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La Vía Campesina-América del Norte: denunciamos el acuerdo por socavar la Soberanía Alimentaria

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Por La Vía Campesina | 3-9-19

La Vía Campesina-América del Norte: denunciamos el acuerdo por socavar la Soberanía Alimentaria

El primer Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) devastó comunidades rurales en Estados Unidos, Canadá y México. Este experimento con libre comercio resultó rentable para las corporaciones multinacionales y fue nocivo para quienes laboran en el campo, pues desplazó a familias campesinas en México, obligando a millones a migrar al norte, y eliminó por la fuerza las protecciones comerciales con que contaba la agricultura familiar en Canadá y Estados Unidos.

Nosotras y nosotros, como miembros de La Vía Campesina (LVC), que nos opusimos al TLCAN al momento de su puesta en operación en 1994, consideramos que su revisión —rebautizada como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC (USMCA en inglés)— es otro atentado contra la dignidad de campesinas y campesinos, trabajadores agrícolas, agricultores familiares, pueblos originarios y en contra de las comunidades y territorios donde vivimos. De hecho, en muchas zonas, la revisión propuesta empeora aún más la situación de quienes trabajan en el campo. Por esta razón, las organizaciones que integran LVC en los tres países estamos pidiendo a nuestras respectivas legislaturas que voten rechazando el T-MEC. Rechazar el actual T-MEC es fundamental en nuestra lucha por la soberanía alimentaria.

Numerosas secciones de tal acuerdo proponen cambios en las políticas comerciales que agravarán las crisis sociales, económicas y ambientales que enfrentan las comunidades rurales en toda América del Norte. Varias áreas problemáticas del acuerdo son: privilegiar los intereses de las corporaciones sobre los de quienes trabajan los campos como jornaleros y jornaleras o practican la agricultura familiar; el intento dirigido expresamente a atacar la protección que México y su campesinado pueden brindarle a sus semillas; los esfuerzos por socavar los apoyos que otorgan las políticas públicas canadienses a la agricultura en pequeña escala; la negativa a reconocer a las reivindicaciones de los pueblos originarios sobre el territorio. Como organización regional que representa a los grupos de LVC en América del Norte, denunciamos el acuerdo por socavar la soberanía alimentaria, y por su intento de enfrentar a la población rural de cada país entre sí.

La política de división resulta clara donde el acuerdo propone abrir el mercado canadiense a las exportaciones de productos lácteos de Estados Unidos. En los meses anteriores al acuerdo, el presidente Trump se opuso al sistema canadiense de gestión de suministros, impugnando sus protecciones arancelarias. Mientras tanto, los productores canadienses de lácteos hicieron una serie de visitas a sus contrapartes en Estados Unidos, particularmente en Wisconsin. Tras sufrir años de desregulación y promoción de exportaciones —lo que provocó sobreproducción y volatilidad de los precios en Estados Unidos—, los productores estadounidenses escucharon con entusiasmo a sus visitantes que les relataban cómo el sistema de gestión del mercado canadiense respalda de un modo más efectivo a las granjas lecheras familiares.

Pese a los claros instrumentos de política, disponibles en EUA para enfrentar la crisis láctea, los grupos corporativos de exportación de productos lácteos en EUA elogiaron la propuesta de apertura de los mercados canadienses como una forma de brindarle salidas a la leche estadounidense; es claro que esta expansión del mercado ofrece nuevas fronteras para que las corporaciones lácteas de Estados Unidos desplacen a los agricultores de escala familiar.

Los grupos de La Vía Campesina saben que la realidad es otra: Estados Unidos tiene una crisis de sobreproducción debido a la falta de apoyo a los precios y a un sistema de cuotas; el excedente de leche de Estados Unidos se debe en parte a la importación de concentrados de proteína de leche y otros productos lácteos en polvo; los conglomerados agroindustriales manipulan los precios de manera permanente, y esto es una práctica que contribuye a que los ingresos agrícolas sean bajos y a menudo volátiles. Aunque el sistema de gestión de suministros canadiense no está exento de defectos (como la dificultad que tienen los nuevos productores para acceder al sistema de cuotas), la respuesta a los problemas en Estados Unidos y Canadá no es obligar a Canadá a abrir su mercado a los lácteos estadounidenses.

La división también se debe a que el nuevo acuerdo no sale al paso de la naturaleza sumamente explotadora y la inhumana realidad de los empleos en el campo. En Estados Unidos, el gobierno de Trump decidió criminalizar la mano de obra agrícola migrante en vez de respetarla. El gobierno continuamente atiza los temores racistas con respecto a los inmigrantes, quienes en realidad comparten un amor común por la comida, la agricultura y la familia con muchos ciudadanos en las comunidades rurales estadounidenses.

Es cierto que el nuevo acuerdo incluye explícitamente una sección sobre derechos laborales, que el TLCAN original no incluyó. Sin embargo, esta inclusión, en el mejor de los casos, es parcial ya que solamente habla con vaguedad de problemas contundentes como la violencia y el acoso en el sitio laboral, el robo de salarios y la represión a quienes intentan sindicalizarse. El acuerdo revisado proporciona algunos beneficios para quienes laboran pero carece de mecanismos efectivos de aplicación (por ejemplo, una secretaría regional independiente o requisitos de certificación) para situaciones donde se violan los derechos laborales, lo que es algo crónico, sobre todo en el caso de las trabajadoras. Las nuevas medidas en el T-MEC para la violencia relacionada con los trabajadores migrantes tiene el potencial de no abordar las violaciones de derechos, dejando a los trabajadores migrantes vulnerables al abuso —una situación que puede llevar a salarios más bajos para todas y todos en la industria alimentaria. Quedan otras debilidades en el acuerdo, incluido un resquicio visible que dificultaría reivindicar las normas laborales internacionales, y que no contempla prohibiciones relacionadas con la contratación abusiva de mano de obra.

