TLC contradice acuerdo internacional sobre salud

Vinicio Chacón, 14-3-07

Así lo señala el llamado Informe Waxman, elaborado por una comisión del congresista demócrata estadounidense Henry Waxman y fechado en junio del 2005.
En sus conclusiones, el informe destaca que acuerdos comerciales como el TLC "puede que ofrezcan ventajas a las compañías farmacéuticas multinacionales, y lo hacen a un serio costo para la salud pública en los países en vías de desarrollo".
Precisamente esas multinacionales farmacéuticas, a través de la Asociación de Fabricantes e Investigadores de la Industria Farmacéutica de Estados Unidos (PhRMA por sus siglas en inglés), presentaron el pasado 7 de febrero una petición formal ante la Representante Comercial de Estados Unidos, en la que solicitan la imposición de sanciones comerciales contra Costa Rica, pues aún no aplica las normas de protección a las patentes sobre medicamentos contenidas en el TLC.
PhRMA alega que la no aplicación de las disposiciones contenidas en el polémico tratado, han significado que sus empresas hayan dejado de ganar $112,352.000, (¢58.499.439.360 al tipo de cambio de ¢520,68)), entre enero y setiembre del año pasado en Centroamérica.

Vale la pena recordar que la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Unión de Empleados de la Caja (UNDECA) y el Partido Frente Amplio recientemente denunciaron un posible conflicto de intereses ante el hecho de que la diputada y jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) María de los Ángeles Antillón vote el TLC; pues su esposo, el abogado Luis Pal Hegedus, trabaja el tema de propiedad intelectual y la representación de varias casas farmacéuticas multinacionales en el país, entre ellas la Pfizer, la más grande del mundo. (Ver UNIVERSIDAD No. 1701 del 22 de febrero).

DOHA

En noviembre del 2001 se realizó la IV Cumbre Ministerial de la OMC, en Doha, Qatar. Allí una coalición de países africanos solicitó a la OMC que reconsiderara la relación entre la salud pública y el acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio (ADPIC), la protección de marcas, derechos reservados y patentes, que defienden las multinacionales farmacéuticas.
Así, emergió la Declaración de Doha sobre el Acuerdo ADPIC y la Salud Pública, firmada por 142 países y que señala: "el Acuerdo ADPIC no impide y no debe impedir que los Miembros tomen medidas para proteger la salud pública".

Es precisamente en esto que se sustenta el Informe Waxman para decir que el TLC entre EE.UU. y Centroamérica "socava" las protecciones básicas de la Declaración de Doha debido a que "los negociadores comerciales de la Administración Bush repetidamente han presionado a los países en vías de desarrollo para que se priven de sus derechos bajo la Declaración de Doha y adopten parámetros de propiedad intelectual que impiden el acceso a medicamentos esenciales", destaca.
En particular, el documento explicita que el TLC retrasa la aprobación de genéricos, pues requiere al menos cinco años de exclusividad en el mercado para los fármacos de marca, período que corre a partir del momento en que el medicamento sea aprobado y registrado en cada país.

Así, aún cuando haya vencido la patente, países como Costa Rica tendrán que darle exclusividad del mercado al medicamento de marca. Actualmente, la sola expiración de la patente faculta la introducción de genéricos.

El Informe Waxman subraya que las consecuencias de estas disposiciones del TLC son "el exacto opuesto de lo buscado en la Declaración de Doha" y explica que los fabricantes de medicamentos de marca típicamente buscan la aprobación de sus productos en los Estados Unidos antes de hacerlo en países como los subdesarrollados".

Añade el documento que el período de exclusividad en el mercado a menudo expira primero en los Estados Unidos, lo que implicará un "resultado perverso para los países en vías de desarrollo, que tienen la mayor necesidad de medicamentos más baratos y son los que más tendrán que esperar por ellos".

Otro elemento del TLC señalado como violatorio de la Declaración de Doha es el de las extensiones obligatorias de patentes, pues aumenta el tiempo de espera por medicamentos genéricos al ampliar el plazo de las patentes en aras de compensar atrasos en el proceso de aprobación, según lo señala en su Capítulo 15.

Sobre este tema se intentó conocer la opinión de Marco Vinicio Ruiz, jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), pero al cierre de edición aún no había enviado respuesta al cuestionamiento que se le remitió vía oficina de prensa.

VA MAS ALLÁ

Por su parte, Román Macaya, Director Ejecutivo de la Cámara Nacional de Productos Genéricos (CANAPROGE), coincidió en que el TLC "cierra las puertas de la Declaración de Doha, lo más grave es que excede la legislación de Estados Unidos, que establece reglas que se le imponen a Centroamérica que no se aplican en ese país".

Macaya recordó que existe una carta paralela al TLC que supuestamente protege los derechos en materia de acceso a la salud señalados, "pero la diputada Janina Del Vecchio dice que las cartas paralelas no son parte del TLC y no son incluidas en lo que actualmente consideran los diputados".

Álvaro Camacho, presidente de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), mostró preocupación ante el hecho de que el país no está jurídicamente preparado para defenderse ante el panorama que proyecta la aprobación del TLC.
Específicamente, Camacho explicó que "en tanto no se fortalezca la Oficina de Patentes y no se normalice todo el sistema de procedimientos para concederlas, éste quedaría bajo un marco mucho más anárquico, incluso permitiría que se den prórrogas que el país no tiene por qué dar, hay que cerrar ese portillo", puntualizó.

Para Camacho, el no corregir esas carencias legales puede llevar al país a una situación en la que "será muy difícil no sólo la producción de genéricos, sino su importación, porque el TLC promociona monopolios de las multinacionales en medicamentos y agroquímicos".

Sin embargo, informó que ASIFAN ha mantenido numerosos contactos con diversos funcionarios de la administración Arias. "El gobierno ha manifestado ser consciente de esta situación y lo idóneo es que sean consecuentes para que el país tenga garantizadas esas reformas, que para ser eficaces deben ser hechas previa ratificación del TLC o de manera simultánea, pero no después; si no se hace así, el impacto será devastador".

Sobre el reclamo de los $112,352,000 hecho por PhRMA, Camacho lo consideró una "aseveración muy especulativa" por parte de las multinacionales farmacéuticas y estimó que no existe violación alguna a las leyes de propiedad intelectual.
Más tajante al respecto fue Macaya, quien sentenció que dicha demanda "demuestra que todo esto sí tiene impacto, los mismos titulares de los monopolios farmacéuticos están diciendo que sus ganancias aumentarán a más $100 millones, a costa de la gente".

El representante de CANAPROGE recordó que se trata de un cabildeo muy agresivo, que "vía OMC llegaron hasta donde pudieron y ahora siguen con los tratados comerciales".

Denunció que la situación empeora después de que los países ratifican los tratados comerciales porque las multinacionales establecen un "CAFTA PLUS", que consiste en seguir negociando por medio de "la embajada estadounidense y otras vías, en busca de condiciones que protejan sus monopolios por encima de la salud pública".
Macaya manifestó con firmeza que "la industria multinacional farmacéutica sigue un modelo de negocio basado en el monopolio, en este caso, de productos de vida o muerte. Nunca han titubeado en subir los precios de los medicamentos, aún si ello implica que muera gente".

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