Costa Rica: según informe de Servicios Técnicos el Congreso debe consultar TLC a indígenas

El estudio señala que “existen disposiciones o medidas legislativas que son susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas en los capítulos de inversión, comercio transfronterizo de servicios, derechos de propiedad intelectual y ambiental”, indica el informe CON.052-2006 J en manos de DIARIO EXTRA.

Según se informó el tema de mayor trascendencia en la consulta refiere al artículo 15.1 del TLC sobre disposiciones generales sobre la obligatoriedad del país en ratificar el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1991.

“El convenio busca que cada parte conceda derechos de obtención vegetal, conocidos como derechos de fitomejorador, sobre nuevos géneros y especies vegetales y protegerlos como derechos de propiedad intelectual, lo que podría afectar directamente el derecho sobre el conocimiento tradicional de los pueblos y comunidades indígenas, sus derechos intelectuales comunitarios sui generis, así como los derechos y libertades protegidos en nuestra Constitución Política”, entre otros convenios y leyes. Las consecuencias directas señaladas por el departamento legislativo refieren a otorgar derechos exclusivos sobre semillas y especies vegetales que los pueblos indígenas utilizan para cultivo, alimentación y medicina.
COSTARÍA ¢20 MILLONES

Un cambio en la forma de producción pues las semillas y especies vegetales protegidas por UPOV no se podrán guardar, intercambiar ni resembrar, también restringe la disponibilidad o intercambio de recursos genéticos vegetales, esenciales para el mejoramiento de los mismos cuando estén protegidos por el convenio.

“Las empresas o personas que tienen el control del mercado de semillas puede apropiarse indebidamente mediante derechos de obtentor de los conocimientos, derechos y recursos de los pueblos indígenas si no les brinda una efectiva protección a estos grupos étnicos”.

Por su parte, la diputada liberacionista Jeannina del Vecchio, quien dirige la comisión que tramita el TLC indicó que se realizará una nueva consulta a expertos constitucionalistas que certifiquen si realmente es necesario realizar esta consulta a los pueblos indígenas. Esto porque la consulta tendría un costo alrededor de los ¢20 millones, pues se requeriría un traductor o intérprete que pueda explicar el contenido del tratado a estas comunidades, además esto implica un retraso amplio en el trámite del tratado. “Queremos el criterio de abogados constitucionalistas porque esta consulta a los pueblos indígenas es cara, queremos entonces estar seguros de si se puede o no hacerla”, dijo del Vecchio, quien indicó que no se ha podido visualizar si se puede “matar dos pájaros de un solo tiro” si se aprovecha la consulta del tema a la que se realizará sobre otro proyecto de ley relacionado a estas comunidades.

source: Diario Extra