Además, aunque en teoría las disposiciones para la negociación colectiva se fortalecerán en México, existen amplias evidencias de que los derechos de negociación colectiva de los obreros en Estados Unidos han sufrido embates políticos durante décadas y continuarán siendo desmantelados con este acuerdo propuesto. Hombres, mujeres y niños —en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, particularmente quienes viven o migran desde México— son explotados en la agricultura, el servicio doméstico, el cuidado infantil, la minería, el procesamiento de alimentos, la construcción y el turismo. No existen en el acuerdo revisado del TLCAN disposiciones que garanticen la dignidad de quienes ejercen la mano de obra —un elemento central de la soberanía alimentaria.

Tampoco se contemplan políticas que proporcionen salarios dignos para quienes trabajan en el campo. Esto se aplica a jornaleros y trabajadores agrícolas como a quienes laboran mediante agricultura familiar, en los tres países. En los últimos veinte años se ha demostrado lo equivocada que es la creencia general de que la agricultura de exportación aumentará los ingresos de quienes habitan el ámbito rural. En América del Norte, los agricultores quiebran y los trabajadores agrícolas se ven obligados a vivir en condiciones de vida infrahumanas.

El acuerdo revisado permite que también sufra la agricultura por la amenaza a las semillas. Hay maíz en México que ya fue contaminado por variedades genéticamente modificadas de corporaciones multinacionales estadounidenses. El problema lo agrava otro acuerdo internacional —el de UPOV (la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales).

México firmó este convenio en 1978 pero el gobierno no ha aceptado la última revisión, ratificada en 1991. En esta versión, no sólo se promueve la privatización de las semillas, sino que establece castigos para campesinas y campesinos que guarden sus semillas entre cosechas o las intercambien fuera del mercado. El problema para México proviene de los actores corporativos de Canadá y Estados Unidos que tal vez buscan integrar aún más el mercado de alimentos de América del Norte y obligar a México a aceptar el acuerdo UPOV 1991 y, por tanto, dañar aún más su riqueza agrícola campesina. Las familias campesinas de Canadá han visto que su derecho a las semillas es amenazado por la reciente firma de UPOV por parte de Canadá.

Esta amenaza contra el derecho campesino a las semillas ilustra cómo T-MEC apoya a las corporaciones en vez de respaldar a quienes laboran en el campo. En particular, el acuerdo permite que las corporaciones demanden a los gobiernos por lo que consideran “prácticas comerciales injustas”. Esta disposición, conocida como el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados, obliga al mercado de cada país a abrirse a las empresas. A pesar de algunos cambios a esta disposición en el nuevo acuerdo, crea nuevos instrumentos para que las corporaciones desafíen las leyes locales de semillas, de plaguicidas y de desarrollo rural. Este tipo de acciones ya han ocurrido, como cuando Cargill demandó al gobierno mexicano —y ganó— por sus aranceles al jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. Los grupos integrantes de La Vía Campesina en Canadá y Estados Unidos apoyan a los campesinos mexicanos en su oposición al aumento del control corporativo en la agricultura de los tres países.

De modo semejante, hay abundantes detalles sobre cómo abrir los mercados canadienses a las exportaciones de lácteos de Estados Unidos, pero casi nada sobre cómo medir las emisiones de carbono. El cambio climático es una amenaza muy real que enfrentan diariamente quienes laboran el campo pues las opciones de cultivos, las condiciones de trabajo, la calidad del suelo y las condiciones climáticas extremas afectan el modo en que los integrantes de LVC producen los alimentos que comemos. Tampoco hay nada en el texto del acuerdo que proteja la soberanía alimentaria indígena, ya sea que eso implique que las comunidades indígenas de Canadá y Estados Unidos puedan hacer valer sus derechos ancestrales reconocidos y sus reivindicaciones territoriales, o que se realicen esfuerzos con apoyo público para revertir las prácticas actuales de despojo cultural y material. Tales silencios dejan inherentemente incompleto cualquier tipo de acuerdo relativo a América del Norte.

Por estas razones, el T-MEC en su forma actual debe ser rechazado. Divide a quienes laboran el campo —sean trabajadores agrícolas, indígenas o agricultores familiares— más que unirnos para enfrentar las amenazas reales que nos aquejan. Cada día, estas amenazas causan estragos en nuestra gente mediante ejecuciones hipotecarias, prácticas de inmigración violentas y brutales, o despojo territorial. Nuestros líderes electos —llámense López Obrador en México, Trudeau en Canadá o Trump en los Estados Unidos— ya declararon su apoyo al T-MEC y por tanto priorizan explícitamente sus carreras políticas e intereses corporativos sobre las necesidades de salud y sustento de las comunidades rurales.

A partir de nuestro análisis, enraizado en las experiencias vivas de nuestros miembros, de comunidades rurales que están en primera línea de la lucha por el libre comercio, proponemos que los tres países rechacen el T-MEC. Sólo rechazando el acuerdo revisado podremos trabajar juntos por la soberanía alimentaria en América del Norte. Es hora de que la gente de nuestros países decida de qué lado está: del lado de las corporaciones, a la caza de ganancias, o del lado de las comunidades rurales que nos alimentan a todos.


 source: La Vía Campesina