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Tom Kucharz: “Apostar por la reindustrialización y los acuerdos comerciales es incompatible”

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Por María F. Sánchez | 17-7-20

Tom Kucharz: “Apostar por la reindustrialización y los acuerdos comerciales es incompatible”

Entrevista al experto en política internacional y militante de Ecologistas en Acción sobre los acuerdos comerciales que negocia la UE.

Uno de los objetivos del Gobierno de coalición, que ha quedado reflejado en el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España, es la reindustrialización de nuestro país. Mientras se traza esa meta, la Unión Europea sigue adelante con varios tratados de comercio como el de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), México o el de Vietnam, que contemplan importaciones de materias primas y productos a bajo coste, por debajo del precio de producción en Europa. Hay voces que llevan años denunciando el impacto negativo de estos acuerdos internacionales en la salud, el medioambiente, el empleo y la soberanía económica y alimentaria de todos los países implicados. Una de las voces es la del experto en estas políticas internacionales y en la Unión Europea Tom Kucharz, militante de Ecologistas en Acción, quien advierte en esta entrevista con cuartopoder que durante la pandemia y a las puertas de una crisis alimentaria, la apuesta por el comercio internacional sigue redoblándose, como si no hubiésemos aprendido las lecciones de la crisis anterior.

– El dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica aborda, por insistencia del Gobierno de coalición, la reindustrialización de España. ¿Los tratados de libre comercio que se están alcanzando en la UE permitirían esta transformación?

– El dictamen de la Comisión de Reconstrucción plantea que haya una reindustrialización, pero al mismo tiempo se apuesta por más acuerdos comerciales y la internacionalización como palanca para la recuperación económica. A mí me parece incompatible. La eliminación de los controles sobre el capital y la liberalización del comercio y los servicios generan grandes desequilibrios y facilitan la especulación. El resultado es el cierre de empresas como muestran los ejemplos de Nissan o Alcoa. El Gobierno pretende salvar la agenda comercial de la Unión Europea insertando cada vez más empresas, actividades y empleos en las cadenas mundiales de suministro. La historia reciente de la globalización capitalista nos ha demostrado que la deslocalización ha supuesto unas cadenas de producción y suministro muy frágiles, en manos de grandes empresas, responsables de injusticia social, cambio climático y violaciones de los Derechos Humanos. Todo esto en un momento en que el derecho internacional de comercio e inversión reduce el poder regulador de las autoridades públicas y protege sólo los intereses de los inversores.

Si vemos como hemos sufrido esta globalización con la pandemia de la covid-19, este dictamen no parece una respuesta. Vuelve a reiterar políticas económicas que son responsables por la crisis multidimensional: la económica, social y la ambiental. Tampoco se han tomado las lecciones adecuadas de la anterior crisis, de la que también se salió diciendo que se necesita más comercio internacional y mas crecimiento económico. Que un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos vuelva a plantear lo mismo es decepcionante y poco valiente . “Relocalización” se menciona una sola vez. Por otro lado, nadie en el Gobierno quiere meterse con las empresas farmacéuticas aunque, si hablamos de reindustrialización, también habría que quitarles poder a ellas. Habría que desprivatizar y producir material sanitario sin ánimo de lucro. Está muy bien que aumentemos la inversión pública en la investigación de la vacuna contra la COVID-19. Pero un problema de fondo es que España no tiene capacidad de producir vacunas masivamente. Además, España debería apoyar a la OMS para garantizar un acceso universal a la vacuna, sin patentes a empresas privadas.

– Sostienes que los tratados de comercio internacional son incluso perjudiciales para nuestra salud en tiempos de pandemia por la covid-19. ¿Por qué?

– Primero porque las actuales normas internacionales de comercio e inversión y los tratados negociados en secreto que de ellas derivan, han facilitado el desmantelamiento y la privatización de servicios públicos como la sanidad. Segundo, el comercio internacional nos hace mas vulnerables. En la pandemia hemos visto que faltaban productos médicos. Se ha puesto de manifiesto la dependencia de la UE de las importaciones y que gran parte del material sanitario, como guantes mascarillas, medicamentos o respiradores, viene de China, Suiza, Estados Unidos o la India. Un ejemplo: un ventilador respiratorio requiere más de 900 piezas de todo el mundo. Es insostenible. Tercero, las políticas comerciales han facilitado a las grandes empresas farmacéuticas la protección de la propiedad intelectual, lo que ha incrementado el precio de los medicamentos. Se lleva mucho tiempo trabajando para eliminar las patentes y garantizar el medicamento a cualquier persona que lo necesite.

