"Bruselas omite que el tratado con EEUU puede desplazar 1,1 millones de puestos de trabajo"
"Bruselas omite que el tratado con EEUU puede desplazar 1,1 millones de puestos de trabajo"
Por ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL, 3-6-14
Ecologistas en Acción describe a ’Público’ como "un lavado de cara" la reunión de este lunes entre varias organizaciones y el jefe europeo de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre la UE y EEUU.
Una hora y media antes de encontrarse con el Ministro de Asuntos Exteriores, varios representantes de la Cámara del Gobierno estadounidense y de distintas multinacionales, arropadas por el presidente de la CEOE Juan Rosell, el jefe europeo de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TTIP, en inglés) entre Bruselas y Washington Ignacio García Bercero se ha reunido con una serie de colectivos, muy críticos con el tratado que la Comisión Europea intenta implantar a toda velocidad y con la discreción más absoluta.
"Es un intento de lavado de cara", asegura a Público Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, poco después de concluir las conferencias de este lunes en la Casa de América sobre el Tratado de Libre Comercio. Access Info, ATTAC, COAG o la propia Ecologistas en Acción han sido algunas de las organizaciones que han participado en la reunión de 45 minutos de duración con García Bercero. "Seguramente tendrán orden interna de que cuando participen en actos de las grandes empresas como el de hoy se tienen que reunir con las organizaciones sociales, quedaría feo que sólo se reunieran con las multinacionales", explica Kucharz, que asegura que no hay previstos nuevos encuentros de este tipo, de momento.
¿Qué le han trasladado durante la reunión?
Hemos denunciado la falta de acceso a la información, la falta de transparencia. Parece que están muy molestos porque es una denuncia respaldada por cientos de organizaciones en todo el mundo, ha salido reflejado en muchos medios de comunicación. Ahora se esconde en el famoso comité de asesoría a las negociaciones, donde hay representantes sindicales y de diferentes organizaciones, y dice que desde hace un mes este comité tiene acceso a los documentos, lo cual es falso. Tenemos contacto con dos de las organizaciones participantes, y ambas han denunciado que las reuniones son un paripé. No tienen acceso a los documentos, pero tampoco la CE recoge sus críticas, por ejemplo en relación a la consulta pública sobre el ISDS [mecanismo de resolución de conflictos entre estados y multinacionales que plantea el TTIP].
¿Qué ha respondido Bercero cuando habéis puesto de manifiesto que estas organizaciones no tienen acceso a esta información?
Insiste en que hace un mes él ha cambiado esta política de acceso a la información de la CE, y también en que el tratado no va en detrimento de ninguna regulación, como por ejemplo en servicios financieros, y no nos responde a por qué la Comisión insiste en incluir la desregulación de los servicios financieros, cuando según las últimas informaciones EEUU no quiere incluir este capítulo de momento. Igual, una vez pasadas las elecciones al Senado y al Congreso, sí cambia de idea.
¿A qué les ha contestado entonces? ¿Qué ha aportado nuevo?
Nada. Ha reconocido que dentro del ISDS va a haber casos extremadamente limitados que posibilitarían que una empresa multinacional demande a un Estado en cuestión de políticas públicas. Sin embargo, no define a qué se refiere con "casos extremadamente limitados", ni dice a cuáles se referiría. Se nota que él si está a favor de este mecanismo, y ha puesto como ejemplo casos de empresas como Repsol, que ha amenazado al Gobierno argentino llevándole al CIADI [corte arbitral internacional dependiente del Banco Mundial] y luego ha negociado extrajudicialmente una indemnización de 5.000 millones de dólares.
¿Lo que ha hecho Repsol con Argentina lo pueden hacer empresas estadounidenses con España?
Claro. Sí ha reconocido que los procesos de la ISDS no son transparentes, y que gran parte de los casos se podrían llevar en tribunales ordinarios. También ha dicho que frente a Argentina, China e India sí quiere negociar el ISDS, porque son países con un sistema judicial que no le parece adecuado, y si lo hace con ellos no puede no hacerlo con EEUU, porque se vería raro en el ámbito internacional que con unos países sí se firme y con otros no.
Sobre la consulta ciudadana y el ISDS...
A la pregunta de por qué no aparece en la consulta la pregunta de si queremos o no implantar el ISDS hace mención al último apartado, que permite dar una respuesta libre.
¿Dice para qué va a servir exactamente esa consulta? ¿ O simplemente que tomarán nota de los resultados?
Sigue diciendo que tomarán nota, pero en Reino Unido dijo que la consulta es para lograr el mejor modelo de ISDS posible. Nunca ha existido la posibilidad de excluir el ISDS de las negociaciones. Insiste en que es parte del mandato negociador que recibió por unanimidad de los jefes de Gobierno de los 28 estados miembros, en julio del año pasado; siempre se esconde tras ese mandato.
También reconoce que las agricultoras y agricultores de pequeña agricultura familiar, y sobre todo las pequeñas ganaderías españolas se verían afectadas por el acuerdo con EEUU. Dice que la agricultura es importante y reconoce que los grandes ’lobbies’ se pasan en sus propuestas ofensivas, e insiste en que no va haber cambios en la regulación sobre trangénicos, por lo que le hemos preguntado de dónde va a venir el supuesto beneficio económico si pretende armonizar entre el 25% y el 50% de las legislaciones europea y estadounidense, pero no tiene respuesta.
