Los potenciales conflictos de interés de los senadores que votarán el TPP-11

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Por Diego Alonso Bravo C. | 14-9-19

Los potenciales conflictos de interés de los senadores que votarán el TPP-11

Hay tres solicitudes en la Cámara Alta en las que se pide que tres congresistas no participen de la votación del polémico acuerdo internacional por tener conflictos de interés. Ellos, sin embargo, no son los únicos que deberían hacerlo. Pero hay falencias en el mismo mecanismo de fiscalización para casos así. Revisamos las declaraciones de patrimonio e intereses de quienes definirán el futuro económico internacional del país, junto con la legislación vigente que influye en estas situaciones.

Las cartas que los representantes de la agrupación Chile Mejor sin TLC dejaron en el excongreso el lunes pasado, tenían un destinatario: Francisco Huenchumilla, senador y presidente de la comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Alta. En cada una de las misivas llamaban a que el falangista se pronunciara por los conflictos de interés que los senadores Rafael Prohens, Ena Von Baer y Alejandro García-Huidobro (todos de Chile Vamos) podrían tener al momento de discutir y votar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (o TPP-11, por sus siglas en inglés), que actualmente espera ser discutido en el Senado (se proyecta su votación para octubre).

En el ámbito económico, el TPP-11 tiene consecuencias semejantes a los tratados de libre comercio, como aquellas flexibilidades arancelarias en las importaciones y exportaciones de los productos de los países firmantes (semillas, fármacos, vinos, productos agrícolas, entre otros). A eso apuntan las agrupaciones firmantes de las cartas: el Colectivo en Defensa del Medio Ambiente de Atacama encara al senador Prohens por sus nexos con la Asociación de Exportadores de Fruta mediante la Agrícola Doña Berta; las organizaciones sociales de la región de Los Ríos señalan el vínculo familiar de la senadora Von Baer con la empresa Semillas Baer ltda.; mientras que los firmantes de la región de O’Higgins muestran del senador García-Huidobro su participación en las sociedades agrícolas Santa Denise, Las Rosas y Viña Machalí.

Este tipo de situaciones invitan a revisar la forma en la que legislan y votan los parlamentarios: si es por aquello que piden sus representados, sus partidos o sus negocios.

Estado actual de los negocios

En abril pasado, el Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales (UDP) publicó un análisis de la participación en sociedades y acciones en empresas de los congresistas de ambas cámaras. Los resultados mostraron que en la Cámara Baja, el grupo más grande de diputados con al menos una sociedad o acción militaba en Chile Vamos. En la Cámara Alta, la proporción replicaba esa línea.

En el desglose de la información, de los 43 senadores que conforman la Cámara, 24 de ellos tienen participación en al menos una sociedad o poseen una acción. Los partidos que lideran el ranking de accionistas son dos: Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI). Sobre los rubros, los más recurrentes son: inmobiliaria, construcción y bienes raíces; inversiones, asesorías de gestión a empresas, rentas; y agrícola, ganadería.

El senador con más acciones o participación en empresas es el RN Rodrigo Galilea. De acuerdo a la investigación de la UDP, lo suyo es mayormente el rubro inmobiliario, aunque tiene parte en el sector agrícola con Agrícola y Comercial El Volcán S.A. Quien le sigue en el ranking de la Cámara Alta es el senador UDI Juan Antonio Coloma, con predilección por las acciones bancarias y el sector equino. Luego está Juan Castro, RN, quien por el TPP-11 podría verse complicado dada su participación en la el rubro farmacéutico (Kif Pharma) y la sociedad agrícola Santa Malva. Debajo de él, en el mismo ranking, está el excandidato presidencial y fundador de Evópoli, Felipe Kast, quien podría ser influido en su votación por sus participaciones agrícolas La Pangueada y Unamuno.

El siguiente en la lista de senadores es el mencionado Rafael Prohens, de RN, con inversiones agrícolas (Doña Berta ltda.). En la misma Cámara Alta le sigue (dentro de lo que incumbe al TPP-11) Alejandro García-Huidobro, con sus influencias en el sector agrícola, mencionado más arriba.

Tras haber revisado las declaraciones de patrimonio e intereses de todos los senadores, El Desconcierto también encontró vínculos del senador Alfonso de Urresti con el cultivo de frutas (Agrícola La Vega) y la elaboración y conservación de frutas (Sociedad Santa Eugenia); del senador Alejandro Guillier con la minería (pertenencias mineras en la VI región); y del precandidato presidencial por RN, Manuel José Ossandón, (agrícola Santa Ximena).

Pese a este escenario, las identificaciones sobre potenciales intereses son pasivas. En otras palabras, deben los senadores mismos, por propia voluntad, señalar que no pueden legislar en determinado tema (un ejemplo es el senador Felipe Harboe, quien en su declaración escribió que no puede legislar sobre cementos o derechos de los consumidores dado el vínculo laboral de su esposa con empresas de esos rubros).

Máquina débil

“Tengo acciones en una empresa, pero de las que no exportan, sino que son para consumo básico. No tengo razón para inhabilitarme. Mis acciones no tienen ninguna relevancia frente a un tratado de libre comercio. No tengo empresas grandes, son acciones muy pequeñas. Para cualquier votación, no tengo ningún conflicto de interés. Además, no tengo todavía la información sobre el proyecto (del TPP-11)”. Las palabras son del senador Juan Castro, quien respondió así frente al rol que asumirá cuando se vote el tratado.

La ambigüedad frente a la definición de conflicto de interés es, para el doctor en ciencia política y académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, el problema angular dentro de estos escenarios: “En primer lugar, la legislación es muy inadecuada o deficitaria respecto de los conflictos de interés, porque es voluntaria y no hay mecanismo de alerta que defina qué es conflicto de interés; segundo, muchas veces los congresistas no saben ni perciben que tienen conflicto de interés cuando tienen acción o acciones en empresas; y tercer lugar, no hay mecanismos de control efectivo de conflicto de interés”, explica.

Hay, además, otros puntos que reconoce Fuentes que hacen más frágil estos debates: primero, que por ley se puede participar del debate cuando hay conflicto de interés, pero no votar; y segundo, que son los mismos pares del comité de ética quienes revisan los casos y que pueden terminar en sanciones “que son muy bajas”.

Sobre lo mismo, la ley orgánica constitucional del Congreso señala en el artículo 5°B: “Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto”.

El senador y presidente de la comisión de Ética y Transparencia del Senado, Francisco Huenchumilla, cuenta que es ese artículo el que resuelven los conflictos: “Si algún senador estima que otro tiene conflicto de interés, puede pedir requerimiento a la comisión de Ética, pero (la comisión) no actúa de oficio porque no ve la declaración de intereses de cada senador”.

Sobre los efectos mismos que pudieran tener las cartas que le enviaron, Huenchumilla señala: “El reglamento no contempla que terceros pidan inhabilidades, porque sino podríamos dejar abierta la puerta para exigirlas”.

Para Claudio Fuentes, las soluciones, mientras no exista un órgano independiente que vele y revise todos los casos, son dos: “Que una acción de la sociedad civil organizada denuncie y explicite estos conflictos, y que eso tenga impacto, es decir, una sociedad civil activa; o con medios de comunicación con listas que muestren estos conflictos”.

source: El Desconcierto