Colombia: TLC y medicamentos

El 27 de febrero, el presidente Uribe, al comunicar el cierre del TLC, tras advertir que “fue muy difícil el acuerdo sobre medicamentos, pero nos quedó bien”, afirmó: “Colombia va a seguir protegiendo la propiedad intelectual de medicamentos sin agregar nada a la manera como viene haciéndolo. Esto es bien importante porque estaban diciendo que íbamos a aumentar las formas de protección, que entonces íbamos a acabar con los genéricos y que entonces íbamos a elevar los precios”.

Con el respeto que merece el Presidente, está mal informado por sus colaboradores. La realidad es que Colombia sí aumentó las formas de protección vigentes, mediante el establecimiento de mecanismos concebidos por las multinacionales farmacéuticas para proteger sus productos ‘viejos’, los cuales no pueden ser objeto de patente: protección de datos en condiciones más gravosas que las anteriores, linkage y limitaciones a la “Excepción Bolar”. Esto es grave porque los medicamentos protegidos entran al mercado con precios de monopolio y demoran el ingreso de los genéricos, los cuales cuestan una quinta parte de los productos de marcas internacionales y abastecen el 70% del mercado nacional. Además, Colombia cedió a la exigencia de alargar las patentes para compensar demoras de las oficinas de patentes y sanitaria. Así, en el futuro los fármacos nuevos gozarán de más de 20 años de monopolio y los consumidores tendrán que esperar más para acceder a los genéricos.

Reconocemos los logros del Presidente en Washington. Él convino con la Ustr que EE.UU. y/o Colombia dejarán constancia de que ambos interpretan determinadas expresiones del Tratado no según su tenor literal, sino de manera que amortigüe el impacto sobre la salud de los nacionales. Igualmente convino que EE.UU. respetará la potestad de Colombia de proteger la salud pública.

No obstante, la decisión de establecer protecciones superiores a las actuales es equivocada. Estudios de la OPS y la Universidad Nacional permiten afirmar que las concesiones hechas a EE.UU. ocasionarán un aumento del gasto en salud de cientos de millones de dólares anuales, lo que dejaría sin acceso a medicamentos a miles de colombianos. En sida, por ejemplo, el TLC podría privar de ARV a cerca de 4.000 pacientes cada año, los cuales quedarían condenados a morir en un lapso promedio de cinco años.

Nunca pretendimos que se negociara un tratado sin capítulo de propiedad intelectual, tema prioritario para EE.UU. La sugerencia fue defender las contrapropuestas sobre los temas sensibles del Ministerio de Protección Social y tres expertos internacionales. Un acuerdo fundamentado en ellas habría logrado un equilibrio entre los intereses de la industria y el bien general.

Advertimos que al retirar Colombia esas contrapropuestas para adherir a los textos que EE.UU. no permitió tocar, compartiremos con Perú la vergüenza de ser los países que más concesiones han hecho en el continente americano a las farmacéuticas estadounidenses. En este panorama, el TLC será un instrumento de sufrimiento.

Se nos dirá que no había alternativa, pues sin esas ventajas EE.UU. no firmaba el TLC. Nuestra posición es que el acceso a medicamentos con capacidad para aliviar el dolor y salvar vidas no es cambiable por ventajas comerciales. ¡La salud y la vida son prioridades no negociables!.

Afortunadamente todo no está perdido. El Tratado debe pasar por el Congreso, que tiene la potestad de improbar las cláusulas violatorias del derecho a la salud, y por la Corte Constitucional, a la que cabe la responsabilidad de declarar la inconstitucionalidad de esas disposiciones.

source: El País