¿Al mismo tiempo que reconoce que se aplicará el reconocimiento mutuo dice que no va haber cambios en los transgénicos? ¿Decimos por un lado que vamos a igualar normas pero al mismo tiempo aseguramos que no se van a igualar?
Exactamente, eso dice él. Y que la agroindustria europea también tiene intereses ofensivos en la exportación de productos agrarios a EEUU. Reconoce que el tema de cooperación regulatoria es muy polémico, y que los documentos de estadounidenses de las negociaciones no se comparten con los gobiernos de los 28 ni con el Parlamento Europeo, pero asegura que están buscando una solución para que gobiernos y Parlamento tengan acceso a estos documentos, aunque la situación ya muestra un claro déficit democrático.
Él incurre en contradicciones permanentemente. Sabemos de las negociaciones que están a punto de terminar entre la UE y Canadá sobre otro tratado, que el capítulo de protección de inversiones y el mecanismo ISDS sí incluye la posibilidad de que las empresas puedan ir contra decisiones, medidas políticas y leyes de ámbito público si afectan a sus inversiones, e incluyen el caso de la expropiación indirecta. Pero Bercero dice que esos documentos no se han compartido con los Gobiernos de la UE porque aún se están negociando, y que se compartirán cuando hayan terminado de cerrar los detalles técnicos con Canadá. Esquivan completamente las preguntas, incurren en contradicciones, pero como saben que la mayor parte de la población no sabe del contenido real y la transcendencia de las negociaciones, no les importa mucho. Con el tiempo, cuando vaya aumentando la conciencia y la información, no se podrán permitir seguir esquivando.
También denunciamos públicamente que los funcionarios de la UE están incumpliendo el código de conducta que deben seguir: si en los discursos públicos solo utilizan una parte de la información que tienen, no son imparciales, no están dispuestos a escuchar otros puntos de vista. Si hacen comunicados públicos sobre de un estudio de impacto y sólo sacan el grado máximo de beneficio para las familias pero no meten las cifras mínimas, ni son imparciales ni demuestran la máxima profesionalidad.
¿Cuáles son las cifras de los estudios de impacto que la CE no menciona y la gente debería saber?
Cuando ellos hablan de que va a haber un crecimiento económico omiten la información de que esto será 10 años después de entrar en vigor el tratado, y no lo dicen. Remitiéndose a otro de los estudios, ellos dicen que el beneficio económico de firmar el tratado será de 545 euros por familia, pero la cifra a la baja del mismo estudio habla de 45 euros. Si eso lo comparas con la inflación, las familias van a perder más en estos diez años de lo que van a ganar.
También omiten que puede haber un desplazamiento de entre 430.000 y 1,1 millones de puestos de trabajo directos en la UE, tras la firma del tratado. Dicen que según algunos estudios en 10 años puede aumentar un 30% el comercio con EEUU tras la firma, pero no hablan de que entre los estados miembro el comercio se reduciría en un 30%, por lo que se reduciría el empleo. Evitan hablar de muchos aspectos.
Bercero no descarta grandes demandas contra estados europeos
El jefe de las negociaciones del lado europeo, Ignacio García Bercero, ha asegurado a Público haber trasladado su "voluntad y disponibilidad de estar continuamente implicado en el diálogo" este mismo lunes, y ha defendido que no puede prejuzgar el resultado sobre el ISDS, a pesar de los varios ejemplos de las consecuencias de la aplicación de este tipo de mecanismos ya existentes -véase Philip Morris contra Uruguay, por el que la tabacalera pide una indemnización de 2.000 millones de euros.
En esta línea, Bercero ha recordado que la CE ha convocado una consulta pública al respecto -en la web de la Comisión hasta el 21 de junio- y se ha comprometido a plantear a los estados y al Europarlamento los resultados, una vez recibido y analizadas todas las respuestas, pero no ha garantizado que la UE aplique cambios al mecanismo de resolución de conflictos en base a las demandas ciudadanas.
Tampoco ha querido pronunciarse sobre la decisión del PP en sede parlamentaria de rechazar la proposición de IU de crear una comisión que explique cómo afectará el TTIP a los españoles, insistiendo en que estará dispuesto a cooperar en cualquier seguimiento parlamentario sobre el Tratado de Libre Comercio: "He participado en reuniones ante el Parlamento Alemán, y si en algún momento la Cámara española quiere que participe estaría encantado", ha afirmado.
En vista de los resultados del informe ’Cuando la Injusticia es Negocio’, presentado por el Observatorio Corporativo Europeo (CEO) y el Transnational Institute en 2013, que hace referencia a cómo han aumentado las demandas a estados en los últimos años, y cómo el negocio del arbitraje está en manos de muy pocos, y preguntado por si es posible descartar que vaya a haber grandes demandas contra los estados europeos, Bercero ha reconocido que "nada se puede descartar, pero lo que si que está claro es que el sistema que proponemos es que una demanda contra un Estado, contra una medida legítima reglamentaria no tiene ninguna posibilidad de prosperar", esgrime.