Cuarto porque la economía mundial está basada en el comercio internacional, que depende fuertemente de recursos cuya extracción insostenible destruye los ecosistemas y la biodiversidad que son la barrera natura para frenar la trasmisión de enfermedades de animales o humanos. El comercio internacional es responsable del 30% de emisiones de gases de efecto invernadero y el 68% de la extracción de materias primas. Ambos problemas, junto a la expansión de la agricultura industrial y la deforestación, aumentan la transmisión de enfermedades de animales a humanos, como señala el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y en un panorama más completo, el 80% de las importaciones a la UE son materias primas, medios de producción y componentes directamente vinculadas al extractivismo en África, el Sudeste Asiático y América Latina. Es muy incoherente lamentar por un lado la destrucción de bosques tropicales y, por otro, seguir impulsando un modelo económico basado en la extracción de recursos naturales que sufren otros pueblos en otros lugares.

Las instituciones internacionales como el Banco Mundial han invertido muchísimo dinero en la construcción de macrogranjas de animales que están muy vinculadas a las cadenas de transmisión de enfermedades o en la mutación de virus.

– Ha pasado un año desde el anuncio del acuerdo comercia UE-Mercosur en la cumbre del G20 con una foto de Merkel, Sánchez y Bolsonaro y Macri. ¿Qué ha pasado desde entonces?

– Para empezar estamos ante una nueva crisis económica mundial sin precedentes. Una situación extrema y una necropolítica de Bolsonaro en Brasil. En Argentina ya no está Macri y gobierna Alberto Fernández. Cada vez más parlamentos y actores sociales rechazan el acuerdo. La falta de transparencia y de procesos democráticos hacen que no sepamos lo que ha cambiado en el texto del tratado desde el año pasado. Recientemente, Phil Hogan, comisario de Comercio de la UE, dijo que ya habían terminado la revisión legal y que van a empezar a traducir el acuerdo a los diferentes idiomas de la UE. Estaría listo para ser ratificado en el mes de octubre. Si los estados miembros lo ratificaran tendría que pasar por el Parlamento Europeo, podrían pasar otros seis meses y si lo autoriza luego tendría que pasar por todos los parlamentos nacionales para aprobarlo. Pero como sabemos de experiencias anteriores, solo con que el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo den luz verde ya podría entrar en aplicación provisional, sin esperar a los parlamentos.

– ¿Cuál es el nivel de aceptación al acuerdo UE-Mercosur entre los países miembro?

– Los parlamentos de Austria, Valonia y recientemente Países Bajos rechazaron el acuerdo. Esto significa de que por lo menos en tres estados de la UE podría haber un posible rechazo a dar su visto bueno en el Consejo de la UE en octubre y -en principio- tendría que haber unanimidad. El Gobierno francés también ha expresado claras críticas. Hay parlamentarios dentro del partido Macron contra este acuerdo por los impactos que tendría sobre el sector ganadero y agrícola en Francia, entre otras muchas otras razones. La sociedad francesa y también una mayoría parlamentaria estaría en contra de este acuerdo. Entre los gobiernos más favorables al acuerdo están los de Alemania, España y los países escandinavos. En medio de la pandemia cerraron el capítulo político y de cooperación, que se ha hecho sin ninguna consulta a las ONG de cooperación y organizaciones de derechos humanos. Es intolerable que el Gobierno español guarde silencio sobre las violaciones a los derechos humanos y la política genocida de Bolsonaro contra la población indígena y negra, o la política de deforestación del ejecutivo brasileño.

– ¿Qué impactos negativos puede tener el acuerdo UE-Mercosur?

