Colombia: Académico pagaría cárcel por compartir tesis en internet
Colombia: Académico pagaría cárcel por compartir tesis en internet
25-7-14
El biólogo colombiano Diego Gómez podría ir a la cárcel por publicar una tesis ajena en internet. Para el hoy acusado de violación de derechos de autor, internet le ayudó a suplir las carencias de la biblioteca de su universidad y como retribución compartía documentos útiles en la plataforma Scribd.
Diego Gómez tiene 26 años, se graduó de Biología en la Universidad del Quindío, es especialista en el estudio y conservación de los anfibios y actualmente está becado en la maestría de Conservación y Manejo de Vida Silvestre en la Universidad de Costa Rica.
El biólogo compartió en 2011 una tesis de maestría, que previamente estaba publicada en Facebook, así como en otros portales en los que usualmente se encuentran este tipo de documentos. El autor de dicha tesis es el biólogo de la Universidad Javeriana, Andrés Acosta, quien además es magíster de la Universidad Nacional.
Acosta denunció penalmente dos años después a Gómez por el delito de Violación a los Derechos Patrimoniales de Autor y Derechos Conexos. La Fiscalía General de la Nación inició la investigación y ahora un juzgado penal programó la audiencia preparatoria.
Las consecuencias legales
El artículo 271 del Código Penal establece como una “violación a los derechos patrimoniales de autor reproducir, distribuir, suministrar y ofrecer una obra sin el permiso del autor o titular de derechos”. Para ese delito la condena oscila entre los cuatro y los ocho años de cárcel. La pena es mayor a la que se castiga el contrabando, el hurto y otros delitos de mayor impacto.
Según el apoderado de Diego Gómez, el jurista Germán Realpe Delgado, el caso “pone de manifiesto que hay un debate pendiente sobre los derechos de autor en internet“.
Luego de la fallida ley Lleras, el marco legal colombiano sobre estos derechos sigue sin estar pensado para la red, por lo que actos como el de Diego son encasillados como delitos.
La Fundación Karisma que trabaja por el buen uso de las tecnologías de la información y asesora a Gómez en este caso, espera que la justicia determine que no hubo intención de lesionar el derecho patrimonial de Acosta, es decir que no quiso explotar la venta de la tesis. La página web donde subió la tesis cobra por cada descarga, pero en 2011 cuando subió el archivo eso no sucedía.
La directora de la fundación Carolina Botero asegura que es necesario diferenciar la legislación del mundo digital y de la del real. “El derecho penal es el último recurso. No es para cualquier cosa y eso en internet tiene dimensiones diferentes a las que se tiene en el mundo análogo porque es más fácil romper con una zona gris”, dice la también abogada especialista en tecnologías.
Continúa el debate sobre los derechos de autor en internet
Este caso es el primero conocido públicamente en el país por una denuncia penal sobre derechos de autor en internet, por lo que la discusión sobre si existen vacíos jurídicos apenas empieza en Colombia.
Para María del Pilar Sáenz de la Fundación Karisma, “la premisa de que compartir no es delito tiene un nombre y un rostro detrás. La injusticia hipotética de enfrentar el desbalanceado sistema de los derechos de autor donde priman los intereses comerciales sobre el interés del acceso se volvió cercanamente dolorosa“.
Para Carolina Botero, mientras se desarrolla la legislación al respecto, la esperanza para quienes, como Gómez, comparten contenidos de buena fe, es que los jueces entiendan las dinámicas de internet. En su columna en El Espectador escrbió que “si los jueces se quedan en la letra del código, sin mirar lo que los abogados llamamos ‘antijuridicidad’, van a procesar a muchos Diegos“.
El debate apenas comienza. Gómez invita la ciudadanía a debatir sobre el uso de la información en Internet. “Hay una discusión del acceso a la información y lo expuestos que estamos todos a tener problemas por algo tan básico como compartir información”.
Por ahora lo único claro es que la normatividad sobre derechos de autor no contemplan una excepción para la divulgación académica o científica sin ánimo de lucro, y mientras se promulgan leyes específicas, el proceso penal continúa y podría ser un hito en el ámbito colombiano.
