVID-19 y la revuelta social que vive Chile, algunos de los integrantes de la Plataforma Chile Mejor sin TLC analizan las implicancias de los Tratados de Libre Comercio en la capacidad de el país para enfrentar estas crisis, cómo delimitan su soberanía en ámbitos de abastecimiento sanitario, alimentario y soberanía política.
Lucía Sepúlveda de la Plataforma “Chile Mejor sin TLC”, señaló recientemente que “La Cancillería chilena tiene programado seguir en el mes de mayo con la ronda de negociación para reformular el Tratado de Asociación con la Unión Europea”.
Como ocurre en los tratados con todos los puntos que no tienen que ver directamente con el comercio, el capítulo de derechos humanos no es vinculante para los Estados, como sí son los capítulos sobre propiedad intelectual o resolución de controversias, entre otros. Sin embargo la UE tiene ahora la posibilidad de actuar en consonancia con sus principios y su propia legislación de Derechos Humanos.
Llamamos a todas las organizaciones ligadas a Chile Mejor sin TLC a mantenernos organizados e informados para reinstalar este tema progresivamente en la agenda social, apoyando más que nunca los mercados locales y las iniciativas ligadas a romper con las trabas que el modelo nos impone.
A través de una declaración, la Plataforma Chile Mejor sin TLC ha hecho un llamado al Consejo de Estados Miembros de la Unión Europea y al Parlamento Europeo a detener inmediatamente la renegociación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Chile solicitada por Sebastían Piñera a los embajadores de la UE en Chile el pasado 4 de marzo.
El artículo 135, de forma tramposa condiciona las demandas sociales al exigir el respeto a los tratados de libre comercio.
La ley aprobada por el Congreso para posibilitar el plebiscito en su artículo 135 incluyó disposiciones especiales para permitir que hasta el fin de la Constituyente el Congreso siga legislando y pueda aprobar el TPP-11 u otros tratados de Libre Comercio.
Como Plataforma Chile Mejor sin TLC, alertamos al pueblo movilizado y reprimido, que la ley aprobada por el congreso para posibilitar el plebiscito, metió de contrabando en su artículo 135, disposiciones especiales para impedir el cambio de modelo económico, y permitir que hasta el fin de la Constituyente el Congreso siga legislando y pueda aprobar el TPP11 u otros tratados de Libre Comercio.
Las trampas jurídico/comerciales, que someterán al pueblo a los negocios del mercado internacional y a un modelo de vida extractivista
La semana pasada fue promulgado el decreto que habilita un inédito proceso constituyente en nuestro país. No obstante, el texto aprobado por el Congreso, y que surgió de la Comisión Técnica encargada por los partidos políticos, ha sido objeto de críticas por las presiones con las que se negoció y, sobre todo, por cómo se terminó redactando.