– Ya existe un comercio entre los países del Mercosur y la UE que tiene graves impactos socio-ambientales. Por ejemplo, la UE importa soja de los países del Mercosur y también muchos productos minerales, caña de azúcar, carne... Todos estos sectores de la agroindustria y del extractivismo están muy vinculados a problemas como la violencia, la deforestación, la pérdida de fertilidad de suelo, la contaminación del agua, el desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas, el robo de tierras, el impacto en la salud de quienes viven en los monocultivos de soja... En Brasil, ademas de la deforestación en la Amazonía, se están destruyendo los pastizales del Cerrado, un ecosistema muy importante, para expandir las plantaciones de soja. La gran amenaza del acuerdo comercial es múltiple. En los países del Mercosur se perderían empleos industriales, aumentarían las violaciones de derechos humanos y se agudizaría la destrucción del medio ambiente y la crisis climática. Se afectaría gravemente a la biodiversidad lo que incrementa la transmisión de enfermedades de animales a seres humanos. En Europa habría una perdida de puestos de trabajo en el mundo rural y la precarización en la industria y los servicios. Otro impacto que podría producirse es la aceleración de la crisis alimentaria, prevista tras la pandemia, por el aumento de precios y la falta de disponibilidad de alimentos. Seria absolutamente inadmisible que la mayoría parlamentaria estuviera a favor de este acuerdo.

– El 1 de agosto entrará en vigor el acuerdo comercial de la UE-Vietnam. ¿Qué consecuencias negativas puede tener?

– En primer lugar esta contradiciendo al Pacto Verde Europeo que la Comisión Europea anuncio a bombo y platillo. En general podemos observar que durante la negociación la industria de los servicios ha hecho mucho lobby porque esperan grandes negocios con la privatización de servicios públicos: el turístico, la salud, el transporte, la electricidad... La situación de los Derechos Humanos en Vietnam es preocupante, por la represión contra la disidencia y la lucha sindical. En noviembre de 2019 un periodista independiente fue arrestado por criticar el acuerdo comercial. Pero no es el único problema, el contenido del acuerdo tiene muchísimos peligros. Uno de ellos es el tema de las protección de las inversiones, que incluye derechos especiales para los inversores y los los tribunales privados de arbitraje. Es algo muy similar que hemos denunciado de otros acuerdos, cláusulas que impiden a los gobiernos realizar políticas ambientales o sociales. Por último, diría que el acuerdo azota los derechos laborales porque Vietnam es el gran exportador de productos textiles, calzados y electrónica, pero las condiciones laborales de las maquilas son tremendas. Hay múltiples protestas sindicales por las condiciones laborales tan nefastas.

El acuerdo Vietnam-UE muestra una vez más que no importa la crisis ambiental ni los derechos humanos y ponen las ganancias de las corporaciones sobre la vida de las personas. No contiene ni siquiera una cláusula vinculante sobre el Acuerdo de París. Es bastante incoherente que al mismo tiempo que el Gobierno español declara la emergencia climática, ratifique un acuerdo comercial que va en la vía contraria a frenar la crisis climática. No tiene un capítulo vinculante de desarrollo sostenible, no tiene garantías para cumplir el principio de precaución y, sobre todo, no hace obligatorio la ratificación de convenios fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo (OIT).

– ¿Qué actores son responsables del comercio, y por lo tanto, del cambio de la política comercial en Europa como en España?

– El actor fundamental es la Comisión Europea, que negocia los acuerdos comerciales. Más concretamente la Dirección General de Comercio. Tanto por la opacidad, como la falta democrática de mecanismos de consulta y la influencia enorme que tiene el poder corporativo en Bruselas llevamos tiempo exigiendo una reforma de la política comercial. Luego tiene mucha responsabilidad el Consejo de la UE, que son los gobiernos y los funcionarios que están en la representación permanente ante la UE. Aprueban los mandatos de negociación. Ejercen su influencia a través del Comité de Política Comercial que marca las negociaciones y la política comercial en general. El Parlamento Europeo juega un papel subordinado. Solo puede decir sí o no. En España, es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que tiene las competencias en la materia. Su gestión a favor de las multinacionales se nota también en otros departamentos. También el Ministerio de Asuntos Exteriores que a través de la ministra, la Secretaria de Estado de “España Global”, los contactos de la Casa Real y las embajadas implementa la “diplomacia comercial” a favor del Ibex35.

