México: signan pacto político por la Soberanía Alimentaria
5-6-08
México: signan pacto político por la Soberanía Alimentaria
Sara Galeote/Quadratín
MORELIA, Mich., 5 de junio de 2008.- Más de cincuenta organizaciones sindicales signaron este miércoles el Pacto Político por la Soberanía Alimentaria y Energética, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas en una convocatoria que lanzó en Michoacán el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) y a la que se dieron cita en la capital michoacana las principales fuerzas sindicales a nivel nacional, entre ellas la Confederación Nacional Campesina (CNC), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el Sindicato Nacional de Telefonistas, entre otros.
Durante su intervención los representantes de organizaciones sociales, campesinas, sindicales y populares, coincidieron en que a partir de dicho pacto se busca construir y consolidar el movimiento nacional por la soberanía alimentaria y energética, cuya alianza, dijeron, será permanente, plural y solidaria, capaz de articular propuestas e impulsar una nueva correlación de fuerzas que modifique la actual política económica neoliberal y que restituya la legalidad constitucional que genere las condiciones para democratizar el régimen político.
En el documento que signaron, se expone como parte de las actividades de los cuerpos adheridos a esta suma de trabajo, el modificar la política neoliberal de subordinación, dependencia y pérdida de Soberanía ante poderes externos, por otro modelo de desarrollo basado en los campesinos, trabajadores, empresas públicas y nacionales, utilizando la renta petrolera exclusivamente para el desarrollo nacional, que garantice el desarrollo humano, de crecimiento económico, la generación de empleos y la disminución de las desigualdades de todos los mexicanos.
Asimismo se impulsa la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) con la participación de las organizaciones campesinas; así como la expedición inmediata de un decreto presidencial o una ley para establecer un mecanismo de administración del comercio de maíz y frijol y la creación de una reserva estratégica de granos con los campesinos.
Además de pugnar por la defensa de la soberanía agroalimentaria, de los territorios campesinos e indígenas; reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación; aprobación de la Minuta de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional; creación de Fondos Compensatorios para el Trabajo Rural y Urbano e instalación del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y la Junta Permanente de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.
De igual forma las organizaciones se darán a la tarea de defender la propiedad social de la tierra y aguas nacionales en ejidos y comunidades, como patrimonio de las familias campesinas. Modificar la contrarreforma al Artículo 27 Constitucional restituyendo a los campesinos el derecho a la tierra como un derecho al trabajo. Reconocer las actividades que desarrollan las organizaciones campesinas como de interés público; exigimos la modificación de las políticas públicas y nuestra participación en el diseño, ejecución y evaluación de las mismas, y en el presupuesto federal del sector rural mediante una reforma institucional que evite el manejo corporativo, clientelar y electoral de los programas e incluya como destinatarios y sujetos de desarrollo a la clase campesina aunado a la ratificación y cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo.
Entre otras cosas, en el acuerdo se establece la defensa de la economía popular; el fortalecer el mercado interno con la creación de empleos estables y bien remunerados; combatir la carestía por medio del control de precios de la canasta básica; impulsar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios incrementando su participación en el ingreso nacional; además de exigir el rediseño de políticas de desarrollo social que superen la visión asistencialista.
Añaden la defensa de los derechos laborales adquiridos; de la contratación colectiva auténtica con democracia e independencia sindical; del derecho de huelga; del derecho a jubilaciones y pensiones dignas y de la seguridad social universal. Rechazo a la nueva Ley del ISSSTE.
Paralelamente se pronunciaron por rechazar la ASPAN y la Iniciativa Mérida, que promueven, dijeron, el estado de excepción y la militarización.
Finalmente se manifestaron como un solo movimiento con demandas integrales, que solicitan la interlocución con los titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo federales y con los Gobiernos de las Entidades Federativas.
Cabe señalar que hasta el momento entre las organizaciones que signaron el pacto, se encuentran además de la CNC y el SME; el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas; la Central Campesina Independiente; Unión Campesina Democrática, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Coalición Ciudadana Nacional, miembros del Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la Educación Superior, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, el Frente Sindical Mexicano, entre otros.
