La ratificación del CETA amenaza la salud de los españoles y el mantenimiento del SNS
La ratificación del CETA amenaza la salud de los españoles y el mantenimiento del SNS
Por Ramón Gálvez bez@bez.es - Miembro del grupo Sanidad 17 | 1-5-17
Recientemente, el Gobierno de España comunicaba la decisión adoptada en el Consejo de Ministros de llevar el tratado CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global, por sus siglas en inglés) entre Canadá y la Unión Europea al Congreso de los Diputados y al Senado para su ratificación en las próximas semanas.
El CETA, aprobado en el Parlamento Europeo con los votos de los diputados europeos españoles pertenecientes al PP, PSOE, Ciudadanos y PNV, tiene una singular importancia para la aplicación de la política de patentes y precios de los fármacos innovadores. Es necesario, por tanto, llamar la atención sobre su repercusión sobre los sistemas sanitarios y el acceso de los ciudadanos a los medicamentos.
Por estas razones, diversas organizaciones, como la Organización Médica Colegial y Medicus Mundi, han mostrado su preocupación, y otras como Ecologistas en Acción y la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento han solicitado directamente a los parlamentarios su no ratificación. Argumentan esta petición considerando que su aprobación es un obstáculo más para una reforma del actual modelo de patentes y fijación de precios de los medicamentos responsable de los actuales precios abusivos de los nuevos fármacos.
¿Qué efectos tendrá la aplicación del tratado para el acceso de los ciudadanos a los medicamentos?
Para Canadá, el tratado supondrá un importante aumento del gasto en farmacia, provocando un aumento en el coste de los medicamentos de cientos de millones de dólares al año. La causa es que actualmente Canadá dispone de una normativa con tiempos más cortos de protección de las patentes. La firma del tratado implica para Canadá incorporar la normativa europea regulada por el ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio).
Esta normativa obliga a Canadá a ampliar los tiempos de protección y monopolio para los medicamentos patentados con un periodo adicional de dos años de exclusividad de mercado sobre el actualmente existente, dificultando así la posibilidad de desarrollar en un tiempo más corto medicamentos genéricos de menor precio. Además, debe incorporar el derecho de apelación de las empresas farmacéuticas de medicamentos de marca para la posible introducción de medicamentos genéricos, provocando así un retraso adicional en la aprobación de estos últimos y un coste sensiblemente mayor para el sistema de salud canadiense. El Consejo canadiense considera que la introducción del CETA supone un incremento de un 13% del coste total que los canadienses pagan en un año por sus medicamentos.
Para España y Europa, señala la EFPIA, patronal de la industria farmacéutica europea, el acuerdo refuerza los derechos de propiedad intelectual sobre los nuevos fármacos y de idéntica manera la patronal española Farmaindustria saluda los beneficios específicos en materia de propiedad intelectual para las compañías farmacéuticas que operan en Canadá, así como el refuerzo y cumplimiento del período de protección de datos... La Comisión Europea, por su parte, añade que "los titulares de patentes podrán recurrir las decisiones relativas a la autorización de comercialización en Canadá y esta adoptará en mayor medida su sistema de protección de datos al de la Unión Europea".
Como se puede observar, los beneficios que se señalan para Europa se producen exclusivamente para la industria farmacéutica. Sin embargo, el tratado refuerza y consolida el actual modelo de patentes y fijación de precio de los medicamentos innovadores, cuya aplicación en el medio europeo está permitiendo precios abusivos. Este sistema ha ocasionado graves problemas para la accesibilidad de los ciudadanos a los medicamentos necesarios para su salud. Por lo tanto, cualquier acuerdo o tratado que refuerce esta situación constituye una amenaza para la salud pública y para la viabilidad de los sistemas públicos de atención sanitaria. En este sentido la Organización Médica Colegial ha advertido en un comunicado sobre los riesgos de incremento de precios que podría suponer la aplicación del CETA.
Recordemos que el ADPIC introduce la protección de patentes, en un campo tradicionalmente excluido como el de los medicamentos, por un período mínimo de 20 años a partir de la fecha de solicitud. A esta protección se han añadido posteriormente cláusulas para reforzar el monopolio, como la exclusividad de los datos de pruebas y los certificados de protección suplementaria, dirigidos a prolongar el período de patente y así retrasar la comercialización de medicamentos genéricos de precio más bajo. Además, las empresas farmacéuticas propietarias de la patente fijan el precio de acuerdo con su propia decisión discrecional. Existe muy escasa información pública sobre cómo se fijan los precios de los medicamentos en la mayoría de los países, y no hay ninguna ley que obligue a informar sobre cómo los costes afectan al proceso de fijación de precios. En USA se han intentado desarrollar iniciativas para lograr una mayor transparencia de los precios de los medicamentos dirigidas a conseguir que la industria farmacéutica informe de los costes de producción, incluyendo las inversiones en investigación y desarrollo y también los descuentos que hacen a las diferentes organizaciones que pagan por medicamentos específicos de alto precio. Este modelo permite que las empresas farmacéuticas fijen los precios por el valor más alto posible.
Por esta razón la firma del CETA se convierte en un paso más en el proceso de consolidación de un sistema de patentes y precios que debe ser radicalmente transformado. El tratado refuerza el actual modelo de patentes y fijación de precios de los medicamentos que ha provocado precios abusivos y falta de accesibilidad de los ciudadanos para conseguir los medicamentos necesarios para su salud. En esa línea, organizaciones como la Asociación para el Acceso Justo al Medicamento han solicitado la no ratificación en el Congreso de los diputados y el rechazo del CETA mientras no se modifique el actual modelo de patentes y fijación de precios.