Luego hay un sin fin de fundaciones, grupos de lobby empresariales o cámaras de comercio actuando. Es una forma muy opaca y muy anti-democrática. El Congreso podría y deberían jugar un papel decisivo. Pero falta voluntad. Tanto Bruselas como Madrid están infectados por el virus del mal llamado “libre comercio”. Una de las estrategias del PSOE para blanquear la política neoliberal de la Comisión Europea, es incluir menciones a los Derechos Humanos y el cambio climático en los capítulos de desarrollo sostenible de los tratados comerciales, pero que no son vinculantes y ni hay sanciones en caso de incumplimiento. De hecho, la grave crisis de los derechos humanos, el feminicidio y los impactos al medio ambiente del acuerdo comercial UE y México, en vigor desde 2000 y con una clausula democrática, no llevaron a interrumpirlo. Es un ejemplo de que estos capítulos no sirven.

– La nueva presidenta de la Comisión Europea apuesta por el Pacto Verde por el Clima. La Comisión Europea ha anunciado una consulta pública y una nueva comunicación sobre política comercial. ¿Cuál crees que es la intención de la consulta?

– En las 47 medidas del Pacto Verde Europeo a, sólo hay una mención a la política comercial, el mecanismo de ajuste en frontera vinculado al carbono. El Pacto Verde no sirve de mucho si sigue basado en la premisa del crecimiento económico y si no se cambia la política comercial. La Comisión Europea ha dicho que va a realizar una revisión, pero veo que el marco de la consulta no tiene nada sustancialmente nuevo. Apuestan por mas comercio como salida de esta crisis. Ni siquiera incluye sus propias estrategias de protección a la biodiversidad ni la política agraria ”De la granja a la mesa”. Vemos que apuesta por más liberalización después de la covid-19, incluso la UE quiere negociar un acuerdo sobre material sanitario y farmacéutico en la Organización Mundial del Comercio, lo cual daría más poder a las grandes empresas de este campo. Pero sí vemos unas diferencias muy leves en la UE. Por ejemplo en Francia hay un debate más amplio sobre la relocalización de la producción. En el caso del acuerdo con Mercosur se nota diferentes prioridades entre los países que dependen más de las exportaciones como Alemania y países como Francia que recibiría mas carne, soja o caña de azúcar con precios inferiores a los precios de producción local. Con ello se eliminarían miles de puestos de trabajo.

– ¿Hay alguna posibilidad para que se tome conciencia en Europa y en España, a las puertas de otra crisis, de los impactos negativos del comercio internacional? Da la impresión de que la sociedad civil estaba más movilizada contra el CETA y el TTIP que ahora.

– Las reivindicaciones de las movilizaciones contra TTIP y CETA siguen vivas y vigentes. Hoy, la sociedad es mucho más sensible y consciente de la importancia de los cuidados, la sanidad pública o la biodiversidad para prevenir futuras pandemias. Creo que hay una enorme oportunidad de descarrilar el acuerdo UE-Mercosur. El Congreso de los Diputados debería seguir el ejemplo de los parlamentos austriaco, valón y holandés y votar una resolución en contra del acuerdo comercial. La ONU ha dicho que deberíamos reducir un 7,6% anual las emisiones totales de gases de efecto invernadero y eso requiere que se reduzca el comercio internacional. Empezando por no comercializar ni armas ni mercancías que aceleren el cambio climático como los combustibles fósiles, el aceite de palma, o la soja. Paralizar cualquier acuerdo comercial que impida lograr reducir las emisiones. Y no seguir negociando nuevos acuerdos con Nueva Zelanda, Australia, Indonesia... Porque no mejora la vida ni en otros países ni aquí, solo genera beneficios a las grandes multinacionales. Hay una gran sensibilidad ante la crisis climática para movilizarnos, para presionar al parlamento, al Gobierno...

El parlamento debería tener una comisión de análisis y de evaluación de los impactos de la política comercial en la industria, en la agricultura, en el cambio climático, etc. Para que la nueva normalidad no se parezca a la vieja debemos impedir políticas que favorecen únicamente a las élites del poder económico y financiero. Y para eso nos tenemos que organizar, movilizarnos y cambiar las reglas del juego. A medio plazo hay que relocalizar la producción. Lo que significa pasar página de una política comercial basada en el dumping social, fiscal y ecológico. Hoy sabemos que la salud es más importante que la rentabilidad económica y financiera.


 source: Cuarto Poder