El Salvador: El Gobierno debe casi $2 millones a defensores del país en el caso contra minera

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El Salvador: El Gobierno debe casi $2 millones a defensores del país en el caso contra minera

Por Tomás Guevara/corresponsal en Washington, 4-12-16

El Fiscal General, Douglas Meléndez, envió una carta a la Presidencia de la República externando su preocupación por la deuda y afirma que la Fiscalía incluyó el pago en el presupuesto, pero fue eliminado por Hacienda.

Durante los ejercicios fiscales de 2015 y 2016 el Ministerio de Haciendo eliminó del Presupuesto General de la Nación los fondos para cumplir con el pago de los contratos de defensa del país en litigios internacionales, en especial el contrato con el bufete Foley Hoag.

Y para el presupuesto de 2017, el titular Hacienda, Carlos Cáceres, borró por tercera vez el apartado que la Fiscalía General de la República incluyó en su presupuesto para pagar esa mora.

La deuda total es de $2 millones 264 mil 337 por los contratos de defensa, de lo cual $1 millón 935 mil 653 es del caso Pacific Rim, y $328 mil 683 son por defender al país por la demanda que interpuso la empresa Enel Green Power contra El Salvador. Ambos litigios fueron ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), instancia de arbitrios del Banco Mundial con sede en Washington, Estados Unidos.

El Estado salvadoreño no ha pagado ni un centavo de esa deuda, cuyas facturas ha enviado el bufete de abogados desde agosto de 2014.

Ante la gravedad de la situación por esta deuda que se arrastra por dos años, el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, envió hace unos días una carta a la oficina de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República para alertar del problema

La misiva, de la que han recibido copia la Asamblea Legislativa y el mismo ministro Cáceres, deja ver la grave omisión para honrar esa deuda contraída para la defensa del Estado con el bufete de abogados.

“Preocupa a la Fiscalía General de la República que en nuestro proyecto de presupuesto 2017 remitido al Ministerio de Hacienda se contempló el pago de litigios internacionales; sin embargo, el proyecto de presupuesto que el referido ministerio ha presentado a consideración de la Asamblea Legislativa no incluye estos pagos”, advierte el fiscal.

El abogado Luis Parada, coordinador del equipo de defensores de El Salvador en el bufete internacional, empeñó su palabra con la firma de abogados para que tomaran el caso y afirma que este impase en los pagos genera problemas contables al bufete; añade que el contrato fue muy beneficioso para El Salvador al cobrarle por los servicios profesionales inmediatos.

El contrato no incluye intereses por mora y se dan 60 días para el pago de las facturas al considerar que la erogación proviene de cuentas estatales; además, en ningún literal del contrato se adjudica el pago de los servicios a los resultados, explica el abogado.

Otro de los beneficios que señala Parada es que ofrecen un 10% de descuendo adicional si el pago se efectúa durante los 60 días, pero agrega que en escasas oportunidades el pagador aprovecha ese beneficio.

Parada afirma que ha escuchado que el Ministerio de Hacienda prometió, tanto en 2015 como en 2016, que iba a honrar la deuda con una reprogramación de fondos, pero nunca lo hizo.

Y el secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Francisco Rubén Alvarado Fuentes, se comprometió después del laudo del arbitraje favorable al país en el Ciadi a que esa deuda se saldaría al aprobarse la emisión por $550 millones en bonos que servirían, entre otros rubros, para pagar a los proveedores. Dicha emisión fue avalada hace unas semanas por la Asamblea Legislativa, pero la colocación aún está en trámite.

No obstante, en los últimos días en el bufete han tenido información de que el ministro Cáceres ha dicho que se pagaría a Foley Hoag hasta que el Estado reciba los $8 millones que debe pagar OceanaGold, tras la sentencia que dictó el tribunal el pasado 14 de octubre.

Luis Parada es categórico al señalar que el contrato no establece ninguna relación entre la deuda con el bufete y la indemnización que recibiría, pues el Estado salvadoreño debe honrar la deuda con los lineamientos establecidos desde antes de empezar el proceso arbitral. Por ahora, esperan que fructifique el esfuerzo del Fiscal General Meléndez para finiquitar el contrato y mantener el buen nombre del país.

Minera dilata el cumplimiento del fallo

Mientras tanto, la empresa minera Pacific Rim, subsidiaria de la transnacional Oceana Gold, no solo hace movimientos para dilatar el pago de la indemnización de $8 millones impuesta por el Ciadi, en Washington, sino que ha iniciado acercamientos con representantes del gobierno salvadoreño en un intento por conseguir permiso para explotar oro y plata en Cabañas.

Parada reconoce que ha escuchado sobre esos encuentros de la empresa con algunos funcionarios de la administración de Salvador Sánchez Cerén con lo que estarían alentando las esperanzas de Oceana Gold de operar en el país y en consecuencia incentivan a la compañía a continuar con la batalla legal.

Dichas reuniones estarían contradiciendo el compromiso de Sánchez Cerén con las organizaciones que forman la Mesa Nacional contra la Minería Metálica en El Salvador de que no otorgarían permisos de exploración ni extracción de metales preciosos en su mandato. Esto ocurrió en durante una reunión en Casa Presidencial el pasado 25 de agosto.

“Oceana Gold ya debería estar cumpliendo el laudo del tribunal y saliendo del país, pero parecería que alguien le sigue dando esperanzas a la empresa. De lo contrario ya habría empacado sus cosas y se habría marchado”, cuestiona Parada.

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