Acuerdo Mercosur-UE facilitaría los flujos financieros ilícitos, según estudio
All the versions of this article: [English] [Español]
La Diaria | 13 de diciembre de 2018
Acuerdo Mercosur-UE facilitaría los flujos financieros ilícitos, según estudio
por Natalia Uval
Informe encargado por la izquierda europea también analiza la riqueza offshore de ambos bloques.
Los equipos técnicos del Mercosur y de la Unión Europea (UE) concluyen hoy, en Montevideo, una nueva ronda de negociación para la firma de un acuerdo de libre comercio. El viernes, en Buenos Aires, el ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Danilo Astori, expresó sus dudas sobre el desenlace de las conversaciones, que, con intermitencias, ya llevan 20 años. “No le veo salida clara”, hay “problemas importantes para llegar a un acuerdo”, confesó Astori a los periodistas presentes en la residencia del embajador uruguayo, donde se realizó un foro de promoción de inversiones, según informó la agencia argentina Télam. El ministro dijo que “en muchos casos” el Mercosur no se ha “puesto de acuerdo sobre qué propuestas llevar adelante”. Como ejemplo, mencionó que recientemente Brasil hizo una propuesta para el mercado de productos lácteos que para Uruguay era “inaceptable”.
En este marco, la semana pasada se difundió un informe sobre el eventual impacto de un acuerdo de libre comercio Mercosur-UE en el sector financiero, y en particular, en los flujos financieros ilícitos (FFI). El estudio fue encargado por Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, que nuclea a legisladores de 14 estados de la Unión Europea, y fue hecho por dos economistas argentinos, Martín Burgos y Verónica Grondona, y por una investigadora especializada en delitos financieros del mismo país, Magdalena Rúa. Las negociaciones entre los dos bloques son reservadas y la información oficial es escasa; el informe toma los borradores filtrados difundidos por el sitio bilaterals.org sobre movimientos de capital, servicios, servicios financieros y comercio electrónico que corresponden a la ronda de negociación de junio de este año.
El estudio concluye que el acuerdo podría alentar el lavado de activos, la evasión impositiva y los FFI, que define como flujos de dinero que tienen un origen o un destino ilícito (por ejemplo, evasión fiscal, coimas, corrupción, trata de personas, tráfico de drogas y financiamiento del terrorismo). Señala que los capítulos negociados no contemplan mecanismos para prevenir la evasión impositiva y que son “muy porosos” en términos de regulación fiscal y financiera.
Si bien el capítulo sobre servicios financieros del acuerdo contempla medidas de supervisión para garantizar la estabilidad del sistema financiero, el texto establece que estas medidas “no deberán ser más gravosas de lo necesario y no deberán discriminar” entre inversores.
El capítulo sobre movimientos de capital, en tanto, determina, a juicio de los autores del estudio, que las herramientas de control de capitales establecidas en los países del Mercosur “deberán flexibilizarse para garantizar el libre movimiento de capital y la entrada y salida de inversión extranjera”. Además, el capítulo señala que las partes no podrán aplicar ninguna regulación, incluida la regulación antilavado y de combate al terrorismo, de una forma discriminatoria.
Riqueza offshore y FFI
Según el indicador de Posición de Inversión Internacional (PII), los países del Mercosur poseían en 2017 una riqueza privada offshore superior a 853,7 billones de dólares, lo que representa cerca de 18,7% del Producto Interno Bruto (PIB) de esos países en conjunto. En tanto, la riqueza privada offshore de los países de la UE representaba en 2017 350% de su PIB; en ese bloque hay países como Luxemburgo, cuya riqueza offshore representa 20.185% de su PIB. En Uruguay, la riqueza offshore representó en 2017 69,3% de su PIB y más del doble del gasto público.
Por otra parte, el informe señala que Uruguay se caracteriza por su “avanzada industria” de “estudios contables y jurídicos que asisten a las familias más ricas de Argentina y que reciben grandes cantidades de flujos financieros desde este país”. Sostiene que pese a los avances de los últimos años, Uruguay “mantiene flexibilidad regulatoria en términos de transferencias de capital” y existen “brechas en su legislación comercial que permiten la evasión impositiva y el lavado de activos”.
En cuanto a los FFI, el índice del centro de estudios Integridad Financiera Global calcula que el monto promedio de los flujos entre 2004 y 2013 fue de 6,3 billones desde dólares en Argentina, 21,9 billones desde Brasil, 3,6 billones desde Paraguay y 0,8 billones desde Uruguay.
El estudio concluye que un acuerdo de libre comercio en las condiciones actuales sería “altamente destructivo”, ya que restringiría los controles a los capitales y liberalizaría los servicios financieros de carácter especulativo. Por tanto, los investigadores recomiendan que se incluya en el acuerdo provisiones para combatir la evasión impositiva, los FFI y el lavado de activos. Por ejemplo, una disposición que establezca que si un país incumple con la normativa internacional sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el otro bloque podrá limitar la liberalización de los servicios financieros. Además, entienden que deberían incluirse disposiciones de cooperación impositiva y de intercambio de información. Asimismo, señalan que la efectividad del intercambio automático de información financiera e impositiva depende de la creación de registros públicos de beneficiarios finales de las empresas, ya que, de lo contrario, se afecta la credibilidad de la información financiera que se intercambia.
