Cinco transnacionales y 11 editoriales reclaman por Propiedad Intelectual

18-3-09

Cinco transnacionales y 11 editoriales reclaman por Propiedad Intelectual

Fuente: Carlos Salazar (csalazar@elpais.co.cr)

CANARA acusa a transnacionales musicales de filibusterismo

San José, (elpaís.cr) - La prohibición de la reproducción de libros para tareas académicas de estudiantes y profesores universitarios, y hasta el pago por sonar canciones en la radio, ha despertado una red de protestas en Costa Rica contra la aplicación de las leyes del Tratado de Libre Comercio (TLC), con los Estados Unidos.

En nuestro país, once empresas editoriales, entre ellas Editorial Costa Rica, Lehmann, Educa, Internacional y Cámara Costarricense del Libro, exigen a las autoridades aplicar la misma rigurosidad que se cumple en El Salvador contra la llamada “piratería” de libros.

Por su parte, cinco multimillonarias transnacionales también reclaman a las estaciones de radio el pago por cada una de las canciones que reproduzcan en sus horarios musicales, y que ellas cuentan con los derechos exclusivos de sus autores.

El volumen de la protesta en las ondas de radio no se hizo esperar, y el lunes 16 la Cámara Nacional de Radio (Canara), benefactora de las tesis neoliberales para impulsar el TLC, hoy reclama la aplicación de la rígida ley, por parte de tribunales de Justicia.

En un extenso comentario, pasado varias veces al día en diversas emisoras “musicales”, Canara da cuenta que “la semana pasada un juez dispuso atender... de manera “cautelar” ...las disparatadas pretensiones de aquellas transnacionales; y ordenó prohibirle a una estación de radio que difundiera la música que tiene a disposición de su público en su programación regular”.

“La radio no cede ante el filibusterismo. Esperamos que otros Juez, ley en mano, arregle el entuerto”, afirma Canara al indicar que la radio costarricense “es solidaria e indivisible”.

Fotocopias

Entre tanto, el legislador por el Partido Frente Amplio denunció este martes que los grandes empresarios del sector editorial, reclaman en Costa Rica operativos represivos, al estilo de El Salvador.

“Se rumora que una comisión del gobierno ha aceptado la tesis empresarial en el sentido de que fotocopiar libros de texto violará la Ley 8856 si se ejecuta con fines de lucro, lo cual hacen evidentemente todos los empresarios que viven del negocio del fotocopiado”, añadió.

Merino recordó que hace varios días, profesores de la Universidad de Costa Rica denunciaron que los negocios que prestan servicios de fotocopiado en los alrededores de la Universidad de Costa Rica, se han negado a sacar copias de los libros de texto que se utilizarán en sus cursos.

La denuncia de Merino, dada a conocer hace varias semanas por Nuestro País, precisó que los dueños de fotocopiadoras aducen que las leyes del TLC los castigan con multas millonarias y hasta con cárcel si lo hacen.

La imposibilidad de sacar fotocopias afectaría gravemente a miles de estudiantes pobres, que no pueden darse el lujo de comprar libros carísimos indispensables para continuar sus estudios y también a los centros educativos públicos que tampoco cuentan con recursos para ello, precisó.

“Así las cosas, no ha tardado en difundirse en las universidades públicas la lógica preocupación y la indignación más que justificada ante este nuevo atropello contra la educación pública”, precisó Merino.

De acuerdo con el legislador, los jerarcas del Ministerio de Comercio Exterior dicen, una vez más, que "no hay de qué preocuparse". Según ellos, las fotocopias con fines educativos no están penadas por lo que el dueño de una fotocopiadora no incurre en delito "si se le saca a un libro a petición de un alumno" y "se sabe que lo utilizará con fines personales".

Aseveró que “nuevamente, no le están diciendo toda la verdad a la gente. El acceso a las fotocopias para estudiar sí está amenazado. El artículo 54 de la Ley 8039 sanciona con penas brutales (hasta cinco años de cárcel y quinientos salarios de multa) a quién "fije y reproduzca obras literarias o artísticas o fonogramas protegidos". Obviamente, esto incluye a quien fotocopie libros”.

Explicó que es cierto que al final de este artículo se agregó una excepción que excluye la reproducción "sin fines de lucro" para "fines ilustrativos de la enseñanza".
Sin embargo, al contrario de lo que dice el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), esta excepción no salva a las fotocopiadoras que copien libros a solicitud de los estudiantes, dijo.

“¿Por qué? Sencillamente, porque las fotocopiadoras son negocios, pequeños, pero negocios al fin. No operan sin fines de lucro. Todo lo contrario. Venden un servicio, para obtener una ganancia. Es cierto que en la mayoría de los casos se trata de micro empresas y hasta negocios familiares. Pero la ley no diferencia entre empresas grandes y pequeñas”, afirmó Merino.

Merino dijo que otra amenaza para la educación pública, son los artículos 51 y 52 de la Ley 8039 castigan con penas igualmente duras a quién "represente o comunique al público" obras literarias o artísticas, fonogramas o ejecuciones, o quién los "ponga a disposición del público" por cualquier medio, incluyendo Internet.

“Esto quiere decir que quien lee un libro en público o representa una obra de teatro puede ser castigado. También pueden serlo quienes publiquen libros en línea o utilicen programas que permiten compartir documentos en la red, acciones que, por cierto, han sido propuestas en las universidades públicas como alternativas a la prohibición de fotocopiar”, agregó.

Merino aclaró que “en estos casos, los expertos de Comex, ni siquiera se acordaron de incluir la excepción limitada del artículo 54, para eximir a quienes realicen tales actos sin ánimo de lucro y para fines educativos”.

“A pesar de que este diputado planteó mociones para corregir el error, estas fueron rechazadas sin discusión alguna”, recordó Merino.

Esta ley sanciona con prisión todas estas acciones sin considerar su relación directa con el acceso a la educación y la cultura, y a pesar de que ni el mismo TLC así lo exige.
Merino también señaló que “el Tratado permite que los países escojan si aplican penas de multa, de cárcel o una combinación de ambas. Pero en Costa Rica los diputados del G-38, más papistas que el Papa, no dudaron en acoger la opción que más favorece a las trasnacionales y más perjudica a la gente”.

En un documento de las once casas editoriales, se reclama que “en un centro de enseñanza se educa y uno de los valores primarios de ésta lo es respetar la propiedad ajena, entre ella, la intelectual que tiene protección legal, constitucional e internacional”.

“Es perentorio que en el país se haga realidad la aplicación vigente sobre la protección a la propiedad intelectual y que se establezcan políticas agresivas de educación al respecto. Por otro lado, corresponderá al Poder Judicial hacer lo propio. Las empresas que producimos e importamos libros nos comprometemos a darle seguimiento a este proceso y a profundizaren el tema”, concluyó el pronunciamiento de las casas editoriales.

Para Merino, “estamos ante una legislación draconiana y desproporcionada, incompatible con las necesidades educativas de nuestro pueblo. Una legislación que ninguno de los países que hoy son desarrollados tuvo que aplicar durante su proceso de desarrollo y que, además de dañar la educación pública, ocasionará gastos excepcionales para el Estado, obligándolo a desviar recursos destinados a atender otras necesidades apremiantes de la población. Ningún pueblo está obligado a soportar semejantes abusos”.